La corrupción como arma política es una aberración que propicia la impunidad

Utilizar el tema de la corrupción como bandera política es una aberrante conducta que conspira abiertamente en contra de cualquier propósito serio y decidido, sea del signo que sea, que apunte a enfrentar los graves delitos que se cometen con los dineros y bienes públicos.

Hemos acumulado una larga y enriquecedora experiencia en la materia del control público por haber desempeñado por varios años diversas posiciones en la Contraloría General de la República, primero como ejecutor de actuaciones fiscales rutinarias o de carácter especial y, luego, como coordinador y gerente de programas de gestión dentro del área del control previo, cuando aún la norma legal le asignaba al organismo esa competencia de control para la administración central, la cual le fue transferida, muy pocos años después, a las oficinas de control interno que operan en las distintas dependencias que integran ese entramado centralizado del Ejecutivo Nacional, dejando en manos de la máxima entidad fiscal, el control posterior.

Enfrentados como estamos ahora en defensa de este proceso de cambios que ocurre en el país, todo ello impulsado por un pueblo que derrotó una cofradía de politiqueros corruptos que gobernó a Venezuela por casi 40 años, se nos hace necesario abordar el tema de la lucha contra la corrupción desde una perspectiva real y concreta, en donde se plantee la necesidad insoslayable de instrumentar una clara y apropiada política de Estado en materia de anticorrupción, la cual coadyuve, en términos determinantes, a poner en marcha un esfuerzo colectivo que de manera permanente haga del mismo una razón más de vida, como única posibilidad que nos va a permitir transitar, con toda certeza, el único camino por el que podamos llevar a este país hacia estadios de la mayor dignidad y prosperidad posibles.

Para nadie es un secreto que los hechos de corrupción, de manera general, si no son denunciados, es muy poco probable que se logren detectar. Como tampoco lo es aquello de que, para que haya corrupción, alguien debe sobornar a otro o, también, que ese alguien se vea compelido a pagar una “matraca” o “mordida”, como se dice en lenguaje popular y en esa fechoría ambas partes buscarán las fórmulas que les permitan mantenerla en el mayor de los secretos, pues en sus proyectos manejan, con toda seguridad, la necesidad de concertar nuevos y pingües negocios. Es así como ese terrible mal hace metástasis, al punto de que puede, sin lugar a dudas, llegar a dañar severamente la salud de la República. Ahora, lo que sí queda como algo muy evidente hasta para el más indiferente, es que esos personajes, tanto el uno como el otro, son corruptos por igual y, por tanto, se convierten en presuntos delincuentes candidatos a ser enjuiciados ante los tribunales del país.

Una de las armas que viene utilizando la oposición en su estrategia de lucha tenaz y permanente en contra del gobierno es, precisamente, la corrupción, sin percatarse de que para que ella ocurra, como lo hemos indicado, son imprescindibles dos actores. Sus liderazgos tan curiosos y dignos de estudio por especialistas, seguidores todos de muy variadas y hasta contrapuestas posturas ideológicas, algunos, si duda con antecedentes honorables, pero la mayoría marcados por sus comportamientos delincuenciales en contra de los dineros y bienes públicos, conocidos y señalados, además, por el pueblo, y quienes desde los medios de comunicación los acompañan como fuerza de vanguardia sumamente poderosa y perversa, la cual mostró sus oscuros propósitos golpistas desde los acontecimientos que precedieron a la Carmonada de abril/02, hasta los actos terroristas de diciembre, enero y febrero pasados, de manera persistente lanzan acusaciones de corrupción de todo calibre y sin limitaciones de ninguna índole, enlodando el nombre de personas y con ello sometiéndolas al escarnio público, si aportar pruebas ni indicios que pudieran otorgarles a esos señalamientos un mínimo de credibilidad.

En esa despiadada campaña, cargada de la mayor infamia como nunca antes había ocurrido en Venezuela, sin duda alguna producto de un trabajo pensado y articulado en laboratorios de guerra sucia, han dicho, por ejemplo, que Aristóbulo Istúriz adquirió un yate, cuyo lujo en nada le envidia al de Carolina de Mónaco. Que Juan Barreto compró un apartamento en Orlando, Florida. Que Disdado Cabello lavó una cuantiosa suma de dinero, superior a los siete millardos de bolívares, con la compra a nombre de terceros de una finca en los andes. Que el Ministro de Agricultura ha hecho negocios fabulosos con la importación de alimentos. Que los militares que coordinan los planes alimentarios han hecho otro tanto. Que Lina Ron invirtió parte de lo que se ha robado hasta la fecha con el aval del Alcalde Bernal, en una lujosa residencia al sur de Alemania. Que Chávez y su familia han sacado del país decenas de millones de dólares e igualmente todos aquellos que prestan servicios en puestos muy cercanos a él y, paremos de contar… Pero, lo que mayormente resalta de toda esta asquerosa conducta de una oposición que, sin duda alguna, muestra con ello estar desesperada, porque hasta la fecha lo único que ha cosechado son derrotas y más derrotas en su empeño por salir de Chávez como sea y al costo que sea, es que ninguna de esas denuncias ha sido canalizada a través de las instancias que corresponden y las que lo han sido, no han prosperado porque, simplemente, son falsas. No pasan de ser consejas o chismes propios de grupos sociales mediocres, con niveles de educación y cultura sumamente bajos.

Hemos sido persistentes a través de los años en la prédica de que la corrupción hay que atacarla sin piedad, provenga de donde provenga, independientemente del poder político o económico que tenga la persona o los grupos que sean señalados, pero comoquiera que esa experiencia que hemos acumulado en el área nos ha venido indicando que la tarea no es fácil, sencillamente porque quienes incurren en delitos de corrupción no deja huellas o, en todo caso hace lo imposible por borrar cualquier evidencia que los pueda incriminar, también hemos estado sugiriendo desde hace muchos años, a través de centenares de escritos publicados en diversos medios de comunicación, que una política anticorrupción tiene, necesariamente, que contemplar no solamente la posibilidad de aceptar la denuncia, cualquiera que ella sea, como indicio o presunción de un hecho irregular, cuya investigación determinará si es no falsa, sino que el proceso de esas investigaciones admita la utilización de los más modernos mecanismos tecnológicos que puedan existir para ese tipo de pesquisas, a través de los cuales se aumenten las certezas de llegar al meollo de los problemas, es decir, que se tenga éxito frente a cada posible fechoría y sus responsables sean puestos en evidencia y sometidos a la justicia. No hay que olvidar que los delincuentes del erario público, generalmente, muestran con cierta satisfacción en sus propios entornos, los beneficios de sus fechorías adquiriendo propiedades inmobiliarias, viajando y comprando de todo lo que nunca tuvieron, pues sus sueldos no les daban sino para llevar una vida normal, sin excesos de ningún tipo, de manera que por esa vía siempre ha estado abierta, ciertamente, un resquicio que pudiera conducir, en una investigación nada complicada, a ponerlos en evidencia. Hemos sostenido el criterio de que esta batalla hay que librarla aplicando las mismas estrategias que se utilizan en la guerra contra los traficantes de estupefacientes, entre las cuales destacamos como la de mayor importancia, aquella que tiene que ver con lo que en el argot policial se conoce como “labores o tareas de inteligencia”.

Damos testimonio de que en un alto porcentaje las investigaciones que nos tocó abrir mientras ejercimos funciones de gerencia en el organismo contralor (1.961/85), fueron impulsadas por escritos anónimos y en la mayoría de las veces por denuncias formuladas a través de los medios de comunicación, quienes para entonces cumplían con el rol que siempre deben tener de informar con objetividad, veracidad y ética. De ese alto porcentaje de averiguaciones así abiertas, podemos afirmar, con toda responsabilidad, que la totalidad arrojaron claras evidencias de actos de corruptelas de muy diversa índole. Claro, es interesante resaltar que al final casi nadie de los que resultaban involucrados era sancionado o cuando mucho el que lo era, recibía una penalidad que no pasaba de una sanción moral administrativa, pues las de carácter penal yacían en expedientes que eran escondidos por presiones de padrinos y compadres de alto coturno, hasta que les llegara la prescripción, tanto en las propias instancias de la fiscalía, como en los tribunales. Esta política anticorrupción que propugnamos apuesta a enterrar esas perversiones y complicidades del pasado y tiene que estar fundada en principios morales de muy alto calibre, conducida, además, por equipos competentes e indoblegables y, para que no caiga en devaneos y perversiones, deberá estar bajo la lupa permanente del pueblo, representado a través de una Junta de Notables designada por la Asamblea Nacional, la cual estará integrada por personalidades que serían seleccionadas mediante concurso público, con la posibilidad de que sean relevadas periódicamente, para de esa manera procurar una mayor participación ciudadana. Esa junta rendirá cuentas a la misma Asamblea en sesiones públicas para hacer efectivo el mandato constitucional de que el pueblo sea actor activo en esa función fiscal de tanta trascendencia. En manera alguna propugnamos que esa Junta sustituya a la actual Contraloría General, con la cual deberá trabajar de manera armoniosa, a fin de fortalecer y mejorar en términos del mayor rigor, aquellos planes y programas de control y supervisión que existan hacia el interior de la propia institución fiscalizadora.

Esta propuesta es perfectible, sin duda alguna, pero con ella creemos estar señalando una vía en la dirección de encontrar una salida que va a permitir que al fin podamos librar una batalla frontal y efectiva contra la corrupción, así como acabar con el intento de utilizar ese terrible flagelo como arma de lucha en la confrontación política. Es necesario que todos quienes sentimos verdadera y auténtica preocupación por el país y sus gentes, hagamos de esa lucha una bandera común, pues el corrupto no debe tener cabida en ninguna organización social de Venezuela, cualquiera sea su estructura o sus objetivos.

Esta propuesta, obviamente, impone reformas a las disposiciones que regulan el ejercicio del control público en Venezuela y por ello la Asamblea Nacional deberá jugar un rol preponderante en un empeño por llevarla adelante.


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Ivan Oliver Rugeles


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