Dictadura de la ley

En política prever lo que puede ocurrir es un rasgo de sabiduría, el solo planteamiento lógico de los posibles acontecimientos futuros indican una suspicacia no desechable, que, por lo menos, debe analizarse.

En Venezuela el ataque al Gobierno por parte de la oposición es brutal, desmedido, no tiene limitación moral ni intelectual ni parangón con otro país, lo único que ha impedido que el desbordamiento se repita, como en el año 2002, es la también incansable respuesta del Presidente, diariamente. Existe un agravante terrible, la excesiva oposición internacional encabezada por el país más poderoso de la historia y un gobierno exageradamente inescrupuloso: el de Colombia.

En el ánimo y la entereza del Presidente radica su defensa y el control, hasta ahora, de esa fuerza destructiva.

Pero, todo tiene su límite, la herrumbre y las termitas, de apariencias inofensivas, si no se erradican a tiempo terminan por derrumbar el puente de Brooklyn o pulverizar el hotel Los Llanos, de Barinas, como ocurrió. Horadar una piedra la debilita, cómo será en un gobierno que es de carne y hueso; sus efectos, aún iniciales, se pueden palpar. No deja de ser una debilidad o una herida mortal que en un país en donde una idiotez dicha por la prensa diaria o una mentira exorbitante o aberrante, como cuando se defiende inmoralmente a una jueza corrupta, sea aceptada o creída por sus lectores.

En Cuba, después de la revolución, toda la depravación de la dictadura se volcó contra la nueva realidad, pero fue combatida ferozmente y ella encontró su respiradero en Miami. En Venezuela, la extrema derecha reforzada con viejos líderes de izquierda, convive con el cambio e inexorablemente acrecienta su pugnacidad en la medida en que no corre peligros ni riesgos, garantizados por la impunidad.

La respuesta del Presidente debe ser una: la dictadura de la ley, que castiga toda desviación no importe a quien, pero será necesario, previamente, emprender una lucha implacable en contra de la corrupción que está destruyendo el proceso revolucionario y garantizar la decencia del Poder Judicial, escandalosamente deteriorado.

Abogado


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Manuel Quijada


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