En nuestra condición de profesor de una universidad pública venezolana, quiero expresar en forma clara mi rechazo a los recurrentes intentos de desestabilización y promoción de actividades golpistas contra este orden democrático que la mayoría de los venezolanos nos hemos dado a través del voto universal, directo y secreto. Estas iniciativas antidemocráticas que se acompañan con actos y campañas terroristas vienen siendo adelantadas por algunos grupos minoritarios de la oposición que se han sentido desplazados de la dirección de los espacios públicos donde mantuvieron un férreo y perverso control durante las últimas décadas. En esta campaña que se fundamenta en la promoción del odio a los pobres, a los negros y mestizos, a los indígenas y en general a todos aquellos habitantes del país que pensamos de manera diferente a estos sectores, participan intereses políticos, individuales y empresariales del país y el exterior, quienes ven en una salida violenta y golpista la posibilidad de vender en los mercados internacionales nuestros recursos de petróleo, gas, electricidad, reservas hídricas, riqueza de la biodiversidad, así como convertir las necesidades de salud, educación, seguridad social y bienestar consagradas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en un jugoso negocio particular y mezquino que beneficia a las corporaciones transnacionales y sus intermediarios nacionales que diariamente hacen el trabajo desestabilizador.
Me preocupa cuando observo la participación como actores protagónicos de esta conspiración contra la nación y la democracia, de algunos miembros de nuestras comunidades, quienes además ejercen actividades de responsabilidad pública como dirigentes gremiales y autoridades. Los universitarios no olvidamos que algunos miembros de estas instituciones que ocupan importantes cargos de liderazgo, saludaron públicamente y hasta se pusieron a la orden del Presidente del golpista Pedro Carmona Estanga, quien el viernes 12 de abril asumió la Presidencia de un gobierno dictatorial que eliminó todos los Poderes Públicos y se reservaba para sí todo el control del Estado, mientras simultáneamente ordenaba la persecución, represión y encarcelamiento de los dirigentes vinculados con el gobierno democrático depuesto. No resulta casual, sino por el contrario muy comprometedor para la responsabilidad democrática y educativa de nuestras instituciones universitarias, que cada vez que se intentan crear ambientes propicios para la desestabilización y el Golpe de Estado, como ocurrió en el mes de abril, en julio pasado, durante los primeros días de octubre y más recientemente en estos días que transcurren, algunos de los miembros de la comunidad universitaria, aprovechando su ubicación en cargos gremiales o gerenciales en nuestras instituciones, promueven paros, suspensión de suministro de servicios, cierre de aulas, laboratorios e instalaciones de trabajo en general, las cuales coinciden precisamente con el cronograma de intentos de subversión del orden constitucional y democrático. Es oportuno recordarle a estos colegas que el artículo 139º de la Constitución Nacional establece claramente... “Que el ejercicio del Poder Público acarrea responsabilidad individual por abuso o desviación de poder o por violación de esta Constitución o de la Ley”... De allí, que los venezolanos que consideremos que estas acciones atentan contra los principios fundamentales de la Constitución que la mayoría de los venezolanos aprobamos por medio del referéndum, tenemos la obligación de acudir a los órganos universitarios y del Poder Público a solicitar que se corrija esta grave desviación y abuso de poder. Nos produce una gran preocupación observar como las acciones de estos colegas atentan contra los principios contemplados en los artículos 1º, 2º, 3º, 5º, 6º y 7º de la Constitución donde se establece nuestra condición de Estado democrático, libertario, igualitario, solidario y fundamentado en la ética y el pluralismo. Allí se consagra el respeto a la dignidad humana y nuestra condición de amantes de la paz, que además decidimos que la soberanía residiera en forma intransferible en el pueblo. Los universitarios que defendemos la democracia y el pluralismo en nuestras instituciones, que respetamos y acogemos en forma clara los resultados electorales legítimos por medio de los cuales se escogen a los funcionarios universitarios, debemos asumir una postura afirmativa y comprometida para garantizar que los dirigentes gremiales y autoridades universitarias, asuman en consecuencia una postura de indudable defensa del sistema democrático y un rechazo claro a la promoción de actividades desestabilizadoras y golpistas. Cada uno de los miembros de la comunidad universitaria tenemos el legítimo derecho de apoyar en forma activa o pasiva, la opción política, partidista y programática de acuerdo a nuestras perspectivas y valoraciones, pero jamás debemos utilizar los recursos y membresías de estas instituciones públicas para promover actos e iniciativas vinculadas con planes que buscan acabar con la democracia y pisotear la voluntad mayoritaria de los venezolanos. La responsabilidad actual e inequívoca de quienes ejercen cargos de liderazgo en nuestras universidades públicas, debe orientarse -junto a las establecidas como parte de sus responsabilidades gerenciales- hacia la promoción de la paz, el diálogo, la solidaridad y el intercambio de ideas como claramente lo establece el artículo 4º de la Ley de Universidades vigente: ”La enseñanza universitaria se inspirará en un definido espíritu de democracia, de justicia social y de solidaridad humana, y estará abierta a todas las corrientes del pensamiento universal, las cuales se expondrán y analizarán de manera rigurosamente científica”.
Como universitario venezolano hago un llamado a todos los miembros de esta numerosa comunidad pública (obreros, estudiantes, profesores y empleados) para ratificar y defender el compromiso por la democracia, la equidad, la pluralidad, la tolerancia, la solidaridad, la paz y la soberanía, valores estos que forman parte sustancial de nuestro proyecto de país: la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Finalmente, considero que debemos promover una amplia discusión desde lo interno de nuestras instituciones e involucrando al resto del país, que nos permita incorporar en estas universidades los avances democráticos contenidos en la constitución, como es la rendición clara y oportuna de cuentas, establecimiento de los referéndum revocatorios para los funcionarios electos, así como la extensión del derecho al voto a TODOS los miembros de nuestras comunidades para elegir a los profesores que deben ocupar los cargos rectorales y decanales.
Germán Yépez Colmenares
Historiador - Profesor UCV
germany@cantv.net
