Abril 22 de 2012.- Un despliegue de 18 furgones policiales con decenas de antidisturbios ha tomado en la mañana del 20 de abril la avenida de Abrantes, en el barrio madrileño de Carabanchel, para impedir que un centenar de personas, convocadas por la Asamblea de Carabanchel y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, detuvieran por segunda vez el desahucio de Luciano Chancusig, camionero en paro con tres hijos menores.
Los agentes antidisturbios, todos ellos sin número de placa visible, han hecho presencia poco después de las siete de la mañana, antes incluso de que llegaran los manifestantes, y han establecido un cordón a varios centenares de metros a ambos lados de la vivienda e impedido que se acercaran las personas solidarias, e incluso se han negado a dejar que cuatro participantes en la protesta se acercaran a ayudar a la familia desahuciada a bajar los muebles cuando ésta lo ha solicitado una vez ejecutada la expulsión.
La entidad ejecutora, Bankia, cuyo presidente, Rodrigo Rato, cobra 2,34 millones de euros al año sin contar el sueldo variable, y que recientemente se ha adherido al llamado Código de Buenas Prácticas bancarias, se ha negado en todo momento a renegociar la deuda, conceder la dación en pago o negociar un alquiler social con los afectados.
Una vez ejecutada la expulsión de la familia, varias decenas de las personas que participaban en la concentración han hecho un “tour” de protesta ante varias entidades bancarias para mostrar su repulsa por las prácticas de los bancos, que dejan en la calle a 40 familias al día en Madrid mientras reciben decenas de miles de millones de euros en dinero público.
Detención e identificaciones
En el momento en que el grupo comenzaba a marcharse, dos furgones de antidisturbios, presentes anteriormente en el desahucio, se han detenido y uno de los mandos ha asegurado que aquello era una “manifestación no convocada” y empezado a identificar a los presentes. En ese momento, un joven ha sido detenido y, al parecer, acusado de "resistencia y desobediencia" y ha sido trasladado a comisaría. Posteriormente, los antidisturbios han proseguido identificando a muchos de los presentes, entre ellos a quien esto escribe, que ha pedido a su vez la identificación al agente, a lo que éste ha respondido con un: “Sí, la mía y la de mi madre”, negándose a dar su número de placa y amenazando con la futura recepción de sanciones.
El pasado día 18, el barrio de Carabanchel, con la ayuda de numerosas personas, logró frenar su último desahucio, el de Vicente, un anciano de 74 años recién operado del corazón que vive con un nieto menor de edad. El único “error” de Vicente fue hacer de avalista de su hijo, que no pudo seguir haciendo frente al pago de su hipoteca y perdió su vivienda en junio. No contenta con un solo piso, Bankia parece dispuesta a pasar por encima de la salud y la vida del anciano para hacerse con otro piso más, desahucio al que volverá a hacer frente la asamblea de Carabanchel, además de a otras cuatro expulsiones de familias que, de no impedirse, tendrán lugar en los próximos días en ese barrio.
Encierro en el IVIMA
Poco después del intento de Stopdesahucios en Carabanchel, seis personas, dos de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y cuatro afectadas, han mantenido un encierro de varias horas en la sede del Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima), que prosigue desahuciando a numerosas familias. El encierro ha acabado con un acuerdo de reunión con el director del Ivima. De no prosperar las negociaciones, una de las afectadas, con cinco hijos, será expulsada el próximo jueves de su vivienda de Leganés. "El Ivima quiere quitarles las viviendas como sea, reformarlas y venderlas porque necesita dinero y lo están privatizando. Están desahuciando a gente en situación de exclusión social", denunciaba a este medio Tatiana Roeva, de la PAH, presente en el encierro.
