El 10 de enero, Nicolás Maduro tomó posesión de la presidencia de Venezuela ante la Asamblea Nacional, de acuerdo con el artículo 231 de la Constitución. Este evento dio inicio a su tercer mandato consecutivo, en medio de intensas disputas sobre la legitimidad de los resultados electorales. La presión de organismos y gobiernos extranjeros demandó un recuento de votos que garantizara transparencia y verificación. No obstante, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) desestimó las apelaciones constitucionales de María Alejandra Díaz y Enrique Márquez, ex candidato presidencial, confirmando la victoria de Nicolás Maduro. La ceremonia de inauguración fue presenciada únicamente por los presidentes Miguel Díaz-Canel de Cuba y Daniel Ortega de Nicaragua. Cerrando los tiempos políticos electorales
La oposición, que no optó por recurrir a los mecanismos constitucionales disponibles, terminó por desvanecer su estrategia de provocar una fractura dentro de las Fuerzas Armadas, lo cual no se materializó. De este modo, Maduro da arranco un nuevo ciclo en la lucha de clases y en la evolución histórica del proyecto político del chavismo.
La ceremonia de toma de posesión se desarrolló en un entorno caracterizado por un notable despliegue de fuerzas policiales y militares, así como la presencia de grupos colectivos y milicianos. Movilizaciones de las estructuras del psuv, detenciones arbitrarias y un continuo acoso policial hacia líderes políticos y representantes de organizaciones de derechos humanos. Entre los detenidos se encuentra Enrique Márquez, ex candidato presidencial del partido Centrados y exvicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE). Igualmente, Juan Barreto, exalcalde metropolitano, y la abogada María Alejandra Díaz también fueron objeto de hostigamiento por parte de las fuerzas de seguridad, que establecieron una notable presencia militar cerca de sus hogares. Además, se reportaron detenciones de familiares de miembros.
Mientras en el mundo virtual de las redes sociales se esperaba algo como una confrontación en las calles que podría resultar en un pronunciamiento militar, rebelión civil, la suspensión de la toma presidencial para un nuevo período de Nicolás Maduro, con la llegada abrupta de Edmundo González, con el apoyo de la derecha proimperialista de la región, los expresidentes de Estado integrantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA) y las groseras pretensiones injerencistas de los Estados Unidos y de la Unión Europea. Con la fallida movilización opositora del 9 de enero y el simulacro de detención de María Corina Machado, paso a ser otro fracaso más para la derecha extremista.
La administración Biden ha condenado la investidura de Nicolás Maduro, aumentando la recompensa que Estados Unidos ofrece por su captura. También se han impuesto sanciones a ocho altos cargos venezolanos por su liderazgo en organismos económicos y de seguridad. Sin embargo, el gobierno se ha abstenido de anular las licencias que permiten a ciertas petroleras operar en el país. Aun así, Venezuela sigue a la espera de la política de Trump en relación con el gobierno de Maduro.
En medio de esta crisis política, la presión del imperialismo ejercida a través de sanciones económicas impuestas por Estados Unidos y naciones europeas. El nuevo modelo económico de Maduro se ha vuelto extremadamente neoliberal y aperturista, con la dolarización, el aplanamiento salarial y la exoneración de impuestos para los sectores económicos y transnacionales más privilegiados. Además, se ha llevado a cabo la transferencia de activos en secreto, amparados por la Ley Antibloqueo, lo que ha permitido cambios en la estructura accionarial de las empresas mixtas de hidrocarburos y ha llegado incluso a niveles de "socios" mayoritarios o dueños directos, lo cual va en contra de la propia Ley Orgánica de Hidrocarburos y se enmarca dentro de las privatizaciones en el sector petrolero. Millones de trabajadores y sectores populares han visto cómo sus condiciones de vida se han destruido, sumergiéndolos en las condiciones más precarias en los 25 años del gobierno bolivariano.
La nueva etapa.
La proclamación de Maduro fue empleada por el presidente para iniciar su propia contraofensiva política. En su discurso, abordó la convocatoria a las próximas elecciones de alcaldías, gobernaciones y la renovación del parlamento venezolano.
En línea con el anuncio para implementar la reforma constitucional que actualice los postulados de la Constitución en relación con la nueva economía y fomente la democratización del estado. Su mensaje de rendición de cuenta ante la asamblea nacional. Maduro firmo el decreto para la designación de una comisión nacional para la reforma constitucional, que estará presidida por el actual fiscal de la República, Tarek William Saab, para lo cual firmó un decreto. La vicepresidenta Delcy Rodríguez, el diputado de 2020, Herman Escarrá y Celia Flores.
En la actualidad, la constitución bolivariana representa una limitación para el presidente Maduro. Mediante la reforma, el gobierno busca establecer un nuevo "pacto social" que incluya la participación de diversos actores, como empresarios y opositores políticos. El objetivo es proporcionar un marco constitucional al retroceso iniciado por Nicolás Maduro; la atención se centra en la revisión de la Ley Orgánica del Trabajo, con el propósito de ajustarla a las exigencias del sector empresarial, que ha solicitado su modificación como requisito para el incremento de los salarios.
La estrategia de Maduro respecto a la reforma democrática del estado parece enfocarse en limitar la participación política, al tiempo que intenta consolidar el "Estado comunal" como un medio para ejercer control y cooptar el movimiento popular. Esta reforma podría conducir a la creación de un régimen de partido único, que se caracterizaría por una supuesta democracia popular directa, en la que únicamente el madurismo y sus aliados tendrían acceso al poder político, restringiendo de este modo las libertades fundamentales propias de la democracia liberal.
En la Coordinadora Nacional Autónomo Independiente de Trabajadores (CAIT), subrayamos la relevancia de respetar la Constitución y las leyes para salvaguardar las libertades democráticas alcanzadas en la constitución bolivariana. Los derechos de reunión, huelga, protesta y participación electoral están intrínsecamente ligados a las reivindicaciones de la clase trabajadora. Es vital prepararse para un nuevo ciclo que comenzó el 10 de enero, considerando un cambio significativo en la situación nacional en un contexto global complicado. La prioridad debe ser la lucha por un polo de resistencia independiente y la creación de una referencia política que defienda los intereses de los trabajadores