Este domingo, 14,5 millones de venezolanos están llamados a acudir a las urnas para elegir a la nueva Asamblea Nacional. Todas las encuestas apuntan a una victoria contundente del Movimiento V República (MVR), partido del presidente de Venezuela, Hugo Chávez. La oposición, en un intento de deslegitimar esta victoria, ha decidido boicotear las elecciones.
Siete años han pasado desde que tres millones de venezolanos hicieron triunfar en unas elecciones democráticas a Hugo Rafael Chávez Frías, convirtiéndole con el 56% de los votos en presidente de Venezuela.
Siguieron otros nueve comicios, entre ellos un referéndum revocatorio, en el que 6 millones de votantes (59%) dijeron «no» al anticipado final de su presidencia. El domingo elegirán la nueva Asamblea Nacional y es posible que el partido de Chávez se acerque al 70%. La oposición ha tirado la toalla.
«A por los diez millones» es la consigna que desde principios de noviembre se escucha y lee en las calles de Venezuela. Los integrantes del «Movimiento V República» (MVR) se han marcado el objetivo que quieren lograr en las elecciones presidenciales de 2006. Las elecciones generales del 4-D probarán si Chávez y el MVR han ampliado y consolidado su base entre los 14,5 millones de ciudadanos que el domingo tienen el derecho a votar.
A principios de noviembre fue un instituto de encuestas, ligado a la oposición, el que barajó la posibilidad de que el MVR pudiera obtener el 70% de los votos. Eso significaría que los partidos opositores como la socialdemócrata Acción Democrática (AD), los democristianos COPEI y Primero Justicia (PJ) tendrán que repartirse junto con otros partidos el pastel del 30%. Que iban a fracasar de nuevo en su intento de acabar con Chávez y MVR se sabía desde hace tiempo.
LA oposicion, en declive
La razón de la debacle anunciada no se halla en el presidente sino en el hecho de que los partidos tradicionales AD y COPEI se deslegitimaron, no sólo por su política antes de 1998, sino, ante todo, por su apoyo a las fuerzas golpistas que causaron las matanzas del 11 de abril de 2002, preludio sangriento del golpe de Estado que mantuvo secuestrado a Chávez durante 48 horas hasta que la lealtad de altos oficiales como el general Raúl Baduel, en combinación de las movilizaciones populares, acabaron con la breve dictadura de Pedro Carmona Estanga, presidente de la patronal Fedecámaras. Acto seguido, las fuerzas opositoras sabotearon la industria petrolera en la navidad del 2002-2003. El «paro petrolero» causó unas pérdidas de 20.000 millones de dólares a la economía venezolana pero las bases cerraron filas con Chávez durante los tres meses. El bolivariano ganó el pulso e incluso sacó hacia adelante su política social con sus diversos programas: las denominadas misiones.
En 2004, la oposición, ya dividida en el no va más, perdió el referéndum revocatorio contra el mandatario. Tanto el Centro Carter como la OEA validaron la votación. Actualmente, estos dos organismos y observadores de la UE se hallan en el país para controlar los comicios del 4-D. Ante este panorama, la oposición ha optado por tirar la toalla antes de que los observadores internacionales vuelvan a confirmar su 11ª derrota contra Chávez en las urnas.
Pero su retiro es, asimismo, un ataque contra la legalidad tal y como lo fueron el golpe de 2002 y el «paro» de 2003. El reconocimiento nacional e internacional de Chávez se basa en el hecho de que desde 1998 él y su política hayan sido reafirmados en 10 votaciones. Con la abstención en las elecciones, los tres importantes partidos opositores quieren restarle credibilidad y, al mismo tiempo, crean un peligroso vacuo en el ámbito político. Por eso, el vicepresidente bolivariano José Vicente Rangel consideró la decisión de sus tres rivales como un «paro electoral».
La frustración por las batallas pérdidas y la ausencia de un proyecto político son los padres de la violencia política. Desde la llegada de Chávez al poder existen grupos dispuestos a esgrimir las armas contra el Ejecutivo legítimo para regresar a la IV República. Sacaron su arsenal el 11-A y en ocasiones posteriores, por ejemplo el 18 de noviembre de 2004, cuando mataron al fiscal Danilo Anderson en un atentado con bomba. Ante este historial, el «paro electoral» tiende a la desestabilización de la República bolivariana.
He aquí la pregunta crucial: ¿cui bono? ¿a quién beneficia eso? Es un secreto a voces que la oposición venezolana vive de la ayuda estadounidense. La retirada de las elecciones se produce cuando la política exterior venezolana ha logrado paralizar, por no decir enterrar, el ALCA. Con este proyecto del Area de Libre Comercio, la Administración Bush quiso salvar su tocada economía y echar de Latinoamérica a la competencia europea y china.
EEUU pierde el control
Ahora, la Casa Blanca intenta atacar de manera encubierta en Venezuela para evitar que el bolivarianismo siga sirviendo de ejemplo en la región. De hecho la única potencia mundial está perdiendo el control sobre su «patio trasero»: Venezuela, Brasil, Argentina y Uruguay se opusieron francamente al ALCA en la Cumbre de Mar del Plata. En Bolivia, Evo Morales podría ganar las elecciones presidenciales. En México y Nicaragua podrían producirse cambios parecidos. Y Cuba sigue en primera fila con Castro, quien parece tener de todo menos el Parkinson que la CIA le ha diagnosticado.
En este contexto, el «paro electoral» es la obertura a otra batalla más que se ha librado en Venezuela por la soberanía de la República Bolivariana
