Caracas, 16 Oct. AVN .- A pesar de los constantes ataques de los que fueron víctimas los periodistas y medios de comunicación durante la cuarta República, los comunicadores claramente identificados con la derecha afirman, falsamente, que durante los gobiernos de Acción Democrática y Copei las persecuciones no ocurrieron.

Uno de los “periodista con trayectoria” que hace estos señalamientos es Manuel Malaver, quien aseguró que durante los mandatos de Carlos Andrés Pérez, Luis Herrera Campin, Jaime Lusinchi y Rafael Caldera “nunca se persiguió a un periodista”.

Sin embargo, Malaver obvió las constantes acciones judiciales que los gobiernos de turno, durante la cuarta república, iniciaron contra periodistas y medios de comunicación por la publicación de cualquier información que dejara al descubierto casos de corrupción o de ineficacia gubernamental.

“Cuando los gobiernos de Rafael Caldera, Carlos Andrés Pérez y Jaime Lusinchi yo, y otros periodistas, fui acérrimos a sus gobiernos y nunca fuimos llevados a tribunales”, afirmó Malaver durante su participación en el programa Aló Ciudadano, que transmite el canal privado Globovisión.

Sin embargo, esta especie del citado fablistán contrasta con la realidad reflejada en el escrito "Censura y autocensura después de Enero de 1958" del periodista Eleazar Díaz Rangel, donde se desnuda alguno de los atropellos recibidos por comunicadores y medios de comunicación.

Por ejemplo, se indica que durante el primer gobierno de Rafael Caldera (1969-1974), se decomisó en varias ocasiones los ejemplares del otrora vespertino El Mundo cuando en él aparecían noticias que señalaban a algún gobierno de corrupto.

De igual forma, se confiscó la revista Punto Negro por su política comunicacional crítica y allanaron los talleres de los diarios Crítica y La Religión.

Para la época, un Tribunal Militar le dictó auto de detención a Miguel Ángel Capriles, quién se asiló en la Embajada de Nicaragua para luego irse a Panamá y Puerto Rico. De hecho el Senado le levantó la inmunidad parlamenteria a Capriles y, meses después, a su regreso fue arrestado por unos días, para, posteriormente, ser sobreseído su juicio.

Durante la cuarta república se decomisó El Reventón por un reportaje sobre el Servicio Militar y la vida en los cuarteles. A los redactores de la revista, Carlos Ramirez Faría, William Izarra, Enrique Rondón y Pablo Antillano, les abrieron juicios y finalmente le dictaron auto de detención a Izarra.

En el mismo texto se señala que, durante el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez (1974-1979) fue decomisada una edición de la revista Resumen, y su editor Jorge Olavarría, fue preso. Juicios militares se abrieron contra Irma Barreto y Doris Francai, a esta última por un editorial del periódico Ruptura, acusada de instigación a la rebelión militar y condenada a varios años de prisión.

En el mandato de Luis Herrera Campins (1979-1984) se inició un juicio por un Tribunal Militar contra la periodista María Eugenia Díaz, del Diario de Caracas, por el supuesto delito de revelar secretos militares. Se ordenó el arresto por 15 días a Jorge Olavarría, Amable Rosales y Rafael Poleo, directores de las revistas Resumen, Auténtico y Zeta, respectivamente, por presuntamente ofender gravemente, la una a la imagen del Padre Libertador Simón Bolívar y, las otras, la dignidad, decoro, tanto del ciudadano Presidente de la República, como la de la Fuerza Armada.

Con Jaime Lusinchi (1984-1989) en el poder la historia no fue diferente. Se ejercieron presiones sobre los medios para silenciarlos, con respecto a ciertas informaciones que incomodaban al Presidente y su mas íntimo entorno. Las presiones ejercidas sobre los medios fueron posible mediante el chantaje. De este modo, el Gobierno administraba la entrega de dólares a través del Régimen de Cambios Diferencial (Recadi), que requerían los medios de comunicación para adquirir en el exterior insumos, como el papel, tinta, películas, maquinarias y equipos.

En 1986 fue suspendido el programa Primer Plano de Marcel Granier; y dos columnistas del Diario De Caracas, José Vicente Rangel y Alfredo Taree Murci, debieron cesar en sus colaboraciones. Al editor de La Religión (Cumaná) le dieron una golpiza por informar sobre el divorcio del Presidente. Mientras que al diario El Vigilante (Mérida) le lanzaron una bomba por el editorial donde se comenta sobre las relaciones del Presidente con su secretaria privada.

En el segundo período de Carlos Andrés Pérez (1989-1993) se estableció abiertamente la censura y fueron atropellados numerosos periodistas. Fueron suspendidas las garantías constitucionales, incluida la libertad de expresión. Ediciones de las revistas Élite y Zeta y después una de El Nacional, fueron decomisadas; y fue cerrada la emisora Yvke Mundial.

Durante el segundo período de Rafael Caldera (1993-1998), a pesar de los atropellos en contra de los medios de comunicación y de los comunicadores sociales en dicha época, el Bloque de Prensa y La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) callaban.

Es importante destacar que, contradictoriamente, muchos de quienes fueron perseguidos en los años que antecedieron a la revolución hoy son quienes levantan la voz en contra del presidente Hugo Chávez Frías acusándolo de coartar la libertad de expresión con base en argumentos vacíos y sincronizados con las acciones pro defensa de los intereses de la burguesía de nacional.