La invasión paramilitar

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La invasión de los paramilitares en mayo de 2004 por la finca Daktari no es una intrusión externa, sin conexiones con la vida nacional. Empresarios, medios de comunicación privados, oposición política y oficiales conspiradores cómplices operaron como Quinta Columna que financió, escondió, apoyó y justificó a los sicarios.

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La invasión de los paramilitares era la salida desesperada de una oposición que sabía que iba a perder una consulta electoral. Fracasados el golpe de abril de 2002 y el sabotaje petrolero de 2002 y 2003, convocaron los opositores un referendo revocatorio que las encuestas mostraban como un seguro fiasco. Una perturbación mayor del orden público suspendería la temida derrota electoral, arrojaría la culpa de la suspensión sobre el gobierno, abriría el camino hacia un nuevo asalto violento al poder.

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La invasión de los paramilitares estaba planeada como detonador de acciones más complejas. El magnicidio del Presidente o la perturbación del orden público al intentarlo serían acompañados de una cortina de humo mediática destinada a confundir al pueblo y a legitimar un nuevo pronunciamiento golpista, posiblemente acompañado de intervención extranjera.

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La invasión de los paramilitares fue sólo uno de los episodios de un plan mayor estadounidense que persigue el dominio sobre los recursos naturales y la mano de obra de América Latina mediante un corredor estratégico llamado Plan Puebla-Panamá, que utilizaría a México y América Central como un puente hasta una Colombia ocupada por bases estadounidenses, que a su vez sería usada, dentro del llamado Eje del Pacífico, como país halcón contra los planes de integración y revolución latinoamericana. Para ello es indispensable un desproporcionado gasto militar. En mi libro La Paz con Colombia señalo que la Hermana República mantenía 459.687 efectivos en su Presupuesto de Defensa para 2007 y gastaba unos 22.000 millones de dólares en gastos bélicos, un 6,5% de su PIB (Caracas, Minci, 2010). En artículo del 11 de mayo de 2012 en Aporrea, señala José Gregorio Piña que “en el quinquenio 2006-2010 los gastos militares de Venezuela fueron el 10,7% del total de países de la UNASUR, mientras que los de Colombia en el mismo lapso fueron el 17% de ese total; es decir, que Colombia gasto 59% más que Venezuela; no es la resta entre ambos porcentajes, sino la proporción entre ambos porcentajes. En términos de los respectivos PIB, Colombia gastó 174% más que Venezuela, es decir, casi el triple”.

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La invasión de los paramilitares fue el prólogo de la aplicación de ese poderío armamentista en acciones de mayor magnitud, como la agresión de Colombia contra Ecuador con apoyo y dirección de Estados Unidos en 2008, y las operaciones de espionaje e intervención planeadas por el presidente Uribe contra Ecuador, Venezuela y Colombia en la llamada Operación Orión, que el ministro Tarek el Aisami documentó en la Asamblea Nacional en 2011.

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La invasión de los paramilitares es silenciosa. En su país de origen, nadie reconoce oficialmente su existencia ni admite la extensión de sus poderes. En Venezuela, gran parte de los medios privados ocultó su presencia con un apagón comunicacional. Cuando una cadena nacional reveló su existencia, la disimularla alegando que se trataría de un montaje noticioso. Ahora imponen sobre la agresión y sus secuelas un interesado olvido.

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La invasión de los paramilitares prosigue. La delatan la multiplicación de denuncias sobre cobros de peaje y alcabalas en estados fronterizos dominados por la oposición. La progresión de señalamientos de su presencia en otras regiones, hasta las colindantes con la Guayana Esequiba. El crecimiento del sicariato, que cuenta ya dos centenares de víctimas entre los dirigentes agrarios y decenas entre los sindicalistas urbanos. La multiplicación de crímenes horrendos, con agravantes de ensañamiento y detalles macabros, que parecieran no tener otro fin que sembrar el pavor en la población y sugerir que las autoridades son incapaces de contenerlos. La progresiva suplantación de nuestra hampa artesanal por una delincuencia organizada con disciplina, armamento y financiamiento militar. La proliferación de industrias en las cuales invierten narcos y paramilitares: bingos, casinos, prostitución, transporte y comunicaciones (El Tiempo.com, 2 -6- 2005). Como explica Darío Azzellini en entrevista con Marcelo Collussi: “En una primera fase ese paramilitarismo colombiano comenzó a penetrar Venezuela desde el punto de vista económico. De hecho tiene el control de muchos sectores aquí, con fincas y toda una logística que le permite tener lugares seguros para actuar y replegarse cuando es el momento. En territorio nacional controla el contrabando de gasolina de Venezuela hacia Colombia, y eso es un negocio muy grande. Controla el narcotráfico, y se puede suponer, a partir de los datos que han ido saliendo a luz recientemente, que controla también el contrabando de alimentos. Si tienen ya montada la estructura para el contrabando de la gasolina, pueden aprovechar eso perfectamente para contrabandear cualquier otra cosa, alimentos para el caso. Y con eso, justamente, se ve el perfil desestabilizador que habría en ese contrabando: se provoca el desabastecimiento, lo cual ayuda a la ingobernabilidad en Venezuela. De hecho, en Colombia los paramilitares tienen el control de una buena parte del acopio de leche. Por ello es que podría deducirse que en el actual desabastecimiento de la leche en Venezuela estarían estas organizaciones, manejándose con un criterio político en definitiva. Además de eso, se dan otros fenómenos del paramilitarismo colombiano dentro de territorio venezolano, como por ejemplo la colaboración con ganaderos. Muchos de los sicarios responsables de las muertes de líderes campesinos de Venezuela (186 desde el año 2001 cuando aparece la Ley de Tierras) son colombianos. Y eso es muy fácil de saber, porque simplemente se los identifica por su acento. Hay muchos testimonios al respecto. Se sabe de la presencia de paramilitares colombianos en Venezuela, aunque todavía no estén actuando como formaciones armadas tal como hacen en Colombia. De momento los asesinatos que provocan son selectivos, y actuando en grupos pequeños, de dos o tres personas. No son las masacres enormes como habitualmente hacen en Colombia (Argenpress: “Venezuela ante la encrucijada militar”, 22-2-2008).
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La invasión de los paramilitares prefigura lo que sería un gobierno de la oposición que los importó. Incapaz de acceder al poder por vía electoral, lo buscaría por golpe de fuerza como en abril de 2002, por invasión extranjera como en 2004 o por combinación de ambos. Para sostenerse recurriría a los más brutales expedientes de la cultura de la muerte. Pactos con el diablo o con paramilitares convierten al lacayo en amo. Gobierno que se sirve del paramilitarismo concluye sirviéndolo. El paramilitarismo es una ideología, pero también una sociología, una economía, una política. Las industrias infames del paramilitarismo, narcóticos, juego, prostitución, extorsión y sicariato dominarían la vida nacional. Un poder divorciado de las mayorías las reprimiría en exclusivo beneficio propio. Políticos y Estado no representarían al pueblo, sino a la violencia ilegal que intentaría aniquilarlo. La riqueza de Venezuela sería repartida como botín de traficantes. Mandadero de poderes mayores, el paramilitarismo abriría la puerta a las bases militares extranjeras. Venezuela devendría país ocupado. La resistencia popular iniciaría una guerra de liberación que sólo concluiría con la victoria.

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La invasión de los paramilitares no es tema para el recuerdo, sino para la previsión, la acción y la constante alerta.

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Luis Britto García

Escritor, historiador, ensayista y dramaturgo. http://luisbrittogarcia.blogspot.com

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