30 de abril 2009. - El Contralor General de la República, Clodobaldo Russián, afirmó que el asilo político otorgado por el presidente de Perú, Alan García, al prófugo venezolano Manuel Rosales, por "razones humanitarias", contraviene su obligación legal y moral en la lucha contra la corrupción, que ese Estado adquirió al rubricar convenciones internacionales en esa materia.

Russián, entrevistado en el programa Dando y Dando, de VTV, recordó que tras el caso judicial del ex presidente peruano Alberto Fujimori, todos los organismos de ese país han sido sumamente duros para castigar los hechos de corrupción, al punto que cuando Japón dio asilo al ex mandatario, los representantes peruanos actuaron agresivamente contra la nación nipona, reclamándole la protección otorgada.

Por ello, en el año 2000 Perú decidió firmar la Convención de la ONU contra la corrupción.

Russián señaló que, además, Perú y Venezuela firmaron en 1996 el acuerdo de la Comisión Interamericana contra la Corrupción, cuyo artículo 13 establece que el enriquecimiento ilícito es considerado un acto incuestionable de corrupción.

El contralor señaló que Rosales, en todas las audiencias previas para que justificara las propiedades que posee, no pudo nunca mostrar evidencia de que las adquirió legalmente. Incluso, sus propias declaraciones lo incriminaron, aun más, en el delito de enriquecimiento ilícito, por lo que la Contraloría pasó el caso al Ministerio Público, instancia donde el ex alcalde prefirió acogerse al precepto constitucional.

Recordó, además, Russián, que Rosales participó directa, personal, abierta y comunicacionalmente en el golpe de Estado de Pedro Carmona Estanga, en abril de 2002, y pese a estas evidencias públicas y comunicacionales, nunca fue puesto preso y, por el contrario, se benefició de la Ley de Amnistía que otorgó el Presidente Chávez a los polìticos de oposición que lo derrocaron entonces. Por eso, dijo, no puede alegar que es un "perseguido polìtico", cuando nunca pagó por su responsabilidad en estos hechos.

"No sé dónde van a quedar las distintas posiciones que han tenido los peruanos: la Contraloría General del Perú, la más antigua del continente, y todas las instituciones de ese país en esos eventos", dijo Russián, con evidente decepción, sobre la actuación de las instituciones peruanas en las instancias internacionales contra la corrupción.


Rosales es un retrato hablado de la corrupción:

Tras observar la retransmisión de los videos con las declaraciones del canciller peruano, José Antonio García Belaúnde, y del propio presidente del Perú, Alan García, donde ambos intentaron justificar el asilo otorgado, Russián comentó que no pueden ser más contradictorias.

"El artículo 9 de la Convención Interamericana contra la Corrupción es un retrato hablado del caso de Rosales", dijo.

Manifestó el Contralor venezolano que tanto Venezuela como Perú tienen tipificado en su ordenamiento legal el delito de enriquecimiento ilícito, y si no la tuviera, todos los países firmantes de la Convención Interamericana están en la obligación de producir una ley contra la corrupción.

"Tratar entonces de sustraer la conducta de Rosales, para entonces arroparlo con un manto de actividad política y protegerlo por razones humanitarias, no tiene sentido. Además, no tienen reciprocidad..." dijo, al recordar que Venezuela entregó -inmediatamente- al prófugo Vladimiro Montesinos, cuando se detectó su presencia en el país, tal como lo pidieron las autoridades de Perú para que fuera juzgado por sus tribunales.

"En este caso (Rosales), Perú estaba en el deber y obligación -habida cuenta que no eran delitos políticos- de entregarlo a las autoridades venezolanas, y no lo hizo".

Russián puntualizó este tema con una consideración personal, al asimilar el contenido de las declaraciones de Alan García y el canciller García Belaúnde con la ideología del fundador del partido APRA, Haya de La Torre, quien a su vez fue inspiración de Rómulo Betancourt para crear en Venezuela al partido Acción Democrática.