08 de junio 2009. - El criminólogo Francisco Delgado analiza las causas, historia y mecanismos de control sobre los mensajes anónimos que anuncian crímenes en Maracaibo, Colón y Rosario de Perijá, y que están relacionados con 14 muertes en esa zona.

“Si el Estado permite que surjan grupos parapoliciales o paramilitares que se tomen la justicia en sus manos, entonces la inseguridad será total”, advierte el especialista.

En menos de dos meses se han registrado más de 12 muertes por arma de fuego, que, supuestamente, han sido responsabilidad de grupos parapoliciales.

Maracaibo, Colón y Rosario de Perijá son los municipios que, hasta ahora, han sucumbido ante la escalada de asesinatos múltiples, en su mayoría suscitados tras la circulación de los panfletos de la muerte y cuya responsabilidad recae sobre presuntos grupos de exterminio, integrados por funcionarios policiales.

El pasado domingo, cinco hombres fueron acribillados, en hechos distintos, en La Villa del Rosario, luego de la aparición de los volantes de la muerte. El 25 de mayo, Nubia Sánchez, cayó muerta en el patio de su casa, en Colón, después de recibir amenazas.

En Maracaibo, en abril, ocho hombres (cuatro en el barrio La Chinita e igual número en Ciudad Lossada) murieron.

Ante estos hechos, el criminólogo e integrante del Consejo Nacional de Seguridad, Francisco Delgado, ofreció sus conjeturas.

— ¿Por qué señalan a policías como los supuestos autores de los panfletos y asesinatos?

— Siempre que se producen estos fenómenos de volantes de amenazas de muerte pública ha existido algún tipo de participación de funcionarios policiales. Ahorita hay mucho descontrol y gran descomposición de los cuerpos de seguridad. El sentimiento de inseguridad hace que surjan, de alguna manera, mecanismos de defensa privada que son tan violentos y perversos como la inseguridad misma. Cuando surgen estas acciones en la violencia sin límites los panfletos son penas de muerte subterráneas.

— ¿Cuál es la razón de este tipo de "mecanismos"?

— He venido diciendo que es necesario revisar el control social formal. Si fracasa el control formal, puede surgir éste u otro mecanismo de defensa privada y sería pues la lucha de todos contra todos.

Si el Estado permite que surjan grupos parapoliciales o paramilitares que se tomen la justicia en sus manos, entonces la inseguridad será total. Porque, por mucha deficiencia que tenga el control formal, tiene como límite el Estado de derecho, hay cosas que se pueden y otras que no.

— ¿A qué se debe tanta violencia? En la mayoría de los casos pasan de tres las personas ejecutadas

— La violencia que proviene de estos grupos es una violencia ilimitada, que es capaz de las peores violaciones de los derechos humanos.

El sentimiento de inseguridad es caldo de cultivo para que se tolere este tipo de conducta, pero lo que estamos exponiendo es la garantía y los derechos de cada uno de nosotros y no solamente los que producen daño social o los desviados.

— ¿Dónde está la posible solución?

— Es un gran peligro el que estamos enfrentando y solamente puede resolverse si resolvemos la crisis del control formal. Si resolvemos la crisis de los policías y si resolvemos el problema del sistema penal en su conjunto, como de los retardos en los tribunales y la acumulación de expedientes en el Ministerio Público, y también si la gente retoma la confianza en los mecanismos legales de control.

— ¿Y la función de los jefes policiales?

— Los jefes policiales tienen el control interno de la conducta de sus funcionarios. Pero es más importante que existiendo una ley de Policía nueva, que prevé mecanismos de control, se ponga a funcionar.

La honestidad de los gerentes policiales es importante, pero no podemos confiar en una persona la actuación de la policía. Hay una gran complicidad interna y una convivencia cómplice de quienes están llamados a garantizar el comportamiento de los funcionarios.

— ¿Recuerda usted otros casos similares al de los panfletos?

— Recuerdo que cuando fui secretario de Gobierno, hace algunos años, estaba el “boom” del “Vengador anónimo”, que no era más que funcionarios policiales dedicados a matar gente. Y también hice una investigación en el Zulia por el caso de “los pozos de la muerte”.

Esos fenómenos son los mismos que podríamos comenzar a vivir ahora, pues eran penas de muerte subterráneas, que estaban a la par de la legalidad. Alguien declaró el fracaso del control formal y se dio el derecho de tomar la justicia por sus manos.

— ¿Y qué pueden hacer las autoridades para controlar a jefes de cárceles, quienes ordenan sicariatos desde la prisión, como el caso de Nubia Ríos, en el Sur del Lago?

— La cárcel es un universo caótico donde sólo se tienen muros para contener la violencia delictiva y no hay políticas consistentes de humanización, por lo menos en algunos centro penitenciarios, porque en otros sí.

Algunas cárceles, como Sabaneta, están permeadas por todo tipo de mecanismos de corrupción, la falta de recursos tecnológicos y de una buena estructura física, que permita contener esa conducta deductiva hace que este tipo de fenómeno se presente.