PROYECTO DE LEY DEL INFO GOBIERNO GENERA DEBATE SOBRE DOS MODELOS DE DESARROLLO (I)

Aprincipios de semana la prensa reseñó el enfrentamiento entre el diputado Luis Tascón, presidente de la Subcomisión de Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional, y el ex ministro de Planificación, Felipe Pérez, miembro de Solve (Sociedad Venezolana del Software Libre). Tal acontecimiento se veía venir desde hace algún tiempo; las posturas antagónicas tomadas por ambos miembros del oficialismo en relación con el proyecto de Ley de Tecnologías de la Información daban pie a este acontecimiento que provocó la expulsión de Felipe Pérez de las mesas de discusión.

Este texto legal, también conocido como ley de Info Gobierno, tiene en su artículo 75 la manzana de la discordia. En el proyecto se coloca como condición sine qua non que el Estado debe utilizar el software libre como solución al pago de licencias y como garantía de soberanía tecnológica, pues se facilita el acceso al código fuente del programa.

Si bien no existe fecha exacta del inicio de la discusión, se podría decir que todo esto comenzó luego de publicado el decreto presidencial 3390, en el cual el Ejecutivo nacional ordenó que toda la administración pública debería migrar en un lapso de 24 meses a sistemas operativos abiertos, mejor conocidos en el país como Software Libre.

La decisión puso al país en el plano de una discusión y una lucha entre dos modelos de desarrollo de la industria mundial de los programas de computación. Por una parte, el modelo que protege el derecho de autor, bajo la metodología de licencias de uso, y el otro, que le permite a los desarrolladores de software tener acceso al código fuente, es decir, la llave y el manual de uso de la Caja de Pandora.

Más allá de Tascón y Pérez, el mundo ha venido apreciando una lucha entre grandes corporaciones globales, unas como Microsoft, que defienden el software propietario (licenciado), y otras como IBM y Novell, entre otras, que han apostado parte de su experiencia para impulsar comunidades de software libre en todo el planeta.

Desde hace varios meses Últimas Noticias ha venido investigando sobre el tema. Ante la cercanía del inicio de la segunda discusión del proyecto de Ley de Tecnologías de la Información en sesión plenaria de la Asamblea Nacional, se decidió comenzar a dar a conocer los resultados de tal trabajo.

Ni dios ni el diablo. Estos enfrentamientos, lejos de generar guerras a muerte, han traído beneficios para la sociedad.

Quienes no desean perder sus espacios han potenciado planes a largo plazo para estimular el acceso a las tecnologías de la información a toda la población. Por otra parte, los que desean abarcar nuevos terrenos han apostado a la reducción de precios de computadoras para que en ellas haya una de las versiones de los sistemas operativos libres que promueven.

Más allá de ese acceso, existen otros sectores que están atentos, sobre todo en lo referente al desarrollo de la industria nacional de software.

Hay factores que van más allá de una soberana intención por desarrollar nuestra economía. Para que un software sea rentable son necesarias las economías de escala, es decir, aquéllas que no sólo dependen de lo que se pueda vender o soportar en algún país, en especial en mercados pequeños como el venezolano. Ejemplos existen varios; India podría ser el más expresivo.

Esta nación es uno de los primeros productores mundiales de programas de computación, además de tener un apabullante mercado interno. Otro lo tenemos más cerca:
Brasil, que tiene ingresos anuales que superan los 200 millones de dólares en exportación de software. Todos éstos comercializados bajo la venta de licencias de uso.

Claro está, también existen empresarios que han visto en las aplicaciones libres la solución a problemas, sobre todo aquéllos que pagan miles de dólares para la instalación de programas en un reducido número de equipos.

Compromiso. La complejidad del tema nos compromete a desarrollarlo a profundidad.

La intención es que al final sean ustedes, los lectores, quienes decidan qué postura es la más segura para el país. Aparte de los intereses o puntos de vista, el hecho de que se esté generando una discusión de este tipo es positivo. Se denota el interés del Estado por el desarrollo de la tecnología hecha en casa, capaz de resolver nuestros problemas y, por qué no decirlo, los de otras sociedades.

Independientemente de la diatriba política, los lectores deben tener claro qué se discute y qué consecuencias tendrán los resultados de tales disputas en la evolución de nuestra tecnología.

En varias entregas, aún no numeradas, conoceremos las diferentes posiciones sobre el software libre y la soberanía tecnológica.

Empresarios, académicos, desarrolladores, funcionarios públicos y políticos fijarán sus posiciones y detallarán su visión sobre una industria de software soberana. La intención es que al final haya un solo ganador:
el país.


CONTACTO
A partir de la próxima entrega el correo electrónico encriollo@gmail.com podrá ser utilizado para que ustedes emitan sus opiniones sobre el tema del software libre. Se habilitará una columna para que sus distintos puntos de vista aparezcan publicados; por favor pedimos colocar nombres y dirección de correo para responder las preguntas que se puedan generar.


A SABER
# En la AN existe una Comisión Permanente de Ciencia, Tecnología y Comunicación Social. Esta Comisión está presidida por Rodolfo Sanz, del PPT.

# La Comisión, a su vez, tiene tres subcomisiones:

1.- Subcomisión de Medios ; 2. Subcomisión de Telecomunicaciones, y 3. Subcomisión de Ciencia y Tecnología.

# Luis Tascón es el presidente de la Subcomisión de Ciencia y Tecnología, aunque en la ficha de la web de la AN (www.asambleanacional.

org.ve) no aparecen sus integrantes. Lo curioso es que en todas las reseñas periodísticas Tascón aparece como el presidente de la Comisión y no de la Subcomisión.

# El camino del proyecto, entonces, tiene tres alcabalas: primero la Subcomisión, que ensamblará la ley y presentará el proyecto.

Segundo, la Comisión, que también deberá discutir el proyecto. Tercero, la plenaria, que finalmente es la que le dará el visto bueno o no.

# Artículo 75 Los órganos y entes del Poder Público deberán utilizar preferente y prioritariamente en sus sistemas de tecnologías de información los programas y aplicaciones informáticos cuyas licencias o contratos garanticen de manera irrevocable al usuario acceso al código fuente del programa; a ejecutarlo con cualquier propósito; modificarlo y redistribuir tanto el programa original como sus modificaciones en las mismas condiciones de licenciamiento acordadas al programa original, sin tener que pagar regalías a los desarrolladores previos.