Falsos positivos y falsos deportados

El pasado martes, iniciando septiembre, al ver por televisión al Presidente Santos en su cadena nacional de radio y tv, pudimos apreciar a un Juan Manuel que ya no mostraba su cínica sonrisa que, a comienzos de la actual crisis fronteriza colombo-venezolana, se jactaba de decirnos que "Colombia no exporta pobreza sino que, por el contrario… genera prosperidad"; intentando, ridiculizar la denuncia y la decisión asumida entonces por el Presidente Nicolás Maduro del cierre de la frontera, en algunos municipios del Estado Táchira. Teníamos ahora ante nuestros ojos, un Santos demacrado con un rostro que destilaba odio, para nada el "hombre de leyes", cual Santander cualquiera, que bien, pretende presentarse ante el mundo. Se presentó ahora, un Santos amenazante y vulgar, reprochándole a las y los honorables embajadores de los países de la OEA el no haberlo apoyado en su pretensión de que se convocara a reunión de cancilleres para tratar la situación planteada; así, en burlesco y grosero tono, se refería a la decisión de la OEA: "Infortunadamente pudieron más la ideología y los intereses que las razones humanitarias", así ofende a la representación diplomática de nuestros países, a quienes llama "locheros", desatendidos de razones humanitarias; al quedarse en evidente minoría, obteniendo solo 5 votos para su propuesta y un rechazo contundente de 17 países, contrarios a su pretensión de convocatoria a cumbre de cancilleres. Sin desaprovechar la oportunidad para amenazar a nuestro pueblo con el coco de la Corte Penal Internacional; esa institución que, una y otra vez, se ha hecho la loca con respecto a los gravísimos crímenes cometidos por el Estado colombiano contra el pueblo colombiano. Y mientras Santos, mentía y mentía, como hecho curioso, se nos venía a la mente La Macarena, sí aquel pequeño poblado ubicado en la región del Meta, a solo 200 kilómetros de Bogotá. Pequeño poblado que, a comienzos de 2010, se estremecería por lo allí encontrado, nada más y nada menos, que una fosa común con infinidad de cadáveres. Como declarara el jurista Jairo Ramírez, secretario del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia: "Lo que vimos fue escalofriante (…) "Infinidad de cuerpos, y en la superficie cientos de placas de madera de color blanco con la inscripción NN y con fechas desde 2005 hasta hoy".

Desde años previos, las comunidades que allí residen alertaban sobre esa situación, habida cuenta las filtraciones putrefactas de los cadáveres en descomposición a las aguas de beber, denuncias en vano, pues la fiscalía se mostró impotente para investigarlas. Fue, gracias a las gestiones de sindicalistas colombianos y parlamentarios británicos, quienes investigaban sobre la situación de los DDHH en Colombia, que en diciembre de 2009, dieron con este horrible hallazgo. Los medios de comunicación colombianos, en cumplimiento al mandato de sus dueños, nunca informaron y si lo hicieron fue para distorsionar la realidad de los horribles hechos que tenían ante sus ojos. Importante considerar, como hechos resaltantes, que la Defensora de DDHH, Marisela García Uribe quien estuvo entre los denunciantes de tan horrible hallazgo, como represalia por su denuncia, fue detenida y producto de las torturas a las que fue sometida perdió los dos bebés que estaba esperando, hacía ya cinco meses. El 13 de septiembre de 2010, Marisela fue trasladada a la cárcel El Buen Pastor de Bogotá. Así pagaba Marisela, el haber hallado ese horrible hallazgo impropio de una Democracia, y atribuido entonces al grupo Omega del ejército colombiano. Por cierto, el Presidente era entonces, Álvaro Uribe Vélez, y su ministro de defensa, era nada más y nada menos, ese mismo personaje que este martes 1ro de septiembre, se rasgaba las vestiduras en nombre de la defensa de los derechos humanos del pueblo colombiano, según él, deportado y atropellado por el gobierno del Presidente Maduro, hablamos pues, sí, del señor Santos.

Otro hecho de sangre, vinculado con este caso, tiene que ver con Norma Irene Pérez, mujer de pueblo que realizaba labores a favor de los derechos humanos, agricultora, quien fue partícipe de la audiencia realizada sobre la fosa común de La Macarena, su cadáver apareció días después en la vereda La Unión, municipio La Macarena, con varios disparos, después de seis días de reportada como desaparecida. Por esos días, curiosamente, el mismísimo Uribe se acercó al fuerte militar de La Macarena, a pocos metros del lugar donde se encontró la fosa común y sentenció: "Aquí vinieron los enemigos de la Seguridad Democrática hace pocos días a alimentar calumnias contra el ejército de la Patria". Hecho que lleva al congresista Iván Cepeda, ante el asesinato de Norma, a afirmar: "Habíamos reclamado garantías y seguridad, y este hecho muestra que las garantías no se dieron y que las palabras del presidente Álvaro Uribe, señalando que quienes participamos en esa audiencia éramos voceros del terrorismo, han generado un ambiente propicio para que ocurran estos hechos de violencia". Así resolvía Uribe, sus diferencias con sus contrincantes políticos; esa era, su "seguridad democrática", tristes hora, vivió el pueblo hermano de Colombia.

La Macarena era a Uribe y su ministro de defensa, Juan Manuel Santos, lo que aquel campo de concentración, Auschwitz, fuera a Hitler, una bofetada a la Humanidad, a los Derechos Humanos. Para desviar la atención de tan abominable hallazgo, al dueto de Uribe y Santos, tuvieron que echar mano de su arsenal de falsos positivos y desviar la atención del pueblo colombiano hacia los linderos limítrofes con la República Bolivariana de Venezuela, pueblo que, nuevamente, fue objeto de una nueva agresión, siendo la OEA, el escenario bufo donde fueron a parar con su libreto de toda la vida: "Venezuela da cobijo a los terroristas de la FARC". Un escándalo tapa otro escándalo y, para ello, el bufón del imperialismo, Álvaro Uribe, creó los falsos positivos en complicidad con su ministro de defensa Juan Manuel Santos. Pero, chocaron con la dignidad del pueblo venezolano y, en especial, la gallardía de nuestro Comandante Chávez, quien los enfrentó con su valentía característica, muy propia de los hijos del Padre Libertador Simón Bolívar y, en la Cumbre de Presidentes del Grupo de Río se fue, sin medias tintas, contra el jefe paramilitar: "Sea varón. Estos temas se discuten en estos foros. Usted es valiente para hablar a distancia y cobarde para hablar de frente", le diría nuestro Comandante Infinito al bufón de la corte del imperialismo, quien se saldría con la suya, pues, desde entonces, no se habla más de La Macarena. Para el Santos reivindicador ahora de los Derechos Humanos, ese pequeño poblado del país bajo su mandato presidencial, sencillamente no existe, como tampoco, las miles de víctimas de sus falsos positivos.

Ya quisiera, la Corte Penal Internacional conocer de esos macabros hechos. La realidad de los Derechos Humanos en la Colombia de Pastrana, Uribe y, ahora Santos, están en punto muerto, en La Macarena. Como nos lo explica desde el Arauca, Excelino Martínez, quien llegó a esa región en los años cincuenta, desplazado por la guerra civil, con apenas un machete para tumbar selva y sembrar la tierra. En los setenta, se unió a otros campesinos y formó parte de las Organizaciones Sociales que reclamaban mayor atención del Estado colombiano. A finales de los ochenta, llegaron las petroleras yanquis a la zona y compraron todo. Al que no vendía, lo expropiaban. Se iniciaba así, toda una época de masacres, habían llegado al Arauca los paramilitares de Uribe, las detenciones masivas, represión contra el pueblo. Así fue que hizo presencia el Estado en el Arauca, de la mano del paramilitarismo. En vez de hospitales, armas y represión; en vez de escuelas y maestros, soldados, tropas y paramilitares. Bajo la acusación de terrorismo, fueron diezmando toda voz que osara desafiar la impunidad de la actuación gubernamental. El 13 de diciembre de 1998, un atentado con bomba en la vereda de Santo Domingo, provocó la muerte de 17 colombianos, entre ellos, 7 niños. El atentado el gobierno se lo adjudicó a la FARC, las investigaciones demostraron la responsabilidad del ejército en los criminales hechos, con asesoría de la Oxy Petroleum, que facilitó su pista de aterrizaje y los datos para el bombardeo. Uno de los hijos de Excelino murió en Santo Domingo, otro tuvo que huir desplazado a Bogotá, donde estudió y se graduó de ingeniero, "los paramilitares lo mataron en Pasto, no pude ni ir a recoger el cuerpo", cuenta Excelino con dolor. Su otro hijo, emigró a Venezuela, donde vive actualmente. Tras las fumigaciones con glisfosato, la mitad de sus cabras murieron y se quedó sin su plantación de plátano. Él siguió resistiendo en su tierra, hasta que la escalada de los conflictos entre la guerrilla y el paramilitarismo por el dominio de los campos, terminó por desplazarlo nuevamente. "Yo sé que mi destino es la muerte o la cárcel; pero que más, si voy para el otro lado, va ser más fácil eliminarme. Aquí, si me llevan preso, le avisan a mis compañeros. Y si me matan, me entierran y dicen que era un luchador, un terrorista", confiesa Excelino (Sudestada Nº70 - Julio 2008). No la ha tenido fácil el pueblo colombiano, en los regímenes de la oligarquía. En Colombia, fueron desplazados por la fuerza entre 1985 y 1999, alrededor de 392 mil hogares, una población estimada de 1.900.000 personas, de las cuales 1.100.000 se corresponden con menores de edad. El Sistema de Información de Hogares desplazados por Violencia en Colombia, precisa que, para 1998, el 12,72% de la población infantil corresponde a menores de 5 años, el 19,78% oscila entre 3 y 10 años, el 12,78% entre 11 y 14 años y el 9,03% tiene entre 15 y 18 años. Cifras que reflejan una realidad, que fue acentuándose en los años posteriores como consecuencia del conflicto armado; una realidad, que poco o nada reflejan los medios de comunicación de la oligarquía colombiana. Sin duda, un drama humanitario de grandes proporciones que, para los gobiernos de la oligarquía colombiana no existen, pues, muy poco cuentan los Derechos Humanos del pueblo pobre cuando no se está en campaña electoral. Esa es, la triste realidad de ese pueblo hermano.

Esa es la cruda realidad que ha vivido y, aún vive, el pueblo colombiano; ante la cual, no hay derecho humano que valga, pues es el pueblo pobre que reclama a los gobiernos de la oligarquía atención en salud, vivienda, empleos, educación. Dura realidad ante la cual, los gobiernos de la oligarquía, sus medios de comunicación, callan y voltean su mirada sobre la República Bolivariana de Venezuela, intentando lavar sus culpas. No podrán los enemigos de la Patria, quienes ahora nos amenazan con la Corte Penal Internacional, instancia judicial transnacional que, como dijera el hermano Presidente de Nicaragua, el Comandante Daniel Ortega, siempre solidario: "Ellos que no acatan el fallo. Van a cumplir tres años y no lo acatan. ¡Cumplan con el fallo! Y entonces tendrán alguna autoridad para poder hablar de ir a cortes internacionales". Cara dura, sin duda, el Presidente Santos. ¡Con que moral! Añadimos al comentario del hermano presidente nicaragüense.

Y, mientras en las alturas del poder se discute sobre Derechos Humanos, una nueva modalidad delictiva es detectada en la hermana república: "los falsos deportados", esos que, en mayor cuantía, difunden los medios de comunicación de las oligarquía colombiana y que los organismos policiales, ya comienzan a ponerle los ganchos. Como ocurriera en Cúcuta en un alberge de Bella Vista, se trata de Pedro Ortega Gelvez y José Israel Duque, quienes dormían en la carpa 80, desde el pasado 25 de agosto, donde recibían alojamiento, comida y vacunación, haciéndose pasar como deportados desde Venezuela. Ya han sido puestos a la orden de la Fiscalía, y les imputan los delitos de fraude de subvenciones, luego que las autoridades confirmaran que residen en Cúcuta con sus familias. Y como Pedro y José, cuántos más falsos deportados habrán?



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Henry Escalante


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