Caracas, 20 Sep. ABN (Daniel Márquez).- La recuperación de tierras del Estado usufructuadas ilegalmente por particulares ha estado en el tapete, sobre todo últimamente, a raíz de la toma del hato La Marqueseña, del cual el Instituto Nacional de Tierras (Inti) pudo determinar que la cadena titulativa corresponde a baldíos del Estado y que fue un sobrino del Marqués del Pumar quien, por último, tuvo en sus manos estas tierras sin ningún documento de registro de propiedad.

El hato La Marqueseña, ubicado en el estado Barinas, cuenta con una extensión de 8 mil 490 hectáreas y fue determinado latifundio, según estudios técnicos, debido a que su productividad se encuentra por debajo de 80% del rendimiento idóneo, tal y como lo establece la ley.

Aunado a la recuperación de tierras de la Nación, el proceso de intervención en agroindustrias improductivas para su reactivación es también apoyado plenamente por las comunidades organizadas quienes tienen la oportunidad de participar bajo el sistema de cogestión impulsado por el Ejecutivo.

Por tal motivo, es necesario recordar que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aprobada en consulta popular en 1999, establece en su artículo 115 que “se garantiza el derecho de propiedad” y de esta manera quedó promulgado uno de los principios económicos que comenzaría a darle forma a las nuevas relaciones de producción entre el Estado y el sector privado del país.

A diferencia de lo establecido en el artículo 99 de la Constitución de 1961, las indicaciones de la actual Carta Magna son mucho más explicitas en cuanto a la subordinación que deben tener los intereses particulares hacia aquellos de naturaleza colectiva o nacional.

La nobel Carta Magna puntualiza que “en virtud de su función social la propiedad estará sometida a las contribuciones, restricciones y obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad pública o de interés general”.

Ahora bien, para comenzar a materializar los lineamientos constitucionales el gobierno del presidente Hugo Chávez delineó el perfil de Venezuela a largo plazo en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007.

Las estrategias económicas de dicho documento giran en torno a la diversificación de la economía productiva; la incorporación progresiva de los grandes estratos sociales empobrecidos a la nueva dinámica económica del país y el incremento de la superficie ocupada del territorio nacional a través de una política de descentralización desconcentrada.

La primera de estas estrategias tiene como objetivo el desarrollo de la economía social mediante una acción clave: democratizar la propiedad de la tierra. También el mejoramiento de la distribución del ingreso y la riqueza se logra con la misma acción.

En cuanto a la descentralización desconcentrada, tiene la obligación de incrementar la superficie ocupada y crear las condiciones para el desarrollo productivo a través de programas y proyectos de dotación de tierras e insumos para la producción.

Ley de Tierras, socialismo y capitalismo

La Asamblea Nacional (AN) aprobó en el año 2001 la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, instrumento en donde se expone como motivo fundamental el desarrollo de la agricultura como base estratégica para el progreso y bienestar rural sustentable y además para conseguir la soberanía agroalimentaria.

“… A diferencia de los Estados liberales, la tierra y la propiedad no son privilegios de unos pocos, sino que están al servicio de toda la población, dentro de los valores de solidaridad e igualdad de oportunidades”, reza la exposición de motivos del instrumento legal.

Continúa el prolegómeno de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario afirmando que regímenes contrarios a la solidaridad social tales como el latifundio, “son expresamente condenados por la norma fundamental”.

Es necesario recordar que en el llamado sistema capitalista de producción el capital es uno de los tres grandes factores de producción (un factor elaborado y duradero que es a su vez generado por la economía: edificios, galpones, maquinarias, computadoras, entre otros).

Los otros dos factores, el trabajo (mano de obra) y la tierra suelen denominarse factores primarios de producción, lo cual significa que su oferta depende en gran medida de factores no económicos (como la tasa de natalidad y las condiciones geográficas de un país).

En una economía de libre mercado la tierra y el capital son propiedad privada y la renta (ingresos) que generan la reciben los individuos dueños de los factores de producción.

Por lo tanto, los derechos de propiedad permiten a los “dueños” de los factores de producción utilizarlos para obtener grandes beneficios individuales. Estos bienes tienen un valor de mercado y es la capacidad de los individuos para poseer, acumular y beneficiarse de ese capital lo que define esencialmente el sistema capitalista.

En contraposición, el sistema socialista impulsa el contexto gregario de la vida de los pueblos como lo más importante, además de la cooperación y la acción social conjunta como mecanismo de apalancamiento comunal.

A diferencia de la ideología capitalista (caracterizada por el egoísmo y el narcisismo al servicio de si mismo), el socialismo ha afirmado siempre que el desarrollo personal y la satisfacción individual solamente pueden ser alcanzados mediante un tipo de relación intima, no competitiva.

En el verdadero contexto de la vida cooperativa no existe la propiedad individual o personal de los factores de producción.

En consecuencia, los programas socialistas para la reforma de las instituciones económicas y sociales han estado siempre orientados a la creación de un marco dentro del cual tal cooperación pudiera prosperar.

El filósofo y político francés, Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865), afirmaba que la propiedad de los medios de producción y específicamente de la tierra es un robo pues el “dueño” no produce por sí mismo ni por sus instrumentos y adquiere los productos a cambio de nada.

Sin embargo, Proudhon únicamente sometió a dura crítica las grandes propiedades capitalistas, defendiendo la pequeña propiedad vinculada al trabajo y consideraba que el fortalecimiento de este tipo de iniciativas constituía la única salvación frente al capitalismo depredador.