Visión sobre derechos humanos y comunicación

Son tan amplias y tan estrechas las relaciones entre Derechos Humanos y Medios de Comunicación Social que cualquier tentativa de aproximación superaría la extensión en abordar este tema de manera soluble o factible, por cuanto, el derecho a esta libertad de opinión, expresión e información fue reconocido en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, sin embargo, esto no incide para comprender la justa dimensión de la saña que hoy día se cierne por la actuación desmedida de los medios de comunicación social en desmedro de la dignidad humana. 

Estos vínculos servirán  de preámbulo para examinar el papel de los medios de comunicación en la construcción de una cultura de paz, en el plano pedagógico, en el entendido de los desafíos y peligros que la mundialización y/o globalización de la economía (en el entendido de que la globalización es una dimensión del capitalismo que marca el sistema de regla establecida por los centros de poder mundial)  supone para el ejercicio de los derechos humanos, a cuya nefasta influencia no son ajenos los mediáticos medios de comunicación social. 

Precisamente, las Naciones Unidas, en la consecución de una manera de establecer una paz verdadera después de la Segunda Guerra Mundial, reconoció el papel que podía desempeñar la comunicación como factor determinante de comprensión internacional y como instrumento de un mejor conocimiento reciproco entre los pueblos. 

Este organismo internacional, en su primera Asamblea General, declaró, dado el antecedente de los controles y censura de la posguerra, que la libertad de información es la piedra de todas las libertades  y un derecho humano fundamental. Por tanto, a los medios se le asignó la “obligación moral de investigar los hechos sin prejuicio y difundir las informaciones sin intención maliciosa”.  

Sobre la actividad comunicacional diversos debates y resoluciones se han referido a los derechos, obligaciones y prácticas de los medios de comunicación social. Pero desde 1946 se ha producido una rápida evolución, por tanto, es predecible suponer que los medios de comunicación social están inmersos en más que una “libre circulación de ideas”. 

La información como elemento fundamental de la problemática de nuestra época ha impulsado la preocupación en los pueblos por la utilización de los medios de comunicación con fines educativos y en pro del desarrollo pacífico de las naciones, tras salvaguardar la integridad cultural de los pueblos, todo esto como instrumento válido de un nuevo orden internacional más equitativo y respetuoso del ser humano. 

Pese a la creencia de que la difusión internacional de la información bastaba para que los pueblos se comprendieran y se minimizarán los conflictos bélicos y de tantas formas contrarias a la dignidad humana, otra realidad menos encubierta desvelaba la desigual distribución internacional de los medios de comunicación.  

Esta manipulación hoy día está latente en unos escenarios o contextos que obedecen los lineamientos del modelo o sistema capitalista, donde la comunicación es una herramienta poderosa en la manipulación informativa que se cierne contra los pueblos.  

Es decir, estos medios son vehículo de opresión y garante de una información deformadora de los ciudadanos y ciudadanas, con sus ingredientes fuertemente alienantes y transculturizadores en la imposición de la ideología dominante emanada desde el imperio del capitalismo, diciendo lo que a su juicio es la única forma de representar objetiva y veraz, la realidad social y política de los pueblos. 

Por tanto, estos medios deben convertirse en auténticas palancas de transformación  y de integración entre los pueblos,  constituyendo las bases de una mejor comprensión del ámbito internacional en el entendido del fomento de la paz y la concordia entre las naciones, cuyo escenario sea una genuina democracia participativa y protagónica en los pueblos. 

Acerca de estos planteamientos, el debate ha sido siempre abierto y al que los organismos del sistema de Naciones Unidas, encargados del problema de los medios de comunicación social, a veces no han encontrado soluciones duraderas. Entre tanto, la despiadada globalización neoliberal propicia la privatización sistemática de los servicios públicos tales como la salud y la educación, áreas del menú de derechos humanos, que han sido industrializados, mercantilizados. 

El derecho a la libertad de opinión, expresión e información fue reconocido en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en fecha 10 de diciembre de 1948, en París. También ese derecho está reflejado y garantizado en el artículo 19 en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al tiempo que se prohíbe toda propaganda a favor de la guerra, la incitación a la discriminación o la violencia, según lo tipifica el artículo 20 del mencionado Pacto. 
 

A pesar de la vigencia de estos instrumentos internacionales, aún está lejos la extinción del fantasma del capitalismo salvaje. Ciertamente, el orden mundial de la comunicación y de la información, certifica que por lo menos el 80% de las informaciones son emitidas por los países ricos, situación que tiende a agravarse de manera abismal, entre otras causas, debido a la concentración de los medios en unas pocas multinacionales de la información, pues la visión fundamentalista propone que hay una sola política económica posible: satisfacer las expectativas de quienes toman las decisiones en el escenario global. 

Ante esta disociación en perjuicio de América Latina, surgió el proyecto del la Alternativa Bolivariana para América Latina y El Caribe (ALBA), iniciativa del Comandante Hugo Chávez, lanzada en la III Cumbre de la Asociación de Estados del Caribe, a finales del 2001, que sitúa en primer plano la relación solidaria de los pueblos, el criterio de equidad regional, reconoce la necesidad de tratamiento diferenciado para los países menos desarrollados, propone planes latinoamericanos contra el analfabetismo y para favorecer la gratuidad en los servicios de salud, así como la constitución de fondos especiales para emergencias sociales y para el desarrollo integrador de las comunicaciones, el transporte y del sector energético, entre otros aspectos.

El ALBA es una propuesta de integración diferente. Mientras el ALCA responde a los intereses del capital trasnacional y persigue la liberalización absoluta del comercio de bienes y servicios e inversiones, el ALBA pone el énfasis en la lucha contra la pobreza y la exclusión social y, por tanto, expresa los intereses de los pueblos latinoamericanos.

El ALBA se fundamenta en la creación de mecanismos para crear ventajas cooperativas entre las naciones hermanas que permitan compensar las asimetrías existentes entre los países del hemisferio. Se basa en la cooperación de fondos compensatorios para corregir las disparidades que colocan en desventaja a los países débiles frente a las primeras potencias. Por esta razón la propuesta del ALBA le otorga prioridad a la integración latinoamericana y a la negociación en bloques sub-regionales, abriendo nuevo espacios de consulta para profundizar el conocimiento de nuestras posiciones e identificar espacios de interés común que permitan constituir alianzas estratégicas y presentar posiciones comunes en el proceso de negociación. El desafío es impedir la dispersión en las negociaciones, evitando que las naciones hermanas se desgajen y sean absorbidas por la vorágine con que viene presionándose en función de un rápido acuerdo por el ALCA, el cual se enmarca en hacer del continente una región comercial única, es decir, la extensión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte a todo el continente, con el que se hundiría irremediablemente  Latino América, pues los gringos desean completar la denominada apertura de la economía en todos los países del continente para moverse libremente en lo que considera, y necesita, como su patio trasero, lo que para los imperialistas quiere decir posibilidad de dominar el mercado e imponer sus reglas.

El ALBA, pues, es una propuesta para construir consensos para repensar los acuerdos de integración en función de alcanzar un desarrollo endógeno nacional y regional que erradique la pobreza, corrija las desigualdades sociales y asegure una creciente calidad de vida para los pueblos. La propuesta del ALBA se suma al despertar de la conciencia que se expresa en la emergencia de un nuevo liderazgo político, económico, social y militar en América Latina y El Caribe. Hoy más que nunca, hay que relanzar la unidad latinoamericana y caribeña. El ALBA, como propuesta bolivariana y venezolana, se suma a la lucha de los movimientos, de las organizaciones y campañas nacionales que se multiplican y articulan a lo largo y ancho de todo el continente contra el ALCA. Es, en definitiva, una manifestación de la decisión histórica de las fuerzas progresistas y revolucionaria de Venezuela para demostrar que Otra América es Posible.

De modo que, si la información es la piedra angular de las democracias, la base esencial para el progreso de la civilización y de los pueblos, la inexistencia de medios eficaces para su intercambio constituye un factor limitador en el desarrollo y social de los pueblos.

Por otra parte, esa concentración de medios en una escasa minoría contradice la propia doctrina de la comunicación que no entraña solamente un emisor activo y un receptor pasivo, sino que exige la participación, la puesta en común de un pueblo en el proceso de la comunicación, que pasaría a ser una corriente pluridimensional de informaciones y canales con múltiples retroacciones.

Contrariamente asistimos a un momento histórico caracterizado por la imposición a rajatabla de informaciones contraria a la objetividad y veracidad impuestas por el voluntarismo político por parte de los sectores que concentran el poder político y económico en el ámbito mundial capitalista.

De ahí que sea evidente que muchas de las informaciones en lo que atañe a la producción de editoriales, informaciones y programas, bien sea radiales o televisivos, etcétera, no siempre tienen en cuenta las necesidades humanitarias, fundamentales, de la población ni responden al ideal consagrado por los organismo internacionales de fomentar el espíritu de paz y contribuir en la construcción (entiéndase transformación) de un mundo genuinamente humanizado.

Desde la óptica imperialista asistida por sus lacayos títeres contrarrevolucionarios y traidores de la patria del Libertador Simón Bolívar, es decir, en el caso específico de la República Bolivariana de Venezuela, está en marcha un plan comunicacional que se enmarca en una “guerra de cuarta generación”, en la que no son visibles los armamentos convencionales, sino que por el contrario las armas están representada en la acción desmedida de manipulación y desinformación mediante la generación de matrices de opinión contrarias a los intereses supremos del pueblo; cuya artillería mediática informativa ataca directamente la mente humana, generando caos y todo tipo de angustia en la población. Esto hay que desmontarlo a través de una acción crítica y revolucionaria por parte de los sectores progresistas de la revolución bolivariana que lidera el comandante Chávez.

Pues bien, actualmente la educación en los derechos humanos y para la paz, concebida en la finalidad de informar de manera veraz, oportuna y objetiva, formar y transformar, constituye un importante instrumento de construcción de una nueva cultura, una nueva ética y una nueva moral, lo cual se traduce en el hombre y la mujer nueva y socialistas del siglo XXI. 

En este proceso de transformación y  paz con el agregado de la mayor suma de felicidad posible del pueblo, los medios de comunicación social tienen un papel preponderante en su día a día informativos, tal como ha sido recogido en numerosos documentos de la UNESCO.  

Por lo que, es un imperativo, una necesidad urgente en los pueblo la contención de la información mediática y al desmontaje de la guerra de cuarta generación. Patria Socialista o Muerte ¡Venceremos!. 

(*)Abogado y licenciado en Comunicación Social. Facilitador de la insigne “Misión Sucre” 
  albertovargas30@hotmail.com


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Alberto Augusto Vargas Singer (*)

Abogado y periodista, egresado de la UCV, con posgrado en Derecho Tributario y Derecho Penal. Profesor universitario en la cátedra de Derechos Humanos

 albertovargas30@hotmail.com

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