Ponencia presentada en el Auditorio del Colegio de Ingenieros de Venezuela.

CONSECUENCIAS DE LA DECISIÓN DEL TSJ DEL 14 DE AGOSTO 2002

El tema central que nos reúne hoy versa sobre las consecuencias, tanto nacionales, como internacionales, de la Decisión del TSJ del 14 de agosto, con relación al incomprensible sobreseimiento de los Generales y Vicealmirantes Golpistas. Como Internacionalista, nuestro análisis se centrará en los efectos en el ámbito global. No obstante, como ciudadano venezolano, como defensor de nuestra Constitución y como defensor del proceso de transformaciones que se lleva adelante en Venezuela, no puedo pasar por alto algunas reflexiones de índole nacional e incluso internas del proceso.

Hay excelentes juristas, quienes le achacan al Fiscal General la incapacidad para presentar un expediente probatorio lo suficientemente consistente como para que procediese el antejuicio de mérito. Seguramente, el Fiscal debió ser más precavido, cubrir todos los frentes posibles, sin dejar abiertas brechas que pudiesen desembocar en la injusticia, a pesar de lo obvio de los acontecimientos. La rebelión militar no es el único delito por el que se puede investigar a los implicados, también podría hablarse de insubordinación, usurpación de funciones, motín,  entre otras. No quiero dejar pasar esta oportunidad, para comentarles que, a pesar no ser abogado, y mucho menos experto en materia militar, al revisar el Código de Justicia Militar, el argumento de que este tipo de rebelión existe como delito, más no contempla sanción, me parece un alegato leguleyo, es más, en lo personal lo considero un simple error de trascripción de un artículo 479, que en vez de remitirnos al ordinal primero del 476, nos remite de manera incoherente al 477. Nos preguntamos entonces ¿Acaso los magistrados se remiten al texto de la normativa y dejan al margen el espíritu de la ley? ¿En realidad los Magistrados han de ajustarse estrictamente a las pruebas que les facilite el fiscal general y hacerse prisioneros de un único criterio, cuando su deber es impartir JUSTICIA?

Pero volviendo al Fiscal General, consideramos que él mismo, a pesar de haber sido Vicepresidente Ejecutivo de la República, de haber militado en el partido de gobierno y de haber compartido con Luis Miquilena, no sólo muchos trajines políticos, sino además la Directiva de la Asamblea Nacional Constituyente, subestimó entonces las actuales circunstancias políticas del país; ha debido ser más contundente en sus acusaciones, y pruebas sobran. Sin embargo, aspiramos que el Dr. Isaías Rodríguez halle las fórmulas y procedimientos alternos, para reencauzar nuevas acciones contra quienes, a todas luces, fueron protagonistas de un Golpe de Estado con evidente participación militar el pasado abril.

El acatamiento de la sentencia es indiscutible. No obstante, el respeto a su motivación y el silencio ante el abuso no es pertinente. Se acata para preservar el Estado de Derecho, sin embargo, sabemos que esa decisión nos aleja del ESTADO DE JUSTICIA que estipula la Constitución y debemos hallar los correctivos para reconducirnos por el camino de lo justo, de la paz.

A lo interno del proceso, también hay responsables. Quienes creemos en el éxito de este proceso, de este país,  que no es más que hacer realidad las disposiciones Constitucionales, debemos, con humildad, asumir nuestra cuota de responsabilidad. Para ello debemos hacernos algunas preguntas, como las siguientes:

  • ¿Quienes nombraron a los Magistrados del TSJ?  ¿Quiénes elegimos a esos Diputados?
  • ¿Quién y quiénes le dieron la confianza y el poder a Luis Miquilena y su entorno para negociar el acuerdo político copular que derivó en el nombramiento de esos jueces?
  • ¿Quiénes decidieron, bajo la excusa y la premura de la transitoriedad, obviar los mecanismos democráticos constitucionales para designar a los miembros del TSJ?
  • ¿Quiénes han dejado rezagada la discusión y sanción de la Ley Orgánica del TSJ?
  • ¿Quiénes, como miembros del movimiento popular, permitimos que se cometieran esos errores y omisiones impunemente y sin ningún tipo de protesta ante nuestros representantes? ¿Para qué está el movimiento popular, para guiar, o ser guiado como un rebaño tras sus pastores?

Reflexionemos un poco sobre éstas interrogantes. La introspección y la autocrítica son esenciales para avanzar hacia la justicia, hacia la paz, para no cometer errores de consecuencias semejantes, para ser más precavidos. Reaccionemos con firmeza, pero con civismo. Si hemos visto violados nuestros derechos civiles y humanos por la decisión, no respondamos con las mismas armas. Apelemos a la sindéresis, a la sensatez, al amor, a la inteligencia y la Constitución; más aún cuando sabemos cuáles son las estrategias judiciales de la oposición contra el proceso en la persona del Presidente de la República. La aprobación de la Ley Orgánica del TSJ, del Poder Ciudadano y del Poder Electoral deben acelerarse en la Asamblea para que, con un poco de democracia y transparencia, enmienden el entuerto en el que incurrieron el en el 2000. Quizás ese sea un espacio de diálogo sincero entre los venezolanos de todas las tendencias

INTERNACIONAL

Precisamente, uno de esos campos de acción para reivindicar la justicia, es el internacional. Recientemente vimos como el Canciller Roy Chaderton Matos, le explicaba a los miembros del sistema interamericano lo ocurrido en Venezuela en la sede de la OEA en Washington. Es decir, trataba de explicarles cómo era posible que aquello que el mundo entero consideró un Golpe de Estado (incluyendo la rebelión militar) no fuese reconocido como tal por el máximo tribunal de Venezuela, o, al menos fuese un Golpe sin Golpistas. La tarea del Canciller y del gobierno no es sencilla. Recordemos que el realismo mágico es propio de nuestras naciones, pero que en otras sencillamente es inconcebible. A pesar de ello, los hechos han sido tan contundentes,  que el propio Embajador de EEUU en Caracas, exhibe nerviosismo al tratar de calificar lo sucedido el 11 de abril, pues en su país sólo existe un calificativo posible, y ese no fue el utilizado por nuestro Tribunal Supremo. Los titulares de prensa y noticieros de radio y TV de todo el mundo fueron claros, cuando palabras más, palabras menos, expresaban “Tribunal Supremo de Venezuela absuelve a los Militares Golpistas”. ¿Qué paradoja, no? Y las notas de prensa de AFP, de AP, de Reuters etc... lo expresan sin cortapisas, antes y después de la sentencia: “el Golpe de Estado ocurrido el 11 de abril en Venezuela”.  Para ellos todo está muy claro. Somos nosotros, son nuestros medios de comunicación comerciales, los que en la dinámica de nuestra diatriba política – golpista – patronal – mediática, insisten en calificar lo ocurrido simplemente como “los sucesos del 11 de abril”.

De manera que la primera consecuencia internacional es, lamentablemente, la risa, la gracia que les debe hacer a nuestros países hermanos, que en Venezuela se haya producido un golpe que no se llama golpe y que no tiene responsables. Hay algunos analistas que han calificado la exposición del Canciller ante la OEA como desafortunada. Para nosotros lo desafortunado es que el Ministro de asuntos exteriores tenga que salir por el mundo a decir dolorosas verdades, como que dicha sentencia se aleja de lo ocurrido y que los medios, en efecto, nos saturaron de dibujos animados mientras un pueblo, Constitución en mano, asumía la democracia participativa, constituyente y reinstauraba el orden constitucional.

Todos habremos oído mencionar la Carta Democrática Interamericana de la OEA (CDI), este instrumento jurídico hemisférico, de carácter vinculante fue propuesto por el gobierno peruano para evitar experiencias tipo dictaduras disfrazadas de democracias como la Fujimori-Montesinistas. Recoge en su articulado una serie de elementos progresistas que el sistema interamericano venía trabajando desde la resolución 1080 de 1991, pasando por la Declaración de Nassau de 1992, la de Managua del 93 y el Protocolo de Washington de 1997, que hizo parte integrante de la Carta de la OEA esos elementos en defensa de los regímenes democráticos y las medidas y sanciones a tomar si algún Estado miembro se alejare de la democracia. No conforme con ello, la Carta Democrática Interamericana ha sido un esfuerzo multilateral por actualizar la nueva concepción de la democracia en nuestros pueblos, trascendiendo el mero hecho de las simples elecciones libres. En realidad, aunque la Carta Democrática se refiera a la democracia representativa, las alusiones que hace a la necesidad de la participación ciudadana para que sea realmente justa, son prueba de los esfuerzos realizados por la representación venezolana ante la OEA y el MRE para cumplir con el mandato Constitucional de la Democracia Participativa.  Veamos algunos de sus elementos fundamentales para entenderla mejor:

Artículo 1: Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla. La democracia es esencial para el desarrollo social, político y económico de los pueblos de las Américas.

Artículo 2. El ejercicio efectivo de la democracia representativa es la base del estado de derecho y los regímenes constitucionales de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos. La democracia representativa se refuerza y profundiza con la participación permanente, ética y responsable de la ciudadanía en un marco de legalidad conforme al respectivo orden constitucional.

Artículo 3. Son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos.

Artículo 4. Son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa.

La subordinación constitucional de todas las instituciones del Estado a la autoridad civil legalmente constituida y el respeto al estado de derecho de todas las entidades y sectores de la sociedad son igualmente fundamentales para la democracia.

Artículo 6. La participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su propio desarrollo es un derecho y una responsabilidad. Es también una condición necesaria para el pleno y efectivo ejercicio de la democracia. Promover y fomentar diversas formas de participación fortalece la democracia.

Como vemos, este instrumento no se limita a expresar la importancia de la democracia, sino a desagregarla y haciendo énfasis es su carácter indispensable para los gobiernos de América, en su condición de derecho, en la necesidad de la participación para ejercerla, en la transparencia, en la pluralidad política, en la defensa de los derechos humanos como uno de sus componente esenciales y en la subordinación y respeto de todas las instituciones y la autoridad civil legítimamente constituida. Antes y después del 11 de abril, algunos sectores de oposición pretendían apelar a la Carta Democrática denunciando la inexistente separación de los poderes públicos, la violación a los derechos humanos y la violación de la libertad de expresión. Sin embargo, el propio 11 de abril este instrumento entró en funcionamiento y los opositores golpistas fueron testigos de cómo su misil les explotó en su propia plataforma de tiro.  ¿Qué ocurrió el 11 de Abril? Precisamente la CDI comenzó a ejecutarse por vez primera, bajo su artículo 20, y no gracias a la petición de un único Estado miembro que consideraba que lo ocurrido en Venezuela así lo ameritaba, sino gracias a la solicitud de los 18 jefes de gobierno de América Latina reunidos en San José de Costa Rica con motivo de la reunión presidencial del Grupo de Río, coyuntura que, sin duda, en el ámbito internacional, nos favoreció.

Artículo 20. En caso de que en un Estado Miembro se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático, cualquier Estado Miembro o el Secretario General podrá solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime conveniente. 

Veamos entonces, en qué términos manejó la OEA lo que ocurría en Venezuela el mismo 11 de abril, a través de un comunicado de su Secretario General, Dr. César Gaviria a las 8.30 pm:

DECLARACION DEL SECRETARIO GENERAL DE LA OEA EN RELACION CON LOS ACONTECIMIENTOS OCURRIDOS EN VENEZUELA

 El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), César Gaviria, frente a los graves enfrentamientos que en el día de hoy se han presentado en Venezuela se permite expresar su sentimiento de solidaridad con las víctimas y sus familias. 

Asimismo, hace un llamado a todos los sectores de la sociedad venezolana para que hagan todo lo que esté a su alcance a fin de que la protesta contra las políticas del gobierno del Presidente Hugo Chávez, o en su defensa, sean pacíficas y se mantengan dentro del orden constitucional. 

También, el Secretario General  formula un llamado al gobierno del Presidente Chávez para que la defensa del Estado de Derecho se haga por medios pacíficos y dentro de los preceptos legales y constitucionales, haciendo lo que esté a su alcance para proteger la vida de todos y cada uno de los venezolanos. 

Igualmente hace también un llamado para que a la mayor brevedad se regrese a la plena libertad de prensa y de expresión y a la libertad de información consustancial a la vigencia de los principios democráticos.

Como vemos a esas horas de la noche, la comunidad interamericana aún no estaba al tanto del Golpe de Estado, y confundidos como muchos venezolanos ante las imágenes de los medios de comunicación, hacían votos para que el gobierno no arremetiese contra la población.

Al día siguiente, como ya mencionamos, el Grupo de Río, a través de su vocero, el Presidente Alejandro Toledo, instruyó al Secretario General para que pusiese en ejecución la Carta Democrática Interamericana. Cabe destacar que, para ese momento, los integrantes del Grupo de río daban como un hecho la renuncia del Presidente Chávez, así como del Vicepresidente Cabello, ante las declaraciones del General Lucas Rincón. No obstante, en vez de reconocer el nuevo gobierno, impulsaron la normalización institucional democrática en Venezuela, incluso proponiendo la realización de elecciones libres, lo que nos indica que, en la mayoría de los países latinoamericanos, aún ante una verdadera renuncia del Presidente, hubiesen aceptado el gobierno de facto. Aquel temor que surgía en América Latina ante la proliferación de líderes tipo Chávez, fue superado, con creces, con el temor de regímenes fascistas con supuestos líderes tipo ¿Carmona?. Examinemos la Declaración del Grupo de Río:

DECLARACIÓN DEL GRUPO DE RIO SOBRE LA SITUACIÓN EN VENEZUELA

Los Presidentes de los países miembros del Mecanismo Permanente de Consulta y Concertación Política, Grupo de Río, ante los hechos ocurridos en Venezuela, y ratificando su adhesión a los procedimientos democráticos y al Estado de Derecho, expresan lo siguiente:

1) Reafirman el Derecho de los pueblos a la democracia y la obligación de los gobiernos de promoverla y defenderla, y reconocen que la democracia representativa es indispensable para la paz y el desarrollo de la región dentro del marco de la Carta Democrática Interamericana.

2) Lamentan los hechos de violencia que han provocado la pérdida de vidas humanas y acompañan al pueblo venezolano en su deseo de reconstruir una democracia plena, con garantías ciudadanas y de respeto a las libertades fundamentales.

3) Condenan la interrupción del orden constitucional en Venezuela, generada por un proceso de polarización creciente.

4) Insta a la normalización de la institucionalidad democrática en el marco de la Carta Democrática Interamericana y a dar los pasos necesarios para la realización de elecciones claras y transparentes, en consonancia con los mecanismos previstos por la Constitución venezolana.

5) Informa que el Grupo de Río desde Costa Rica,  ha solicitado al Secretario General de la OEA la convocatoria de una sesión extraordinaria del Consejo Permanente conforme al artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, para realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime conveniente.

6) Solicitamos al Secretario General de la OEA, se disponga a tomar contacto con la realidad política de Venezuela a través de los medios que considere más adecuados.

Esa Sesión Extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, organismo compuesto por los representantes nacionales acreditados ante su sede, fue en efecto convocada y realizada el día 13 de abril, en un franco clima de confusión, pero, a la vez de indignación, tras la promulgación del Decreto del Gobierno de facto en Caracas, cuyas disposiciones violaban la Carta Democrática Interamericana en todos sus aspectos fundamentales. A pesar de algunos reconocimientos apresurados del gobierno de Carmona por parte de algunos gobiernos de la región, tras el Decreto, el intento fascista quedó develado y ya todo estaba claro para los 33 países de la OEA, sin duda, se trataba de un Golpe de Estado. La rebelión militar era inherente al propio Golpe, pues precisamente un grupo de militares de alto rango habían nombrado al supuesto nuevo presidente, haciendo acto de presencia en su auto proclamación e incluso aceptando altos cargos en el gabinete ejecutivo. El texto de la Resolución del este Consejo Permanente del 13 de abril, habla por si sólo:

SITUACIÓN EN VENEZUELA

EL CONSEJO PERMANENTE DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS,

  TENIENDO PRESENTE el deterioro del orden institucional y del proceso democrático en Venezuela;

 CONSIDERANDO que en Venezuela se ha producido una alteración del orden constitucional que afecta gravemente su orden democrático, que da lugar a la aplicación de los mecanismos previstos en el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana.

RESUELVE:

  1. Condenar la alteración del orden constitucional en Venezuela.
  2. Condenar los lamentables hechos de violencia que han provocado la pérdida de vidas humanas.
  3. Instar a la normalización de la institucionalidad democrática en Venezuela en el marco de la Carta Democrática Interamericana.
  4. Enviar a Venezuela, con la mayor urgencia, una Misión encabezada por el Secretario General de la OEA, con el objeto de investigar los hechos y emprender las gestiones diplomáticas necesarias, incluidos los buenos oficios, para promover la más pronta normalización de la institucionalidad democrática. Desus gestiones se mantendrá informado al Consejo Permanente.
  5. Convocar, de conformidad con el artículo 20, párrafo tercero, de la Carta Democrática Interamericana, a un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General acelerarse en la sede de la Organización el jueves 18 de abril de 2002 para recibir el informe del Secretario General y adoptar las decisiones que se estimen apropiadas.

Así las cosas, ya recuperado el hilo constitucional, gracias al accionar del bravo pueblo legalista en las calles y de la mayoría de la FAN, por instrucciones del Consejo Permanente, el Secretario General de la OEA visitó el país para comprobar in locco el desarrollo de los acontecimientos. Vale la pena destacar algunas de las conclusiones de su informe, que fueron clave para la Resolución de la Asamblea General Extraordinaria del 18 de abril:

“Tendría que comenzar por decir que es necesario señalar, por lo menos hasta que no se demuestre lo contrario, que los organizadores de la manifestación  convocada por la oposición política y muchas organizaciones sociales en los días precedentes y en el propio 11 de Abril, son diferentes de quienes usurparon el poder, detuvieron al Presidente Chávez y trataron de instaurar lo que llamaron un gobierno provisional, cuyo ejercicio del mando encontró un amplio y generalizado rechazo no solo por su origen fáctico, sino además por las decisiones que tomó y que significaban el cierre de los organismos elegidos popularmente, la intervención del poder judicial y de todos los organismos del llamado “poder moral”,  y en la práctica la derogatoria de la Constitución y de muchos de los actos realizados bajo su desarrollo”.   

“Para fortuna de las instituciones democráticas de Venezuela,  esa alteración del orden constitucional fue revertida por la reacción de buena parte de la oficialidad de las Fuerzas Armadas y por una vigorosa respuesta ciudadana, tanto de defensores como de opositores del gobierno del Presidente Chávez”.

Los sectores de oposición y otros protagonistas de la vida social toman de diferentes maneras distancia de las normas constitucionales. En particular expresan inquietudes sobre la separación e independencia de los poderes públicos y la falta de contrapesos, como que sus titulares fueron escogidos por las mayorías que imperaron en la Asamblea. Los diputados de oposición llaman la atención sobre una reciente providencia del Tribunal Supremo de Justicia que señaló que el período presidencial comenzó a partir del mes de enero del 2002”.   

“Por otra parte las autoridades que representan los poderes del Estado señalaron la falta de objetividad de algunos medios para informar sobre los sucesos que condujeron a la restauración del orden constitucional. Algunos medios han registrado esa preocupación o queja sobre lo acontecido, y han dado explicaciones que no soy llamado a calificar como satisfactorias o no, así como no lo soy de la validez de las quejas referidas”.  

“También es esencial que se abandone la interpretación según la cual el citado artículo (350) de la Constitución puede servir de base a la conducta de oficiales de distintas armas. Quisiera reiterar que si no se avanza en tal sentido se podría dar pie a que se presenten nuevos actos de insubordinación contra la autoridad civil. Esta Asamblea debería ser categórica al señalar la subordinación constitucional de todas las instituciones del Estado a la autoridad civil legalmente constituida, tal como lo señala el articulo cuarto de la Carta Democrática”.

El informe de César Gaviria, los hechos mismos y el cabildeo de la delegación venezolana ante la OEA encabezada por nuestro representante permanente, Jorge Valero, conllevaron a la Resolución del 18 de Abril durante la Asamblea convocada precisamente para analizar el caso venezolano:

“RESUELVE:

  1. Expresar satisfacción por el reestablecimiento del orden constitucional y del gobierno democráticamente elegido del presidente Hugo Chávez Frías en la República Bolivariana de Venezuela.
  1. Manifestar la determinación de los Estados Miembros de seguir aplicando, con estricto apego a la letra y espíritu, y sin distinción, los mecanismos previstos por la Carta Democrática Interamericana para la preservación y defensa de la democracia representativa, reiterando el rechazo al uso de la violencia para sustituir a cualquier gobierno democrático en el Hemisferio.
  1. Respaldar la iniciativa del Gobierno de Venezuela de convocar de inmediato a un diálogo nacional, sin exclusiones, y exhortar a todos los sectores de la sociedad venezolana para que participen en el mismo, con sus mejores y más decididos esfuerzos a fin de lograr el pleno ejercicio de la democracia en Venezuela, con pleno apego a la Constitución, y tomando en cuenta los elementos esenciales de la democracia representativa contenidos en los artículos 3 y 4 de la Carta Democrática Interamericana.
  1. Alentar al Gobierno y a todos los sectores sociales e instituciones de Venezuela, a desarrollar sus actividades respetando el estado de derecho, así como a la búsqueda de la reconciliación nacional”.

 

Esta Asamblea general Extraordinaria instruyó al Consejo Permanente para que presentase un informe global en el periodo ordinario de sesiones que se celebró en Bridgetown, Jamaica, el 4 de junio. A esta Asamblea de Junio (la sesión anual más importante del máximo ente de la OEA), nuestra delegación propuso una Declaración sobre la democracia en Venezuela, en apoyo al régimen constitucional. Sin embargo, otras delegaciones, particularmente la de EEUU, parecían insistir en acusar al gobierno venezolano de violentar algunas disposiciones de la CDI, tales como la separación de los poderes públicos y la libertad de expresión. Esta era la posición que los sectores conspiradores habían divulgado en sus viajes conspirativos a los EEUU y que ahora pretendían retomar. Para sorpresa de muchos, el Canciller Chaderton se estrenaba con una acción de lujo ante la OEA y los Estados Unidos ceden en su posición,  trayendo como resultado una Resolución unánime del siguiente tenor:

DECLARACIÓN SOBRE LA DEMOCRACIA EN VENEZUELA

CONSIDERANDO que Venezuela es un país de una profunda y comprobada vocación democrática;

CONSIDERANDO que el 11 de abril del 2002, hubo una grave alteración del orden constitucional y una ruptura de la democracia;

Resuelve:

 1. Reiterar la disposición de la OEA de brindar el apoyo y la ayuda que el Gobierno de Venezuela requiera para la consolidación de su proceso democrático.

2.  Reiterar nuestra determinación a continuar aplicando, sin distinción y en estricto apego a la letra y espíritu de la Carta Democrática Interamericana, los mecanismos previstos en la Carta Democrática Interamericana para la preservación y defensa de la democracia representativa, reiterando el rechazo al uso de la violencia para reemplazar cualquier Gobierno democrático en el Hemisferio;

3.  Alentar al Gobierno de Venezuela a que explore las posibilidades  que ofrece la OEA, en la promoción del diálogo nacional que actualmente se desarrolla en Venezuela, convocado por el Presidente Hugo Chávez Frías, en aras de profundizar la reconciliación nacional;

4. Reconocer y acoger la decisión unánime de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela de conformar una Comisión de la Verdad para investigar los hechos de violencia, con la consiguiente pérdida de vidas humanas entre el 11 y el 14 de abril del 2002, considerando que este esfuerzo contribuye a la transparencia del ejercicio democrático.

Es propicio recordar que a lo largo y ancho del globo, diversos Estados y Organizaciones internacionales se pronunciaron a favor de la democracia en Venezuela, reconociendo el innegable Golpe de Estado de abril y haciendo votos por el diálogo y cese de la confrontación política en el país. El Centro Carter, fue invitado a por el gobierno para fungir como facilitador del diálogo con la oposición democrática, sin embargo, tras diversas visitas de sus comisionados y de los esfuerzos directos del propio ex Presidente James Carter en julio, los miembros de la oposición se negaron a sentarse en una misma mesa de conversaciones con el gobierno. Elemento este, que también debe causar sorpresa en ese mundo con nos observa con detenimiento y curiosidad.

También nos visitaron los miembros de la Organización No Gubernamental Internacional Human Rights Watch, cuyas conclusiones durante su estadía en Venezuela son aleccionadoras. Esta Organización no se ha cracterizado por su benevolencia con el gobierno de Venenzuela en el pasado, más sin embargo, lo que está a la vista no amerita anteojos. Su representante, José Miguel Vivancos, nos dejó expresiones como la siguiente:

“De romperse el orden constitucional y democrático y en esto no hay que ser magos, no hay que ser alquimistas para entender que rompiéndose el orden constitucional, eso es sinónimo de la Ley de la Selva... es que no es -posible que por ejemplo, lo ocurrido en Venezuela no sea calificado en términos simples, puros y simples y en términos honestos, como un golpe de estado y que tampoco es posible que haya sectores de venezolanos que no estén de acuerdo que lo que viven es una democracia y hay que preservarla”.

 

“Yo creo que la Comunidad Internacional, creo que especialmente los Estados Unidos, podrían jugar un rol muy constructivo en este proceso. De paso les advierto que a nuestro juicio los Estados Unidos cometieron un grave error al no condenar inmediatamente el golpe de estado y en lugar de eso, intentar más bien justificarlo. Eso no sólo fue malo para Venezuela, sino que creo que especialmente fue muy negativo desde el punto de vista de la credibilidad de los Estados Unidos”.

El 31 de julio, comenzó en nuestro país el revuelo por el rechazo de la ponencia del Magistrado Martínez, que contemplaba la apertura de un antejuicio de mérito contra cuatro de los militares Golpistas. Para nosotros, para el mundo, fue una sorpresa. Menos para nosotros, sin embargo, pues sabíamos cuál es el origen del nombramiento político de los Magistrados. Designado un nuevo ponente, el resultado era el mismo, la decisión era irreversible. Nos costó mucho el error político del 2000. La ponencia del Magistrado Arriechi y la decisión del TSJ, si tomaron desprevenidos al mundo entero. Por ello los titulares de prensa a los que antes hacíamos referencia. Paradójicamente, el 14 de agosto, mientras en Caracas se tomaba semejante decisión jurídica, más  no justa, de nuevo en el seno de la OEA nuestro representante, Jorge Valero, lograba que una vez más el Consejo Permanente reiterase el apoyo al proceso democrático venezolano y las iniciativas de diálogo nacional:

“APOYO AL PROCESO DE DIALOGO EN VENEZUELA.

EL CONSEJO PERMANENTE DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS,  CONSIDERANDO que el Gobierno de Venezuela, mediante comunicación enviada por el Vicepresidente de la República José Vicente Rangel, al Secretario General de la OEA César Gaviria, expresa su disposición de buscar un mecanismo consensuado de acercamiento entre el Gobierno, los diferentes actores de oposición y otros sectores de la vida nacional, el cual incluiría la designación de una o varias personas calificadas en el ámbito internacional, que faciliten el diálogo y la búsqueda de acuerdos democráticos en el marco de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela;

            TENIENDO EN CUENTA que, en carta enviada al Secretario General César Gaviria, sectores de la oposición en Venezuela, agrupados bajo el nombre de Coordinadora Democrática de Venezuela, expresaron su agrado con la propuesta de la OEA, el PNUD y el Centro Carter y su interés de que éstos desarrollen dicha propuesta;

RESUELVE:

 2. Saludar la iniciativa del Gobierno de Venezuela de impulsar y realizar un proceso de diálogo que cuente con la participación de todos los sectores del país y con el apoyo de la comunidad internacional.

3. Respaldar los buenos oficios realizados en Venezuela por la Organización de los Estados Americanos, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Centro Carter, alentándoles a que continúen estos esfuerzos.

4.  Alentar al Gobierno y a todos los sectores de la oposición, así como los sectores sociales e instituciones de Venezuela para que a través del diálogo, y en estricto apego a la Constitución de la República, se logre la reconciliación nacional que tanto espera el pueblo venezolano y la comunidad internacional”.

 Volviendo al inicio de estas palabras, recordando los titulares de prensa del mundo que aseguraban de manera dialéctica que en Venezuela “los Militares Golpistas habían sido sobreseídos”, consideramos pertinente traer a colación estas geniales expresiones del canciller ante la OEA el 19 de agosto, tratando, como ya apuntamos, de explicar lo inexplicable:

“Ocurre que en nuestra tierra mágica tuvimos un Presidente secuestrado sin captores, encarcelado sin carceleros, unas autoridades auto juramentadas sin usurpadores, parlamentarios, gobernadores y alcaldes atrapados y aporreados sin linchadores, es decir, responsabilidades sin responsables, asaltos sin asaltantes y violaciones sin violadores. Cómo entonces sorprendernos invirtiendo la lógica de esa secuencia, al encontrar a jueces sin justicia? No hay responsables. No hay responsabilidades. Sólo fantasmas en la enfebrecida fantasía garciamarquiana”.

En perfecta concordancia con estas ideas de nuevo citamos al Director de Human Rights Watch, José Miguel Vivancos, quien desde el exterior es más objetivo y veraz que muchos de nuestros compatriotas:

“Es  lamentable, pero el Tribunal cedió a las presiones políticas.” “Esta  decisión va contra el sentido común. No se necesita hacer un análisis muy entreverado ni se requiere una interpretación demasiado profunda para saber que fue una decisión política y no jurídica. Eso está en el ambiente”. “Así nos parezca injusto o una decisión política y no jurídica, debe ser cumplida”. “El más perjudicado en todo esto es el mismo Poder Judicial. La oposición  ahora cree que tiene al TSJ en el bolsillo y que puede “contar” con él. Para  quienes no comparten el fallo, pierden fe en la institución”.

 Así pues, en Venezuela nos hemos visto en la obligación de darle explicaciones al mundo de cómo un Golpe no tiene golpistas, autores, ni materiales, ni intelectuales. La sentencia es cosa juzgada, es definitiva. Si alguna revisión puede realizarse en la Sala Constitucional, o si existe alguna manera de anular la Sentencia, debe hacerse en la jurisdicción nacional. Aquellas propuestas de apelar para revisar una sentencia firme de nuestro máximo tribunal, son inaceptables y violentan, aunque suene paradójico nuestra soberanía. No obstante, la divulgación del texto de la sentencia alrededor del mundo, es una herramienta válida para demostrar la incoherencia jurídica de la misma; para que al menos se reían, con base y con resaltadores. Si corresponde, en la nueva Ley del TSJ, evitar que se repitan experiencias semejantes y aumentar el número de magistrados, así como las exigencias en los requisitos para su designación.

Las víctimas del 11, 12 y 13 de abril, los familiares de quienes fallecieron o fueron heridos en Puente Llaguno, en cualquier parte de la ciudad durante ese aciago fin de semana pueden, sin embargo, precisamente en su carácter de víctimas, pueden solicitar antejuicios de mérito contra los militares golpistas. Cualquier ciudadano y el mismo Fiscal General pueden intentar nuevas acusaciones, la verdad es que la lista de cargos potenciales es larga.

Por otra parte, aunque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte, sólo abarcan los asuntos referidos a los Estados parte, si partimos del hecho que el 12 y 13 de abril decenas de venezolanos fallecieron y centenas fueron heridos en hechos violentos propiciados por algunos cuerpos de mantenimiento del orden público; si partimos del hecho de que sí hubo un Golpe de Estado y que esos dos días el gobierno y los efímeros gobernantes que dirigieron el Estado son responsables por esos hechos, le recomendamos a las víctimas acudir, bajo el artículo 44 de la convención Interamericana sobre Derechos Humanos, a denunciar la violación de sus derechos fundamentales por parte de ese gobierno de facto. Este artículo estipula:

Artículo 44: Cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o más Estados miembros de la Organización, puede presentar a la Comisión peticiones que contengan denuncias o quejas de violación de esta Convención por un Estado parte”.

 

Esto en consonancia con el Artículo 8 de la CDI que establece que “cualquier persona o grupo de personas que consideren que sus derechos humanos han sido violados pueden interponer denuncias o peticiones ante el sistema interamericano de promoción y protección de los derechos humanos conforme a los procedimientos establecidos en el mismo”.

Para el caso específico del Golpe de Estado del 11 de abril, no podemos apelar a la nueva Corte Penal Internacional, pues precisamente ese día se alcanzaron las 60 ratificaciones legislativas necesarias, y el Estatuto de Roma entró en vigor el 1ro de julio de 2002, y sus disposiciones no son retroactivas.  La CPI será una corte permanente que investigará y llevará ante la justicia a los individuos, no a los Estados, responsables de cometer las violaciones más graves al derecho internacional humanitario: genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad y una vez que sea definida, la agresión.

A diferencia de la Corte Interamericana que resuelve sobre el cumplimiento de las obligaciones de los Estados Partes, surgidos de la Convención Americana de Derechos Humanos, la CPI establecerá la responsabilidad penal individual; y, a diferencia de los Tribunales Penales Internacionales para Ruanda y la Antigua Yugoslavia, creados por resolución del Consejo de Seguridad, su jurisdicción no estará cronológica o geográficamente limitada.

En todo caso, si llegasen a ocurrir, Dios no lo quiera, eventos golpistas, semejantes a los del 11 de abril, ya podríamos estar hablando de un “ataque generalizado y sistemático” contra un grupo de la población, por lo que pudiésemos acusar a sus protagonistas por crímenes de lesa humanidad.

Esperamos sin embargo, que imperen el diálogo y la convivencia en el marco de esa Constitución que nos dimos legítimamente. Esperamos que, con, o sin la ayuda de las organizaciones internacionales, los venezolanos podamos debatir nuestras diferencias, trabajar sobre nuestras convergencias y aceptar las reglas de la democracia. El diálogo es un camino largo, denso, pero que de dar resultados puede desembocar en una verdadera revolución. Aspiramos que las vías electorales, los referenda revocatorios, redefinan los actores democráticos y que el clima político amaine para poder generar la confianza económica y la justicia social que necesitamos. Dos cosas si sabemos, aunque algunos países se hagan los ciegos o los sordos intencionalmente, la mayoría del sistema internacional sabe muy bien lo que ocurrió en Venezuela y así como condenaron el Golpe Militar, estamos seguros que condenarán cualquier intento por ejecutar un Golpe disfrazado de institucionalidad. Por otra parte, debemos hallar soluciones legítimas, legales y realistas para reivindicar a la justicia con el pueblo de Venezuela y, por extensión, con el mundo, que no sale de su asombro ante tantas contradicciones y tanta ceguera institucional. Si el sistema interamericano e internacional, si los medios de comunicación internacionales nos ayudaron el 11 A, no dudemos en que eso volverá a ser así, pues los recientes acontecimientos no han hecho más que despertar la inquietud y la búsqueda de la verdad del mundo sobre lo que ocurre en Venezuela.

En el marco del diálogo nacional, quisiéramos cerrar con una cita del Mahatma Gandhi, el más trascendente de los diplomáticos, de los pacifistas y de los humildes.

“La no – violencia debe tener sus raíces en el amor. Su objeto no puede ser castigar al oponente o hacerle daño. Incluso cuando no cooperamos con él, debemos hacerle sentir que en nosotros él tiene un amigo y debemos tratar de alcanzar su corazón ofreciéndole servicio  humanitario siempre que sea posible”.

JORGE ARREAZA MONTSERRAT

Internacionalista



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Jorge Arreaza M.

Ex-vicepresidente de la República. Ex-viceministro de Ciencia y Tecnología, y ex-presidente de la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho (Fundayacucho).

 jorgearreaza@gmail.com      @jaarreaza

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