(Caracas, 20 de abril de 2009). Tras la apelación del Ministerio Público, fue ordenada la celebración de un nuevo juicio en el caso conocido como "los pozos de la muerte" en el estado Falcón, causa en la que aparecen como
involucrados 11 funcionarios policiales por la desaparición forzosa de dos ciudadanos, cuyos cuerpos fueron encontrados enterrados el 6 de junio de 2003, en la población Maquigua de la Península de Paraguaná.
La apelación fue realizada por los fiscales 6° y 17° del estado Falcón, Gilberto Zerpa y Mary Carmen Velásquez, respectivamente, ante la Corte de Apelaciones de esa jurisdicción que anuló la decisión del Juzgado Segundo
de Juicio, extensión Punto Fijo, por falta de motivación e ilogicidad y acordó pasar a la Inspectoría General al titular del tribunal debido al retardo en la publicación de la sentencia.
También, la Corte decidió que sobre los 11 funcionarios policiales involucrados, se mantenga el arresto domiciliario, hasta tanto haya una sentencia definitiva.
De acuerdo con la investigación, Kevin Domínguez (19), fue aprehendido el 03 de junio de 2003 en el centro de Punto Fijo por funcionarios de las Fuerzas Armadas Policiales de Falcón, mientras esperaba en un taxi a Aníbal
Hernández (39), quien se encontraba en una casa de empeño.
Dichos funcionarios llevaron a Domínguez a la zona policial N° 2, y allí lo remitieron a la celda de castigo, denominada El Tigrito. La víctima habría señalado a otros detenidos que lo iban a matar.
En ese sentido, representantes de la Defensoría del Pueblo se trasladaron a las instalaciones policiales a fin de verificar la denuncia, y se constató que Domínguez no se encontraba en la sede policial.
El 06 de junio de 2003, fueron hallados los cuerpos de Domínguez y Hernández envueltos en bolsas plásticas, maniatados y enterrados en la arena en la vía de la población Maquigua de la Península de Paraguaná. El
primero murió por sofocación y asfixia mecánica; y el segundo por sofocación, asfixia y estrangulación.
Iniciada la investigación, el Ministerio Público determinó la presunta participación de los funcionarios Felipe Rojas Quero, José Isabel Pulgar, Jacinto Antonio Aldama, Miguel Ángel García, Gerson Cuica Chirinos,
Francisco Manuel Eurrola, Jimmy Enrique Medina, Uridis Antonio Rojas, Rubén Rivero, Hermes Trejo Graterol y Carlos Vargas.
De esta manera, el 21 de octubre de 2008, el Juzgado Segundo de Juicio declaró culpables a Jacinto Antonio Aldama, Miguel Ángel García y Gerson Cuica Chirinos, por la comisión del delito de desaparición forzada de
personas no continuada y los condenó, a título de coautores, a cumplir una pena de 15 años de presidio por la muerte de Kevin Dominguez.
Asimismo, el Tribunal absolvió a los ocho restantes funcionarios, decisión que fue apelada por el Ministerio Público.
Si bien la sentencia fue anulada y se ordenó realizar un nuevo juicio, el Ministerio Público analiza solicitar en los próximos días la radicación del proceso judicial por considerar en la presente causa se cumple con los
extremos exigidos por el artículo 63 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP).
