25 de junio de 2013.- El conflicto entre el Gobierno de Colombia y los campesinos del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander (noreste), continúa sin posibilidades de diálogo tras la imposición por parte del Ejecutivo de una serie de condiciones para concretar la reunión.
La víspera, el ministro de Interior colombiano, Fernando Carrillo, afirmó que el Gobierno comenzará a dialogar con los labriegos en el Catatumbo “cuando las condiciones de seguridad lo permitan”.
Tras un encuentro en la Casa de Nariño -sede de la Presidencia- con siete alcaldes de esa zona de Norte de Santander, el gobernador de esa región y el presidente Juan Manuel Santos, Carrillo subrayó que en la mesa de concertación "solo se discutirán los temas puntuales sobre condiciones sociales del área afectada y con los voceros legítimos de las comunidades", según reseñó un diario local.
“Garantizadas las condiciones de seguridad y orden público, una comisión de alto nivel del Gobierno se desplazará a la región para dialogar con las comunidades campesinas”, manifestó el titular.
Al respecto, los agricultores, por su parte, sostienen que no habrá posibilidades de diálogo si el Ejecutivo continúa condicionando las circunstancias de esta reunión.
En ese contexto, el corresponsal de teleSUR en Colombia, Milton Henao, informó que en el Catatumbo existe mucha “incertidumbre” respecto a la posibilidad de una negociación entre las partes.
Desde el pasado 11 de junio, tensas jornadas viven los agricultores que salieron a la calle a pronunciarse por el abandono estatal de años, exigir al Estado la definición de una Zona de Reserva y la sustitución gradual de cultivos ilícitos mediante proyectos productivos sostenibles.
El miércoles pasado los campesinos abandonaron una mesa de diálogo con el ministro de Agricultura, Francisco Estupiñan, en rechazo a la presencia del mayor general Rodolfo Palomino, director de Seguridad Ciudadana de la Policía.
Durante las jornadas de protestas la policía, el ejército y miembros del escuadrón antidisturbios reprimieron a los manifestantes con gases lacrimógenos, bombas aturdidoras y balas de fusil, con un saldo de dos muertos, más de 16 heridos y varios detenidos.
El gobernador de Norte de Santander, Edgar Jesús Díaz, declaró que el Gobierno debe comenzar cuanto antes el diálogo. "Ojalá sea fructífero para poder instalar unas mesas de trabajo en las que se puedan discutir los temas planteados por los líderes de la protesta", expresó. Unos 12 mil agricultores continúan su resistencia en medio de la creciente represión de la fuerza pública que el fin de semana último abrió fuego contra los manifestantes.
Mientras tanto, un comunicado de la Federación Internacional de Derechos Humanos y el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, difundido este lunes por la Agencia de Prensa Rural, condenó la represión de la fuerza pública y exigió el cese inmediato de las hostilidades.
“Expresamos nuestra preocupación por la judicialización de los manifestantes detenidos, que refleja la criminalización de la protesta social en Colombia”, apunta el texto.
