Caracas, mayo 9 - Al caminar por la finca La Carolina se respira historia. En sus amplios patios yace el poste donde azotaban a los esclavos frente a la casa colonial que data de 1852, apenas siete años antes de estallar la Guerra Federal. Dos iconos reflejo de un pasado de explotación y de hechos que conmocionaron a la Patria y que hoy resurgen con el espíritu de la esperanza y la justicia social bajo el árbol de las tres raíces.

Fue el primero de mayo cuando un grupo del Instituto Nacional de Tierras (INTI) recuperó la finca la Carolina, cuya propiedad reclama el ex gobernador de Caracas y ex embajador ante la Organización de las Naciones Unidas,  Diego Arria. Tiene una extensión de 376 hectáreas y está ubicada en Nirgua, estado Yaracuy. Decidieron ejercer las acciones legales en esa fecha para reivindicar a los trabajadores en su día y convertirlo en un Centro Técnico Productivo.

El personal del INTI permanece en el lugar desde hace seis días para mantener operativa la hacienda. “Si no se ordeñan las vacas pueden enfermarse y morir. Es necesario mantener a los caballos aseados y bien alimentados. Estamos aplicando un programa de alimentación para el ganado con la finalidad de que no siga deteriorándose”, explicó Jorge Luis Coronel, técnico de la entidad.

La gerencia que le administraba al ex gobernador la finca pretendía detener la producción. Convencieron a un grupo de trabajadores para que abandonaran su trabajo. Esto llevó a las autoridades a movilizarse y prestar apoyo a los empleados que se quedaron para atender los predios.

El inventario inicial del INTI arroja que existen 251 reses, la mayoría para el ordeño, manifestó Coronel.

Los técnicos del INTI han encontrado cultivos en mal estado, un rebaño mal alimentado, algunos moribundos. “Queremos dejar constancia de esta situación deplorable”, expresó el vicepresidente de la República y ministro del Poder Popular para la Agricultura y Tierras (MAT), Elías Jaua, al realizar la inspección de la finca el jueves 6 de mayo, al sostener un conversatorio con los trabajadores para aclarar su situación y ofrecerle el apoyo del Gobierno Revolucionario.

CONVOCATORIA ABIERTA

Jaua convocó a todos los trabajadores, incluso a los que defienden al antiguo patrono. Los empleados se quejaron de los desasistidos que estaban, sin incentivos, ganando sueldo mínimos y cumpliendo horario de nueve horas y media diarias. Solicitaron créditos para reconstruir sus casas y no les dieron el préstamo aunque el promedio de antigüedad es de tres años.

“La burguesía se queja porque nosotros recuperamos las tierras para el pueblo. El señor Diego Arria le robó millones de bolívares al erario público, a través de la corrupción. Abiertamente conspira contra el presidente Chávez, fue uno de los que participó en el golpe de Estado del 2002”, les dijo Jaua a los trabajadores.

Los invitó a trabajar juntos, con mucha responsabilidad. “Este cambio será para bien, debemos trabajar para que esta finca salga adelante y tenga ingresos propios. El Gobierno Bolivariano les garantiza el empleo con todas las condiciones contractuales. La única manera que esto se revierta es que Diego Arria nos tumbe y eso no va a pasar”, bromeó Jaua.

Como segundo paso, el vicepresidente explicó que se habilitará un  fiscal del trabajo para que les calcule las prestaciones sociales con la finalidad de finiquitar la relación laboral con la empresa que administraba la finca y pasar a formar parte de la nómina del Estado. Los trabajadores exigen que se les cancele deudas pendientes como horas extra y feriados.

REVISAR LA TITULARIDAD

Un informe preliminar de las autoridades, indica que la situación de la finca no es como la pinta Arria en los medios de comunicación privados. “Todo está como lo dejó la administración privada. No hemos entrado a las casas  hasta que se levante el informe con testigos”, comentó Coronel.

El vicepresidente ratificó que aquellos predios que no se le encuentren registro de la cadena titulativa pasarán a manos del Estado y del pueblo. Una de estos casos es el de la Finca Carolina, que Diego Arria alega de su propiedad.  “El tiene 23 días para presentar la titularidad de las tierras, es decir, el origen de la propiedad privada de esas tierras, en qué momento el Estado venezolano se desprendió de esos bienes y si el proceso de adquisición está legalmente acompasada con ese desprendimiento”.

Jaua señaló que las primeras investigaciones arrojan que estas tierras carecen de registros de la cadena titulativa acorde con la ley. “Estamos en un acto legal, realizando los avalúos correspondientes sobre las bienhechurías, en las cuales vamos a exigir el origen de los capitales con los que se realizaron esas obras. Arria estuvo involucrado, en los años sesenta, en hechos de corrupción que nunca fueron aclarados”, puntualizó el titular del MAT.

Con respecto a las versiones que circulan en medios de comunicación privados sobre el supuesto abuso de poder durante el proceso de ocupación de esta finca, el ministro desestimó las acusaciones del ex gobernante capitalino, quien despotricó contra el Gobierno Revolucionario por esta acción ejecutada contra lo que llamó “su exclusiva propiedad”. “Ironías de la historia: Diego Arria hablando de abuso de poder”, respondió sarcásticamente Elías Jaua.

Recordó que Arria estuvo severamente investigado por hechos de corrupción que nunca fueron aclarados y es necesario investigar para descartar la posibilidad de hechos ilícitos.

El Gobierno Nacional ha recuperado en ocho años más de 2 millones 500 mil hectáreas en todo el país, como parte de la lucha contra el latifundio.

Los daños ambientales van desde el desvío de un afluente de río hasta la erosión de suelos por inadecuado manejo de cultivos.

EXPEDIENTE POR CORRUPCIÓN

A finales de 1974 y principios de 1975, la empresa estatal Inversionista de Transporte adquirió en Europa más de 800 autobuses, sin que las autoridades municipales encargadas del servicio estuvieran enteradas de la operación, ni que ninguna comisión de controlaría estudiara el ofrecimiento.

Los principales accionistas de Inversionista de Transporte eran el Centro Simón Bolívar y la Corporación Venezolana de Fomento, pero fue el entonces gobernador de Caracas Diego Arria quien llevó adelante, sin consulta, la compra de los autobuses.

El 31 de mayo de 1974 Daniel Ficht, un empresario ligado a los partidos AD y Copei, había ofrecido a la Cámara Nacional de Transporte los 800 autobuses húngaros al precio unitario de 131.000 bolívares de aquella época, el organismo gremial no aceptó la oferta, pero sí el Gobernador de Caracas, Diego Arria.

Saltando los procedimientos legales, Arria compró las autobuses y violentó las leyes del Banco Central de Venezuela girando más de cien millones bolívares a la cuenta corriente del banco Industrial.

Los 800 autobuses fueron adquiridos al contado por 136.000 bolívares cada uno, siendo estimado posteriormente que su valor real en el mercado era de 76.000 bolívares, lo cual arroja un sobre precio de 60.000 bolívares. El ex embajador, como le gusta que lo llamen, viajó a Londres con bombos y platillos para cerrar la negociación.

En los meses subsiguientes los autobuses Ikarus fueron arrinconados, por ser inoperativos para la ciudad, como chatarra en el estacionamiento de Transporte Municipal de la Yagüara, donde hoy en día algunos todavía pueden ser vistos al bajar por la Carretera Panamericana hacia Caracas.  Los autobuses Ikarus tenían piso de cartón piedra y con la lluvia se pudrieron. Un niño perdió la vida al ceder el piso de uno de los vehículos. Al ex gobernador no le establecieron responsabilidades por la operación fraudulenta, ni se realizó investigación alguna sobre ese hecho abominable.