En Venezuela desde hace ya bastante rato, existe un patrón sistemático represivo y de violencia ejecutado por el gobierno en contra de grupos, organizaciones gremiales y grupos organizados. El patrón es el siguiente: se genera la protesta en un lugar determinado mediante una concentración, convocada a tal fin en frente de un organismo del estado a quien corresponde dar respuesta de un hecho, de un servicio o de cualquier derecho ejercido o en ejercicio de la libertad de protestar, reclamar y solicitar. Acto seguido intervienen los organismos de seguridad del estado, mediante bloqueos e impedimentos de marchar. Estos organismos pueden ser indistintamente la Guardia Nacional o la Policía Nacional Bolivariana, o ambas en forma simultánea. Ellos, los organismos de seguridad, impiden el ejercicio práctico de la protesta mediante un bloqueo. Posteriormente, al cabo de un tiempo que varia desde media hora a una hora o más, se retiran y dejan sola a la concentración de manifestantes. De seguidas intervienen los consabidos grupos parapoliciales y paramilitares, uniformados de negro, armados, en parejas en moto y arremeten con toda violencia física en contra de la manifestación pacifica de que se trate. Sean sindicatos, gremios, grupos organizados, etc. Golpean, roban, agreden de forma tan violenta que dejan secuelas de heridos con lesiones de leves a graves. Roban celulares, carteras, morrales y cualquier pertenencia que cargue encima un manifestante o transeúnte que por casualidad circule en mala hora por el lugar donde ocurre la agresión. Lo anterior ocurre de manera sistemática y se ha convertido en un patrón de violencia ejercida por el gobierno en contra de la protesta pacífica.
Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de la República Bolivariana de Venezuela viajo recientemente a la Haya para exponer ante la corte penal Internacional que en Venezuela no se cometen delitos contra los Derechos Humanos y que se respeta lo contemplado en el estatuto de Roma. A la luz de los últimos acontecimientos, todo parece indicar que le aguaron la fiesta o por decir lo mínimo, le sabotearon su participación y lo que dijo. Mientras esto hacía Delcy Rodríguez, en Venezuela eran agredidas violentamente, nada mas y nada menos que en frente del Máximo Tribunal de la República y amparados en la oscuridad de la noche, un grupo de madres que vienen protestando y clamando por la liberación de sus hijos presos a raíz de los hechos suscitados con posterioridad a las elecciones presidenciales del 28 de julio del 2024. Los hechos se suscitaron mediante el patrón de violencia sistemático descrito supra.
Entre las madres y mujeres agredidas el martes 5 de agosto de 2025 aproximadamente a las 10:00 pm, se encontraba la activista Martha Lía Grajales. Posteriormente a la agresión, las ya agredidas, acudieron al Ministerio Público y al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalística (CICPC) a poner la respectiva denuncia por agresión, robo, etc. De hecho, se hicieron públicas las denuncias de agresión y la negativa de los respectivos organismos a recibir la denuncia y posterior procesamiento, por parte de Martha Grajales. El día viernes en horas de la tarde, a las 2:00 pm se convocó un acto de desagravio en contra del violento desalojo de la protesta de las madres en el TSJ, frente
la sede de la ONU en Caracas, entre Altamira y los palos Grandes. Una vez culminado el acto, fue detenida sin orden judicial, en forma violenta, por sujetos encapuchados y metida a la fuerza en una camioneta, para posteriormente desaparecer del lugar. Esto ocurrió a plena luz del día en la Avenida Francisco de Miranda a la altura del Centro Plaza. A la fecha, Martha Lía Grajales permanece desaparecida sin que ningún organismo de seguridad admite que la tiene detenida, menos aún el fiscal general de la República se ha manifestado públicamente. El mismo fiscal que imputa a una anciana de ochenta años por maltrato animal, porque olvido ponerle alpiste al canario que tiene por mascota.
En Venezuela, sí se están violando los derechos humanos por la calle del medio y lo que acabamos de describir mas arriba evidencia, que ello es así. Lamento que Delcy Rodríguez haya perdido su viaje a la CPI. Fue por lana y salió trasquilada, porque los hechos que narro, ocurrieron que casi simultáneamente con su viaje y palabras ante la CPI. Pudiese uno pensar cualquier cosa, hasta que están saboteando las diligencias de la vicepresidenta en la CPI, pero vaya usted a saber que es lo que está pasando a lo interno del gobierno.
Lo grave de todo esto, no es lo que hace el gobierno, sino la indiferencia del mismo gobierno que raya en el menosprecio por la gente, por el pueblo, al permanecer en un silencio ensordecedor. Lo anterior lo que denota son dos cosas: ausencia de separación de poderes y autonomía de esos mismos poderes. La gente, el pueblo, sus amigos y familiares merecen una explicación. Estamos entrando en una peligrosa escalada de violencia institucional en contra del ejercicio pacífico y democrático de la protesta, el uso del sistema penal para criminalizar la protesta y el fin al final de cuentas de la democracia, tal y como la conocemos y la ejercemos, por ahora. Es grave, muy grave lo que está pasando. El silencio es cómplice también. Se puede estar de acuerdo o no con un gobierno, pero con lo que no se puede estar de acuerdo es con la violación sistemática de los derechos humanos mediante un patrón que es recurrente.
Hay que ponerse la mano en el pecho y sensibilizarse ante la detención arbitraria y violenta de Martha Lía Grajales. Al día de hoy, va para 72 horas desaparecida. Algo inaudito, insólito. ¿Cómo estará durmiendo? ¿Qué estará comiendo? ¿Cómo hará para bañarse, asearse? la conmoción para su familia de no saber su estado, ni paradero.
El próximo jueves 14 de agosto, a las 10:00 am se está convocando en la plaza Morelos, al final de la avenida México, una concentración y marcha al Ministerio Publico en apoyo a las madres de los muchachos presos, y por supuesto, ahora, en apoyo y solidaridad con Martha Lía Grajales. Te esperamos.