Artículo de The Washington Post de hoy, ya traducido al español

Una Pantalla Dividida para Venezuela rota por la huelga

Nota de Aporrea: Traducción de un artículo de The Washington Post de hoy.
Caminando alrededor de Caracas el mes pasado durante las protestas en curso en Venezuela, fui sorprendido por lo que vi. Mis expectativas habían sido formadas por la persistente cobertura de los medios de ESTADOS UNIDOS sobre la huelga nacional convocada por la oposición, la cual busca derribar al presidente Hugo Chávez. Con todo, en la mayoría de la ciudad, en donde viven los pobres y la gente de la clase obrera había pocas señales de la huelga. Las calles estaban apretadas con los compradores navideños; los trenes y los autobuses del metro funcionaban normalmente, y las tiendas estaban abiertas para el comercio. Solamente en el este, en los barrios más ricos de la capital, estaban los negocios cerrados sobre todo.



Ésta es claramente una huelga petrolera, no una "huelga general," como se le describe a menudo. En la compañía petrolera propiedad del gobierno, PDVSA, que controla la industria, la gerencia estaba conduciendo la huelga porque está en desacuerdo con el gobierno de Chávez. Aunque el 80 por ciento de los ingresos por exportaciones y mitad del presupuesto público de Venezuela dependen del petróleo y el gas, los trabajadores de esta industria representan una fracción minúscula de la mano de obra. Fuera de la industria de petróleo, es difícil encontrar trabajadores que estén realmente en huelga. Algunos han cerrado sus oficinas, en tanto dueños de los negocios -- incluyendo corporaciones extranjeras grandes McDonald y FedEx -- que han cerrado sus puertas en la apoyo de la oposición.



La mayoría de los americanos se parecen creer que el gobierno de Chávez es una dictadura, y que es uno de los gobiernos más represivos de América Latina. Pero estas impresiones son falsas.



No solamente Chávez fue elegido democráticamente sino que su gobierno es probablemente uno del lo más menos represivos de América Latina. Esto, es también fácil de ver en Caracas. Mientras que despliegan a las tropas del ejército para proteger Miraflores (el compuesto presidencial), hay poca presencia militar o de policía en la mayoría de la capital, lo cual es extraordinariamente raro en una situación política tan tensa y volátil. Nadie parece al menos un poco temeroso del gobierno nacional y a pesar de la seriedad de este último esfuerzo por derribarlo, nadie ha sido arrestado para sus actividades políticas.



Chávez ha sido renuente a utilizar el poder del estado para romper la huelga, a pesar del daño enorme a la economía. En los Estados Unidos, una huelga de esta clase -- una que causara un daño masivo a la economía, o una donde los trabajadores públicos o privados hicieran demandas políticas -- sería declarada ilegal. Sus participantes podrían ser despedidos, y sus líderes -- si persistieran en la huelga -- encarcelados por orden de la corte. En Venezuela, este asunto esta por decidirse. El Tribunal Supremo el mes pasado pidió a empleados de PDVSA regresar a trabajar hasta que decida sobre la legalidad de la huelga.



A cualquier persona que haya estado en Venezuela últimamente, la acusación de la oposición, que dice que Chávez "está convirtiendo al país en una dictadura Castro-comunista" -- repetida tan a menudo que millones de norteamericanos parecen ahora creerla -- son evidentemente absurdas.



Si algunos líderes tienen un propensión hacia la dictadura en Venezuela, son los de la oposición. El 12 de abril realizaron un golpe militar contra el gobierno elegido. Instalaron al jefe de la federación empresarios como presidente y disolvieron la legislatura y el Tribunal Supremo, hasta que protestas masivas y oficiales militares revirtieron el golpe dos días más adelante.



Oficiales militares levantados en la plaza de Altamira, llaman abiertamente a otro golpe. Es difícil pensar en otro país en donde tal cosa podría suceder. Los esfuerzos del gobierno de procesar a líderes del golpe fueron cancelados cuando el tribunal retiró los cargos en agosto. A pesar de la cólera de sus partidarios, algunos de los cuales perdieron a amigos y parientes el año pasado durante los dos días del gobierno golpista, Chávez respetó la decisión de la corte.



La oposición controla los medios privados, y ver la TV en Caracas es verdad una experiencia Orwelliana. Las cinco estaciones privadas de TV (hay un canal propiedad del gobierno) que llegan a la mayoría de los venezolanos, pasan propaganda anti-Chávez continuamente. Pero peor que eso: Son también desvergonzadamente deshonestos. Por ejemplo, el 6 de diciembre un pistolero supuestamente demente disparó a una muchedumbre de manifestantes de la oposición, matando a tres e hiriendo a docenas. Aunque no había evidencia que ligara al gobierno con el crimen, los creadores de noticias de la televisión -- armados con la cantidad de cuerpos sangrientos y de parientes afligidos -- fueron a trabajar inmediatamente para convencer al público de que Chávez fue el responsable. Rápidamente tras los disparos, ellos estaban emitiendo graneados cortes de video que supuestamente mostraban al asaltante asistiendo a una manifestación pro-Chávez.



Ahora considere cómo la gente en los barrios de Caracas ve a la oposición, una punto de vista escuchado raramente en los Estados Unidos: Conducida por los representantes del viejo orden corrupto, la oposición está intentando derrocar un gobierno que ha ganado tres elecciones y dos referendos desde 1998. Su golpe falló en parte porque centenares de miles de personas arriesgaron sus vidas tomando las calles para defender la democracia. Ahora está estropeando la economía con una huelga petrolera. Las clases altas están procurando simplemente ganar mediante el sabotaje económico lo qué no podrían y -- dado la rivalidad y el odio intensos entre grupos y líderes de la oposición –lo que todavía no puede ganar en la urna de balotas.



De otro lado, la división de clase, el conflicto es también considerado como un lucha por quién controlará y se beneficiará de las riquezas petroleras de la nación. Durante el cuarto de siglo pasado PDVSA ha aumentado a 50 mil millones de dólares las operaciones anuales, mientras que la renta del venezolano medio ha declinado y la pobreza ha aumentado más que en cualquier parte de América latina. Los miles de millones de dólares de utilidades de la compañía petrolera se podrían en cambio utilizar para financiar cuidado médico y la educación para millones de venezolanos.



Ahora agregue Washington a la mezcla: Los Estados Unidos, únicos en las Américas, apoyaron el golpe de estado, y antes de ello aumentaron su ayuda financiera a la oposición. Washington comparte las metas de aumento de la producción petrolífera de los ejecutivos de PDVSA, rompiendo las cuotas de la OPEP, a la vez que vendiendo la empresa a los inversionistas privados extranjeros. No sorprende entonces que el todo el conflicto sea considerado en gran parte de América Latina apenas caso en que Washington intenta derrocar un gobierno independiente, democráticamente elegido.



Esta visión desde los barrios parece plausible. La polarización de la sociedad venezolana, a lo largo líneas de clase y raciales, es evidente en las mismas manifestaciones. Las marchas de los pro-gobierno se llenan de los pobres y de personas de la clase obrera que son perceptiblemente más oscuros -- los descendientes de la gente indígena y de los esclavos africanos del país -- que las clases altas más costosamente vestidas de la oposición. Los partidarios de la oposición con la cual hablé desecharon estas diferencias, insistiendo que los seguidores de Chávez eran simplemente "ignorantes," y eran manipulados por un "demagogo."



Pero para muchos, Chávez es la mejo, y posiblemente la última esperanza, no sólo de una mejoría social y económica, sino para la democracia misma. En las manifestaciones pro-gobierno, la gente lleva las copias de bolsillo de la constitución 1999 del país, y los vendedores las ofrecen a la muchedumbre. Líderes de las varias organizaciones no gubernamentales con las cuales me reuní, quines ayudaron a bosquejar la constitución, tienen diversas razones para reverenciara: los grupos las mujeres, por ejemplo, debido a sus artículos contra la discriminación; y los líderes indígenas porque es la primera en reconocer los derechos de sus pueblos. Pero todos se ven como defensores de la democracia constitucional y las libertades civiles contra lo que describen como "la amenaza del fascismo" de la oposición.



Esta amenaza es bastante verídica. Los líderes de oposición no han presentado ninguna disculpa por el golpe de abril, ni por la detención y la matanza de veintenas de civiles durante los dos días del gobierno ilegal. Continúan levantados en la televisión llamando a otro golpe -- que, dada la profundidad del apoyo a Chávez, tendría que ser sangriento para lograr tomar el poder.



¿Dónde está parado ahora el gobierno de ESTADOS UNIDOS en la cuestión de la democracia en Venezuela? La administración Bush se unió a la oposición en tratar de aprovecharse de los disparos del 6 de diciembre para llamar a elecciones adelantadas, lo cual violaría la constitución venezolana. La misma administración se echó para tras la semana siguiente, pero a pesar de apoyar de labios para afuera las negociaciones con la mediación de la OEA, no ha hecho nada animar a sus aliados de la oposición para que busquen una solución constitucional o siquiera pacífica.



Dieciséis miembros del congreso enviaron una carta a Bush el mes pasado, pidiendole que él indique claramente que los Estados Unidos no tendrían relaciones diplomáticas normales con un gobierno instalado mediante un golpe de estado en Venezuela. Pero a pesar de su preocupación por la interrupción de las fuentes de petróleo venezolanas en la víspera de una guerra probable contra Irak, la administración de Bush no está todavía lista desistir de ninguna de sus opciones para el "cambio del régimen" en Caracas. Y -no asombrosamente- ninguna es la oposición venezolana.



Mark Weisbrot
Codirector del Centro para Investigación Económica y Política
Center for Economic and Policy Research, Washington D.C.


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Mark Weisbrot / Traducido por Héctor Mondragón

Mark Weisbrot es un economista estadounidense, con doctorado en la Universidad de Michigan. Es co-director del CEPR, Centro de Investigación Económica y Política en Washington D.C. (Center for Economic and Policy Research). http://www.cepr.net. También es presidente de la organización Política Exterior Justa (Just Foreign Policy).

 @MarkWeisbrot

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