La indigencia que hoy agobia al trabajador universitario, se inscribe en la crisis sistémica del capital que en Venezuela, se expresa en la confrontación de dos bloques políticos de derecha, cuyos liderazgo encabezan, por una parte, el opositor Juan Guiadó, sostenido y financiado por el imperialismo de los EEUU y sus aliados, y por la otra, el progresismo neoliberal del PSUV y su liderazgo visible el presidente Nicolás Maduro, apuntalado por la entente China, Rusia, Irán. Ambos bloques pelean el control de la riqueza territorial Estado venezolano, pero con un programa común: la apropiaciónón fraudulenta de la renta generada por la naturaleza; la precarizaciónón absoluta del salario de la clase trabajadora y la eliminaciónón del Estado de Derecho, este último expresado en la Constituciónón de 1999. Es una quimera, un sueño de virgen loca, que los trabajadores esperen de ambos bloques soluciones a la situaciónón de depauperaciónón de sus condiciones de vida que ellos mismos como dupla del capital establecieron. Por consiguiente, las respuestas remediales a tan dantesca realidad laboral, tienen que surgir de la lucha clasista de los propios trabajadores. En ella se inscribe, la exigencia de restituir de inmediato el Estado de Derecho, entendido éste, segúnún criterio de los estudiosos constitucionalistas, como "aquel cuyo poder y actividad están regulados y controlados por la ley. Su autoridad deriva de la voluntad general del pueblo. Se caracteriza por su sujeciónón al imperio de la Ley. Respeta la separaciónón de poderes, ninguno pesa más ni influye sobre los otros. La administraciónón estáá obligada a actuar de acuerdo como establece la ley y está sujeta al control judicial y, finalmente, todos los funcionarios, desde el presidente hacia abajo, respetan el ejercicio de las garantías constitucionales por parte de los ciudadanos y lo aseguran poniendo la maquinaria estatal al servicio de quienes se sientan lesionados en sus derechos..." Contrariamente, la actual administración del primer magistrado nacional Nicolás Maduro, ha hecho de todos estos elementos teóricos y conceptuales letra muerta y los derechos laborales que los venezolanos en luchas de años habían alcanzado, desaparecieron como por arte de magia. La Constituciónón de la República Bolivariana de Venezuela refrenda, en su artículo 91: "Todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para si y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales. Se garantizará el pago de igual salario por igual trabajo y se fijará la participaciónón que debe corresponder a los trabajadores y trabajadoras en el beneficio de las empresas. El salario es inembargable y se pagará periódica y oportunamente en moneda de curso legal, salvo la excepción de la obligación alimentaria, de conformidad con la ley. El Estado garantizará a los trabajadores y trabajadoras del sector y del sector privado un salario mínimo vital que será ajustado cada año, tomando como una de las referencias el costo de la canasta básica. La ley establecerá la forma y el procedimiento".
Sin embargo, esto ni se acerca a la realidad que vivimos. Decir lo contrario, es una descarada y vergonzosa ratificación del impune atropello que se comete contra la clase trabajadora de nuestro país y una abierta violación del Estado de Derecho laboral que la administración que dirige el presidente Nicolas Maduro eliminó de la noche a la mañana de un plumazo, llevándose por delante todas las conquistas que los trabajadores habían alcanzado en sus luchas históricas contra sus tradicionales enemigos de la burguesía, aliada irrenunciable de los intereses del capital protegidos por gobiernos cipayos al servicio de los poderos. El actual gobierno borró de plano el artículo 89 constitucional que claramente define al trabajo como un hecho social y que por consiguiente "...gozar de la protección del Estado" y que por esa razón la "...ley dispondrá lo necesario para mejorar las condiciones materiales e intelectuales de los trabajadores y trabajadoras." Sin dudas, las políticas oficiales en materia laboral y la norma transcrita, están diametralmente opuestas y siguen alejándose una de otra de forma acelerada. Pero no conforme con este comportamiento gubernamental totalmente alejado del derecho y de los fundamentos que rigen un Estado democrático popular, eliminó los principios de: 1.- Ninguna Ley podrá establecer disposiciones que alteren la intangibilidad y progresividad de los derechos y beneficios laborales...2.-Los derechos laborales son irrenunciables. Es nula toda acción, acuerdo o convenio que implique renuncia o menoscabo de estos derechos. Solo es posible la transacción y convencimiento al término de la relación laboral, de conformidad con los requisitos que establece la Ley. 3-Cuando hubiere dudas acerca de la aplicación o concurrencia de varias normas, o en la interpretación de una determinada norma, se aplicará la mas favorable al trabajador o trabajadora. La norma adoptada se aplicará en su integridad. 4.-Toda medida o acto del patrono o patrona contrario a esta constituciónón es nulo y no genera efecto alguno." Finalmente, el artículo 96 de la misma Constituciónón de la República Bolivariana refiere: "Todos los trabajadores y trabajadoras del sector público y privado tienen derecho a la negociación colectiva voluntaria y a celebrar convenciones colectivas de trabajo, sin más requisitos que los que establezca la ley. El Estado garantizará su desarrollo y establecerá lo conducente para favorecer las relaciones colectivas y la solución de los conflictos laborales. Las convenciones colectivas ampararán a todos los trabajadores y trabajadoras activos y activas al momento de su suscripciónón y a quienes ingresen con posterioridad". Asimismo, produjo la desaparición de los derechos de sindicalización consagrado en el artículo 95 y el de huelga en el 97. De manera que estamos en medio de un sistema de gobierno neoliberal, con un comportamiento de nuevo tipo, históricamente inédito, cuya publicidad y manejo conductual inhumano de las necesidades de las personas, hace que en apariencia, derivada de su discurso, sea percibido como un proceso político de transformaciones socioeconómicas profundas en favor de los trabajadores, cuando en realidad y de acuerdo a los resultados de su práctica político-social, es todo lo contrario.
La recuperación urgente del estado de derecho como piedra angular de la redención salarial del trabajador universitario, debe ir acompañada de un paquete de medidas económicas necesarias para lograr el cometido perseguido. Entre estas medidas son de inexorable necesidad las siguientes:
1.-LA RECUPERACIÓN DEL VALOR DE NUESTRO SIGNO MONETARIO, a fin de quietarle a la burguesía el manejo del diferencial cambiario como expediente que ha utilizado para apropiarse de la renta petrolera.
2.-LA INDEXACIÓN SALARIAL AL PETRO como medida perentoria para frenar la hiperinflación que acogota al trabajador venezolano.
3...INTERPELACION A PDVSA para arrancarla de las garras neoliberales y ponerla a defender la valorización de nuestro principal recurso natural-
4.-RACIONALIZAR EL CONSUMO INTERNO DE HIDROCARBUROS, estableciendo un precio para los mismos que permita no solamente cubrir sus costos de producción, sino también, obtener un excedente que alimente el salario del trabajador público.
5.- REFUNDAR LA PETROQUÍMICA con la finalidad de no seguir exportando materia prima sino productos derivados del petróleo, lo que potenciara la obtención de la renta internacional hidrocarburera.
6.- PAGAR PARTE DEL SALARIO EN ESPECIE, lo que unido a la indexación salarial permitiría darle un corte violente a la precarización del ingreso de los trabajadores.
7.-PAGO DE PRESTACIONES CON BIENES INMUEBLES, lo que redundaría no solamente en una reactivación del sector de la construcción, sino que permitiría también la valorización de las prestaciones sociales.
8.- FRENAR LA VENTA DE DÓLARES BARATOS A LA BURGUESÍA y en su lugar, instaurar un sistema de protestamos en divisas al capital, a través de un fondo integrado por funcionarios gubernamentales y de la clase obrera organizada-
9.-IMPULSAR UNA REFORMA FISCAL PROGRESIVA . Ante los obscenos márgenes de ganancia del capital en Venezuela, se impone una reforma fiscal que se encarrile hacia una justa distribución del ingreso en el país, facilitando de paso, excedentes financieros para cubrir los salarios del trabajador criollo.
10.-DEFENDER UNA POLITICA PETROLERA POPULAR Y NACIONALISTA que garantice la plena soberanía nacional sobre nuestra riqueza hidrocarburera y el incremento de la renta del suelo internacional, tal como fue expuesta en el Plan Patria 2013-2019, entregado por el comandante Chávez en su última campaña electoral presidencial.
Ante el pírrico y burlón incremento salarial decretado por el presidente Maduro el 01-05-202, quedando el sueldo mínimo en 3,44 dólares, muy por debajo del salario mínimo de Haití( US$ 83), siendo del país más pobre de América y el de Cuba(US$ 87) con sesenta años de bloqueo económico yanqui; los trabajadores universitarios venezolanos debe ir a la calle a reclamar pacíficamente lo que dispone nuestra Constitución en el art. 91.