A nuestra redacción llegó la siguiente denuncia remitida por Daniel Salazar la cual explica en el texto.
8 de abril de 2012.-La Asamblea Nacional aprobó en diciembre 2011, la Ley contra Estafas Inmobiliarias donde se establece que los contratos serán revisados por el Estado y se le impone a las constructoras un plazo para la terminación de las viviendas de máximo 24 meses, con posibilidad de extenderse por razones de fuerza mayor, pero ello tendrá que ser consultado con los compradores y en todo caso esto no acarreará costos adicionales a los compradores. Se supone que el gobierno nacional en su condición de garante de la legalidad debe ser el primero en respetarla. Resulta incomprensible que se apruebe una Ley que el propio estado está violando desde antes de su aprobación y continúe violándola después de su aprobación.
En Guayana está ocurriendo una situación que mantiene afectadas a muchas familias que depositaron sus sueños e ingresos en un proyecto para acceder al techo propio. Sorprende porque es el propio gobierno nacional el que violenta las leyes. CVG Ferrocasa, donde participan la Corporación Venezolana de Guayana, con el 80,70% de las acciones; el INAVI con el 0,19%, y Fondur, con el 19,11%, esta empresa es toda una inmobiliaria en manos del gobierno nacional. Pues bien esta inmobiliaria estatal tiene 9 años en la construcción del urbanismo Campaña de Guayana, mejor conocido como Guayana Country club , ubicado en Puerto Ordaz , este complejo residencial vendido en 2003 fue ofrecido para finales de 2004 e inicio del 2005, además del enorme retraso aquí se cometieron todos los atropellos por los que fueron sancionados los constructores privados. Las instituciones del estado: Fiscalía, Indepabis, Defensoría del Pueblo, Asamblea Nacional, TSJ, que se suponen deben defender al débil jurídico, en este caso a los ciudadanos venezolanos atropellados por una empresa del estado, debieron actuar de forma contundente para evitar el daño causado a tantas familias que en el año 2003 confiaron en una empresa del estado, la única respuesta que se tuvo fue la imputación como invasores por la Fiscalía I de la II Circunscripción Judicial del Estado Bolívar cuando en 2008 un grupo de familias, desesperadas, que clamaban justicia, ocuparon algunas viviendas, por cierto que aun están imputadas aunque ya la mayoría de ellos protocolizó los documentos de su vivienda.
Es en mayo de 2011, después de años de reclamos y denuncia que el gobierno reacciona y cambia la Junta Directiva, pero resulta que esta nueva gerencia ya tiene 10 meses y apenas ha protocolizado algunas de las viviendas que quedaron construidas de la gestión anterior y en lo que se refiere a la construcción no tiene ningún avance que presentar, tienen un grupo de casas vendidas desde 2003 que no se ha iniciado su construcción, otras casas están abandonadas a medio hacer desde el 2007, otras tienen tiempo terminadas y no las protocolizan y las torres de apartamentos están en el mismo estado de abandono que estaban hace más de tres años, los afectados aun no tienen ni idea de cuándo estarán listas sus viviendas. A casi 9 años del inicio del proyecto, Ferrocasa y sus directivos no han querido, no han sabido o no han podido, culminar esta obra.
Un llamado al Gobernador
Señor Gobernador Francisco Rangel Gómez este proyecto nació cuando usted era Presidente de CVG y por tanto tiene que sentir el deseo de concluirlo, usted es la cabeza responsable de La Gran Misión Vivienda Venezuela en el ámbito del Estado Bolivar, se sabe que está resolviendo el grave problema de vivienda de nuestro pueblo, se sabe también la buena disposición para atender a los estafados por constructoras privadas. Pero usted debe pronunciarse específicamente en el caso de Guayana Country Club, asuma el compromiso Gobernador, ya Ferrocasa demostró su incapacidad, solo andan haciendo misas y celebrando cuanta cosa se les ocurren como el cumpleaños de la empresa, Día del Médico y Día de la Mujer, luego salen en la prensa afirmando que Ferrocasa es “punta de lanza en la Gran Misión Vivienda Venezuela” lo que están haciendo es un flaco servicio al gobierno, pues la mejor promoción para una constructora es vender, fabricar y entregar productos de calidad. Los afectados están cansados de la burla y el engaño de que son objeto con falsa promesas de solución, para ganar tiempo, por ello se le hace el llamado a que se avoque con urgencia a implementar los correctivos necesarios por intermedio del Órgano Estadal de la Vivienda o directamente con CVG, para acometer lo más rápido posible la culminación del proyecto.