Considerando
Que la campaña de sabotaje económico y de psicoterror iniciada por sectores conspirativos el 2 de diciembre de 2002, ha tenido por objeto violentar el estado de derecho, violar la Constitución vigente y desconocer la voluntad popular con el propósito de derrocar al gobierno constitucional.
Que los actos de sabotaje económico han arrojado cuantiosos daños patrimoniales a Petróleos de Venezuela, empresa propiedad de todos los venezolanos, asi como a innumerables empresarios y trabajadores del país.
Que los actos de sabotaje dirigidos a lograr la paralización forzosa de parte del aparato productivo del país ha generado una sensible desaceleración en el comportamiento del producto Interno Bruto, con las secuelas inevitables de reducción de la producción de bienes y servicios y el aumento del desempleo.
Que la campaña de psicoterror y de sabotaje económico ha causado serios perjuicios a las actividades cotidianas de la población nacional, especialmente de los niños, adolescentes y jóvenes estudiantes.
Que la campaña de psicoterror y de sabotaje económico ha incrementado el clima de confrontación violenta en el país.
Que se ha suscrito la Declaración contra la Violencia, Por la Paz y la Democracia, plenamente respaldada por el MVR, en el seno de la Mesa de Diálogo, con los auspicios de la ONU, la OEA y el Centro Carter, cuyo número 8 establece: "Dedicaremos nuestro esfuerzo a trabajar y desarrollar temas conexos al fundamental que se contiene en la presente declaración..", siendo uno de tales temas la lucha contra la impunidad y el fortalecimiento del sistema de justicia.
Que los señores Carlos Fernández y Carlos Ortega, son responsables, junto con otros ciudadanos, de la campaña de sabotaje económico y psicoterror desatada contra la población venezolana, por lo que han incurrido en diversos delitos tipificados en la legislación del pais.
Que sectores comprometidos con los señores Ortega y Fernández han desatado una despiadada campaña de vilipendio, injuria, difamación y calumnia contra representantes del poder Ciudadano, en particular del Ministerio Público, y del poder Judicial, pretendiendo con ello intimidar a los representantes de dichos poderes para mantener blindada la impunidad con que venían actuando los señores Fernández y Ortega.
Acuerda
Reiterar en forma categórica su indoblegable resolución en la defensa del estado de derecho, la vigencia de la Constitución y de los poderes legítimamente constituidos, bajo el mandato del Artículo 333 de la Carta Magna.
Reafirmar el rechazo a la campaña de sabotaje y psicoterror desatada contra Venezuela, asi como la necesidad de que sean castigados bajo el imperio de la ley todos los responsables de la misma.
Expresar nuestro acatamiento y apoyo a la acción del Ministerio Público y del poder Judicial contra los señores Carlos Fernández y Carlos Ortega, por haber incurrido en delitos contra los intereses de los venezolanos y las venezolanas, en particular lo referido al daño patrimonial causado a Pdvsa.
Exigir que el proceso judicial contra los señores Fernández y Ortega esté libre de prejuicios y privilegios, es decir, a la vez que se le garanticen, como se está haciendo, el derecho a la defensa y al debido proceso, se le apliquen las normas legales como a cualquier ciudadano que haya incurrido en delito.
Demandar que también sean procesados los demás responsables de los delitos cometidos contra Venezuela en el marco de la ya referida campaña de psicoterror y sabotaje económico.
Rechazar la campaña orquestada contra representantes de los poderes Ciudadano y Judicial, y brindarle a las víctimas de la difamación, la injuria, el vilipendio y la calumnia nuestro respaldo moral.
Caracas, 20 de Febrero de 2002
Comando Táctico Nacional del MVR