5 de septiembre de 2025.- Salvador De León es militante del Comité Autónomo e Independiente de Trabajadores(as) (CAIT). Habló con Federico Fuentes para una entrevista con la revista LINKS International Journal of Socialist Renewal, que fue publicada en inglés el día 15 de agosto (aqui https://links.org.au/defending-venezuelas-sovereignty-working-class-perspective), antes de que se conociera del despliegue de buques militares estadounidenses en el Caribe. Por esta razón, la entrevista no aborda este tema, aunque los y las lectores pueden leer esta declaración firmada por el CAIT, entre otras organizaciones de Venezuela y Colombia, para conocer su postura en contra de la injerencia del Gobierno de EEUU en Venezuela.
Aun así, pensamos que la entrevista, en la cual De León analiza la situación que enfrentan los trabajadores y sindicatos en Venezuela, las políticas económicas del gobierno de Maduro y defendiendo la soberanía desde la óptica de la clase trabajadora, sigue siendo pertinente. Por esta razón lo estamos publicando en castellano por primera vez aquí en Aporrea.
¿Podrías comenzar describiendo la situación de los trabajadores venezolanos en cuanto a su condiciones económicas?
Existe una grave descomposición del salario de la clase trabajadora en cuanto a la pérdida de su valor y del poder adquisitivo. La crisis se hace más fuerte precisamente porque se ha venido abajo todo el sistema de asistencia social. El sistema de salud, de educación, todo lo que le permitía al trabajador tener una mayor dignidad de vida, está hoy en día por el suelo. El poder adquisitivo es lo que se percibe en primera plana, pero el trabajador tampoco tiene un sistema de seguridad social porque ha sido desmantelado, poniendo a la población en una condición de pauperización.
Para entender cómo llegamos aquí, necesitamos remontarnos al periodo anterior a las diferentes oleadas de crisis desde el 2014. Recordemos que en los 2000s, China, con su programa de industrialización masiva, permitió que los países de Latinoamérica pudiesen beneficiarse del auge del precio de las materias primas. Eso coincidió con el surgimiento de gobiernos progresistas en Latinoamérica: Hugo Chávez en Venezuela, Lula da Silva en Brasil, Nestor y Cristina Kirchner en Argentina, etc, y permitió que estos gobiernos pudieran desarrollar algunas políticas inclusivas de redistribución en mayor o menor medida. En Venezuela, tenemos que sumarle que hubo un proceso constituyente en 1999 que sentó las bases para poder ir más lejos a nivel de conquistas democráticas y económicas.
Pero después de haber avanzado bastante, tanto al nivel de redistribución de la renta como en términos de democracia, vino la caída del mercado de las materias primas, donde el precio del barril de petróleo se derrumbó. La realidad es que continuamos con una economía rentista no sustentable. Nunca se tomaron medidas de fondo como la nacionalización de la banca. Siendo parte de la economía mundial, y ante la crisis de la economía capitalista mundializada, todo esto tuvo sus efectos aquí. Desde entonces, la crisis ha venido por oleadas, pero comenzó allí, con el derribo del costo de las materias primas.
De allí para adelante, a nivel de voluntad política, no se profundizó en elementos que hacían falta para profundizar ese proceso revolucionario y poder sostener en el tiempo. A eso también tenemos que sumarle la crisis sindical y el hecho que la burguesía triunfó en su objetivo. Tenemos las condiciones que tenemos hoy porque el gobierno central aceptó su papel como régimen bonapartista. Hoy en día, el gobierno le otorga toda la facilidades y garantías a la burguesía mientras que la clase trabajadora venezolana está cargando la crisis económica, al igual que pasa en todo el mundo.
¿Y en términos de derechos democráticos?
Las diversas oleadas de crisis que hemos enfrentado han arrojado como resultado el despojo de muchas de las conquistas democráticas que tenemos en la Constitución. Vale recordar, es una Constitución sumamente democrática e inclusiva, con derechos democráticos muy profundos pero que hoy en día simplemente se están vilipendiado e incumpliendo. Como ejemplo, tenemos la criminalización y la judicialización de la protesta y de la acción sindical. También existen presos políticos.
Pero tenemos que tener en cuenta que esto se explica en parte por la actuación de factores de la oposición, que siempre apostaron por el golpismo y el desconocimiento de la institucionalidad. Si bien es cierto que el Estado venezolano incurre en prácticas antidemocráticas, también tenemos que tener en cuenta que, a nivel interno, factores de la extrema derecha siempre jugaron como satélites de la política imperialista.
Ellos lograron polarizar la política y crear condiciones en la cual el Estado cuidaba su gobernabilidad con estados de excepción que le permitieron avanzar en la inaplicación de las garantías democráticas. No digo esto para justificarlo, pero hay que entender que los estados de excepción comenzaron, y se mantuvieron en el tiempo, porque teníamos una oposición que siempre jugó al desconocimiento de todas las estructuras y marcos de participación democrática, y siempre jugó al golpismo.
Entonces, sí hay una necesidad profunda, en primer lugar, de recomponer los salarios en Venezuela. Eso implica un debate mucho más allá de un salario digno, sino de cómo volver a reconquistar todo el marco de seguridad social. Y tenemos que reconquistar derechos democráticos. Eso pasa por poder jugar dentro de los términos democráticos y poder ejercer la participación desde las instancias y los espacios que la clase trabajadora pueda ocupar. Se necesita, en el marco de la crisis de la economía capitalista mundializada y frente a las amenazas imperialistas, recomponer la gobernabilidad, las instituciones y la vida interna del país, para poder hablar de una reconquista de los derechos democráticos.
Los debates fuera de Venezuela tiende a centrarse en sí la culpa de la crisis recae en las sanciones de Estados Unidos o en el gobierno. ¿Qué puedes decir al respecto?
Ambas cosas confluyen. En primer término, es una realidad que existen las sanciones, existe un bloqueo, y existe una política por parte del imperialismo norteamericano que busca dislocar el marco del estado-nación. El imperialismo necesita perforar los marcos de los estados-naciones porque la crisis de la economía capitalista requiere acabar con cualquier conquista democrática, por mínima que sea, para tomar control de las materias primas.
Nuestra concepción de la soberanía tiene que ver con la capacidad de la autodeterminación del pueblo y de poder mantener las conquistas de la clase trabajadora en un marco nacional. Por eso no se trata de defender a Maduro. Nosotros nunca hemos colocado la defensa de Maduro como un eje central; tampoco hemos estado por la salida del presidente. Pero entendemos que, frente al ataque imperialista, tenemos que unir fuerzas, queramos o no, por la integridad del estado-nación desde la óptica de la Constitución del 99 y todas las leyes que nosotros como clase trabajadora hemos conquistado.
Las sanciones han afectado mucho la dinámica económica —los números hablan por sí solo. También han terminado afectando a la clase trabajadora, no a la gobernabilidad ni a la personería del gobierno,. Pero a eso se junta la malas decisiones económicas que tomó el gobierno. No buscaron hacer una redistribución efectiva del ingreso de la renta petrolera, bajo un control estatal más planificado, como se propuso en el debate que se dio.
¿Así que hubo un debate sobre qué dirección debería tomar el gobierno?
En el 2017, el Presidente Maduro anunció que iba sacar un Programa de Recuperación Económica, Crecimiento y Prosperidad. Durante todo ese año, hubo un debate en las bases, donde ciertos sectores críticos, como es el caso de María Alejandra Diaz, Pascualina Curco, Tony Boza y otros compañeros, hicieron propuestas para proteger a las grandes mayorías. Dijeron: es cierto que hay una crisis, hay un bloqueo; pero podemos conseguir los recursos con políticas como impuestos a las grandes transacciones y la banca, para dar algunos ejemplos.
Pero también teníamos a compañeros con otro tipo de propuestas, como es el caso de Jesús Farías, quien fue el cabecero del programa que se terminó aplicando de flexibilización, de apertura económica, y de todas las fórmulas capitalistas que ya conocemos. Argumentaron la necesidad de recuperar la economía recreando las condiciones para la inversión extranjera. Crearon, bajo este escenario de crisis interna y estados de excepción, la Ley Constitucional de Inversión Extranjera, la Ley Constitucional Antibloqueo, y otra series de leyes que, en el fondo, crearon las condiciones para una apertura y flexibilización económica.
Entonces sí hay hoy en día una recuperación económica, pero en términos capitalistas. Es decir, hay una dinamización de la economía, pero la Venezuela de 2025 no es la misma que la Venezuela de 2017. Eso se ve a simple vista cuando vas a un supermercado y puedes conseguir lo que tú quieras, pero con un salario pulverizado y con una economía dolarizada de facto. Hay una movilización de la economía, a diferencia del 2017 que era una economía mucho más estancada, pero en términos en los cuales la clase trabajadora está siendo precarizada.
En el sector privado, existen grupos económicos que están siendo protegidos mientras avanza cada vez más la posibilidad de que exista un desmontaje o contrarreforma laboral. Hay muchas amenazas a las pocas conquistas que tenemos. Es una situación en la cual estamos a la defensiva, no a la ofensiva. No es el mismo momento histórico de años atrás.
Así que confluyen muchos elementos. Por un lado, sí existe un bloqueo, si hubo una guerra económica sistemática por parte de la burguesía nacional; pero, por el otro lado, el gobierno en su momento no tuvo la voluntad política o, mejor dicho, hubo un viraje en la política del gobierno hace una economía más flexible, más aperturada y más sintonizada con los requerimientos de la economía capitalista mundializada.
¿Cómo debemos entender a la política de Trump hacia Venezuela, teniendo en cuenta que el Gobierno estadounidense habló de endurecer las sanciones y luego extendió la licencia de Chevron, mientras que envió un representante para reunirse públicamente con Maduro para después doblar la recompensa por el arresto de Maduro?
En cuanto a los constantes giros, lo que podemos vislumbrar es lo volátil, lo impredecible y lo anarquizado de la crisis de la economía capitalista mundializada. Ante esa crisis, y los escenarios de guerra, tienes a un Trump que tiene una propuesta de gobierno, pero que tiene que responder a la propia crisis interna del capitalismo y las competencias intra-capitalistas. Porque ya no se trata de capitalismos nacionales que compiten entre sí, sino grupos, como los grupos petroleros, que están enfrentados y compiten a partir de los propios intereses corporativos. Se trata de una crisis tan profunda a nivel capitalista que en cualquier competencia, los grupos que no logran revalorizar de forma más acelerada a su capital van desapareciendo y siendo absorbidos por otro grupo.
Entonces lo que vemos es que Trump habla de recrudecer las sanciones contra Venezuela, pero no sin un costo político y no sin destapar pugnas internas. Por eso luego tiene que enviar un representante como respuesta interna a las exigencias del lobby petrolero, porque tienes a Chevron que tiene intereses de seguir explotando petróleo aquí. Y ahora se aprueba la licencia para Chevron mientras que, por otro lado, se dictaminan políticas en contra del Estado venezolano, calificando a Venezuela como un estado terrorista (o narcotraficante?). El tema aquí no es tanto la recompensa de 50 millones de dólares por Maduro sino las posibilidades de intervención militar que se ponen sobre la mesa con esta caracterización. Todo esto demuestra cómo Trump tiene que jugar con esas presiones internas.
¿Podemos decir, con las más recientes medidas, que uno o otro lado está ganando la pulseta dentro de la administración de Trump?
Nuestra lectura de todo esto es que esta última jugada es más una estrategia de negociación agresiva que otra cosa. Precisamente jugar a una presión internacional para poder mantener las condiciones de negociación más favorables al mercado estadounidense.
Pero lo importante de todo esto es que estamos en una economía anarquizada, caótica, que se refleja en Venezuela con las políticas ambivalentes, cambiantes y contradictorias de Trump y que no tiene una fórmula para poder hacer una lectura de lo que pueda pasar. No sabemos, por ejemplo, cómo Trump va a poder sostener en el tiempo las sanciones al mercado energético, más cuando tienes escenarios bélicos a la puerta y una competencia con China y los BRICS que pudiesen ser un mercado alternativo para Venezuela.
Lo que pone a Venezuela en el ojo del huracán, es nuestra posición estratégica a nivel geográfico, nuestra cercanía con los Estados Unidos, y que seamos el país con más reservas de petróleo en el mundo. Por eso Trump necesita garantizar que no esté quemando el puente de la protección del petróleo en Venezuela. Porque, a la hora de la pequeña, ni él mismo puede garantizar que puede pasar.
Lo que sí es cierto es que las sanciones van a seguir afectando a la clase trabajadora venezolana, quien es de verdad quien termina pagando los platos rotos de la crisis.
Fedecámaras, junto con otras federaciones empresariales, han abandonado su postura histórica de oposición al gobierno para colaborar e incluso apoyarlo. ¿Cómo explicas esto?
Fedecámaras surgió en 1944, un año después de que el Presidente Isaías Medina Angarita dijo públicamente que había que cortar los fondos de financiamiento a los empresarios nacionales. Históricamente, se financió a esta burguesía a partir de la renta petrolera con la esperanza de que hubiese un desarrollo de la industria nacional. Lo único que hizo fue crear una burguesía parasitaria. Fedecámaras surge para defender esta burguesía, y seguir defendiendo esos intereses.
Por eso, desde que Chávez llega al poder, Fedecámaras se opuso frontalmente a su gobierno. Fue copartícipe del paro petrolero en 2002-2003, e impulsó diferentes intentos de golpes, porque su planteamiento de fondo siempre fue defender los intereses del empresariado.
Desde que el gobierno comenzó a aplicar las políticas de bonificación del salario en el sector público, Fedecámaras comenzó a ver que el Estado estaba aplicando lo que ellos quieren. Dentro del Programa de Recuperación Económica, se aplicaron dos medidas importantes a nivel del sector público: el Memorando 2792, que paraliza todas las discusiones de los contratos colectivos, y el Instructivo ONAPRE, que aplano todas las tablas salariales nacionales. Trasladada al sector privado, es lo que Fedecámaras viene proponiendo.
Si a eso le sumas que el Gobierno buscó tender puentes para traer inversión, entonces claramente hubo acercamientos con el empresariado nacional.
¿Pero será que al mismo tiempo a este acercamiento, el Estado por lo menos hace valer los derechos de los trabajadores?
Te voy a dar un ejemplo para responder tu pregunta: en Venezuela existe la inamovilidad laboral, no se puede despedir a ningún trabajador. Pero el trabajador no confía en las instituciones dado la crisis de institucionalidad que existe hoy en el país; hay una crisis institucional bastante profunda porque el venezolano no confía en las instituciones. Por eso el trabajador no va al Ministerio del Trabajo si lo despiden.
Hubo un momento anterior, donde las grandes empresas comenzaron a despedir trabajadores, el Ministerio de Trabajo iba, y ellos desacataron. Fue una táctica de acción patronal conjunta por parte del gran empresariado en Venezuela: el Grupo Polar, Coca-Cola, Regional, Pepsi Cola, Cargill. Quizá metían algunos gerentes presos por unos días, pero ellos tienen el poder económico para sostener eso. Y por ser crímenes socioeconómicos, no tenemos el marco legal para poder resistir eso. Necesitamos un marco legal punible en el cual el Estado pudiese ir más allá del velo corporativo, de las ficciones legales bajo cuales se protegen los accionistas, y mitigar y anular esas tácticas patronales.
Es importante ver la sucesión de hechos que nos ha traído hasta acá. Fedecámaras actuó con una línea estratégica histórica y logró perforar el marco del estado-nación a partir del desacato. Y porque el Estado nunca fue más allá. Habíamos llegado a un punto donde hubo una efervescencia de las bases: se hablaba del control obrero, de expropiar a los grupos que estaban haciendo la guerra económica; todo eso estaba en debate, incluso dentro del Estado. Pero al final se terminó implementando una política que decían no podemos irnos a una confrontación más profunda porque el imperialismo nos va ahogar y vamos a terminar peor. De allí pasamos a un Programa de Recuperación Económica donde otra vez no era conveniente profundizar y radicalizar, sino que teníamos que ser más inclusivos con el empresarial.
Con este discurso demagógico terminamos con lo que tenemos hoy en día. Fedecámaras está viendo que sus políticas y propuestas están siendo escuchadas mientras que siguen haciendo lo que ellos quieren. Hoy en día, el empresariado tiene más capacidad de ser escuchados y tienen más participación a nivel político que los trabajadores.
¿Podemos decir que la política económica del gobierno es neoliberal?
El gobierno viene aperturando su política para sintonizarse con los requerimientos de la economía capitalista mundializada. Yo no sé si calificarlo como neoliberal. Pero en términos económicos y pragmáticos, y siendo más concreto, existe una apertura y una flexibilización económica. Existe una política por parte del Estado para atraer la inversión con el pretexto de que, en el marco de la crisis, se necesita crear una dinamización de la economía —que se logró, pero en términos capitalistas.
Es decir, sí hubo un reacomodo del mercado nacional, se reaperturaron empresas, hay más grupos económicos, etc. En la ciudad donde yo vivo, Maracaibo, tú ves que hay redes de farmacias nuevas, redes de supermercados nuevos, pero con trabajos precarizados que existen paralelamente a todo el marco protectorio de la Ley de Trabajo o de la Constitución.
¿Cómo ha respondido el movimiento sindical? ¿En qué estado se encuentra el movimiento?
El sindicalismo viene en crisis desde hace años en Venezuela, inclusive desde antes que Chávez llegara al poder. Toda la crisis luego del Caracazo de 1989 se vio reflejado a nivel sindical también. Uno de los puntos de apoyo del bipartidismo fue el diálogo social tripartito, entre el gobierno, Fedecámaras y la CTV, que fue la central más importante y en la cual colindaban Acción Democrática y COPEI. Cuando el bipartidismo cae, también cae la CTV. Eso es parte de la historia de la crisis que vivimos hoy. A eso podemos sumarle que luego del surgimiento de la Constitución del 99, con el proceso revolucionario que se dio con Chávez, nunca hubo una central de verdad unitaria.
Hoy existen varias centrales, pero todas dispersas y marcadas por la polarización. Hay la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, que es importante porque agrupa las federaciones en las grandes industrias estatales, pero que está coartada en su toma de decisiones por una falta de autonomía, por responder a criterios políticos partidistas oficialistas. También hay centrales cooptadas por la política partidista opositora. La autonomía sindical en Venezuela está gravemente marcada por la polarización, no en términos reivindicativos como debió ser, sino en términos políticas partidistas. No existe un movimiento sindical que de verdad entienda el criterio de la autonomía y que trabaje en ese sentido.
Aparte de eso, tú vas al sector salud y existen infinidades sindicatos; tú vas al sector de educación y existen infinidades sindicatos. Existen algunas federaciones representativas, pero existe mucho paralelismo sindical. Si añades el hecho de que la diáspora se llevó a muchos dirigentes sindicales, podemos decir que la crisis del sindicalismo en Venezuela es profunda, grave y multifactorial.
Un gran número de sindicalistas y trabajadores han sido encarcelados por protestar. ¿Por qué es así?
Eso tiene varias aristas por lo que es la adopción de marcos legales bajo estados de excepción. Bajo cualquier estado de excepción, se fundamenta que está en peligro la integridad de la nación. Eso tú lo ves en cualquier país, por ejemplo durante la pandemia. En Venezuela, el Estado fundamenta su accionar bajo estos marcos de excepción.Sus acciones son ilegales, son ilegítimas, pero se fundamentan bajo ese criterio, porque existe una realidad alterada donde el Estado venezolano, por diversos factores, está en peligro.
Claro, tú sabes que la interpretación de la ley o de la justicia depende también de tu posición de clase. Nosotros como trabajadores vemos el peligro, pero precisamente porque se está perforando la soberanía desde nuestra concepción de las conquistas democráticas. Pero el Estado lo ve desde la perspectiva de su gobernabilidad. Por ejemplo, PDVSA o CORPOELEC son sectores que el gobierno considera estratégicos y actúa en base de los antecedentes, como el paro petrolero, etc. Esto no justifica la criminalización y judicialización, pero hace necesario entender que en su momento la oposición jugó mucho al golpismo y terminó dándole herramientas al propio Estado y gobierno.
Te pongo un caso concreto: si tu ves la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, o la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, tu ves una serie de marcos legales que el Estado tuvo que tomar en su momento para enfrentar a acciones golpistas por parte de los sectores económicos. Pero estas leyes se convirtieron en un arma de doble filo, porque así como se podían usar para enfrentar un lockout por parte de las patronales, se terminaron usando en contra de la dirigencia sindical bajo los mismos argumentos de estar atentando en contra de la estructura económica de la nación.
Si tú ves los cargos bajo los cuales se imputan a la gran mayoría de los trabajadores, precisamente responden a estos marcos que se crearon en su momento para poder enfrentar al golpismo. Son imputados de forma ilegítima, de forma ilegal, montada como falso positivo en muchas ocasiones, pero usando estos marcos.
Dentro de este marco, ¿qué papel juega el CAIT?
Nosotros, como CAIT, siempre hemos partido de hacer uso de las instancias democráticas y de las conquistas que tenemos. Caso particular: nosotros hemos participado muchas veces proponiendo la creación de una fiscalía laboral para poder sancionar e ir en contra de las patronales bajo el desacato de nuestros derechos y conquistas.
En su momento también hemos hecho actividades en contra de la judicialización y criminalización de la acción sindical. Paradójicamente, lo hemos buscado hacer desde la Fiscalía, con enlaces políticos que tenemos allí. Pero lo hemos hecho así porque partimos desde el reconocimiento institucional. Lo elemental es que la clase trabajadora participe desde los espacios que pueda participar.
Para nosotros siempre ha sido central la defensa de nuestras conquistas, y la Constitución es nuestro mayor referente. Siempre buscamos, desde la concepción de la Constitución, defender esas conquistas cuando son amenazadas. Cada vez que ha habido una judicialización, que ha habido una criminalización, las hemos buscado señalar. Nuestra postura es que hay que luchar en contra de la criminalización y de la judicialización, pero no desde el desconocimiento de la institucionalidad y no sin dejar de ser propositivos. El espíritu de la Constitución es la democracia participativa y protagónica, y eso es un elemento que nosotros siempre buscamos rescatar.
La izquierda en Venezuela está dividida sobre el gobierno ¿Cómo caracterizarían al gobierno de Maduro?
Nosotros no suscribimos la tesis de que estamos frente a un gobierno o régimen dictatorial. No porque queramos justificar acciones sino porque responde a un marco histórico continuo de acciones por parte de la oposición. La estructura integrada del estado-nación, representado por el gobierno de Maduro, ha sido objeto de maquinaciones golpistas. Hubo una política que buscó el golpismo como única opción y que descartó toda vía de participación democrática.
Si tú colocas a un gobierno bajo un marco crítico de conflicto, va buscar mantenerse en el gobierno. La postura de María Corina Machado, de Henrique Capriles, de Leopoldo López, toda la postura de la extrema derecha en su momento causó una polarización que el gobierno terminó por asumir, justificando acciones que no eran las más justas, pero que sí estaban basadas en antecedentes.
Con esto no justificamos las detenciones arbitrarias, no justificamos la judicialización de la protesta ni de los trabajadores ni a nivel popular. No justificamos cualquier medida que se pueda tomar que viole cualquiera de las libertades democráticas. Las denunciamos. Pero sí son resultados de un marco de conflictividad interno y de un marco externo de políticas imperialistas, que lo que buscan es dislocar, sí o sí, el marco del estado-nación.
Ante la amenaza de desestructurar completamente el estado-nación, hay que saber muy bien qué es lo que estamos defendiendo. Porque, ante todo, no hay conquista posible, no hay derecho democrático posible que podamos defender o de cual podamos gozar, si no existe un marco de estado-nación. Por eso comenzaba diciendo que para nosotros la soberanía es la capacidad de tener esos derechos y esas conquistas inscritos en el marco de un estado-nación.
Más concretamente, ¿consideran que el Gobierno de Maduro representa una continuidad o ruptura con Chávez y el proceso bolivariano?
La realidad que tenemos hoy en día es que la clase trabajadora no tiene una expresión política propia en Venezuela. El chavismo, mal que bien, está representado por el gobierno de Maduro. Estamos representados por el gobierno de Maduro mientras tengamos vigente la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Que se pueda incumplir por vía de hecho es otra cosa; hay que buscar que se aplique.
En el momento que se anule ese marco constitucional, sí podremos decir que habrá una ruptura completa de esa transición histórica de Chávez a Maduro. Por eso denunciamos el peligro de la reforma constitucional cuando se anunció. Si es para profundizar los derechos democráticos, perfecto. Pero si va a ser para despojarnos de derechos, ojo allí, porque ni una coma. Hay que defender la Constitución.
Es de allí donde partimos nosotros. Para el CAIT, lo principal es suscribir esas conquistas, defender esas conquistas y defender el marco del estado-nación y la soberanía, desde la óptica de la clase trabajadora. Reconocemos que hay camaradas y diferentes grupos que tienen sus visiones y que plantean cosas muy ciertas como la criminalización y judicialización de las protestas. Pueden haber adoptado otra postura, pero nos sentamos con ellos, discutimos con ellos, debatimos con ellos, participamos con ellos en muchos espacios. Eso creo que también habría que rescatar dentro de la izquierda venezolana: buscar dónde están los puntos de encuentro, porque lo que nos unifica es nuestra posición de clase.
Vale agregar una cosa aquí: algo importante para tomar en cuenta es que el escenario luego de las elecciones presidenciales de 28 de julio deja al gobierno de Maduro en una posición en la cual tiene la gobernabilidad estabilizada. Hoy en Venezuela no hay una crisis política porque la oposición radical fue anulada, de una u otra forma. Eso coloca al gobierno venezolano en una posición que le permite ejercer las acciones que tenga que ejercer, pero con la consecuencia de que, si no da respuestas, ya no tendría excusa, ya no tendría un chivo expiatorio para poder fundamentar la falta de eficiencia y eficacia en la gobernabilidad.
Muchas organizaciones e individuos de izquierda fuera de Venezuela trabajaron por muchos años en solidaridad con el pueblo venezolano. Dado los cambios en la situación, se ha abierto un debate sobre si oponiéndose al imperialismo requiere apoyar a Maduro. ¿Cómo ves la cuestión de la solidaridad con Venezuela hoy en día?
Es un tema complejo. Voy a partir, de forma análoga, con las posturas de solidaridad que nosotros suscribimos con compañeros de otros países. Un gobierno, con todas sus contradicciones, si representa una defensa mínima de la soberanía —con todo lo ambiguo que pueda ser el concepto de soberanía— para nosotros amerita solidaridad en contra de la agresión imperialista. En cuanto a su política interna, podremos tener la mejor voluntad, pero tiene que ser la propia clase trabajadora la que se organiza y responde; no podemos sustituir los procesos.
Entonces, si existe una agresión imperialista, es necesario oponerse a esa. Y en el caso de Venezuela, está a la vista todas las acciones por parte del imperialismo: las sanciones, el bloqueo, ahora el tema de la migración. Todo eso amerita la solidaridad internacional. Otra cosa es la forma en que el gobierno lo pueda capitalizar para poder legitimar sus políticas internas. La solidaridad internacional no significa un cheque en blanco a la política interna del país.
Pero aquí es donde el tema se pone bastante complejo porque, por un lado, prima la necesidad de defender la soberanía y, por otro lado, está la solidaridad irrestricta con los compañeros y compañeras judicializados y criminalizados por ejercer la libertad sindical, etc. Frente a esta situación, no hay una fórmula que podamos aplicar.
Lo que sí es cierto es que cualquier solidaridad que se puede dar debe dejar en claro su posición en defensa de la soberanía y explicar que la solidaridad es directamente con estos compañeros y con sus organizaciones, desmarcándose de cual instrumentalización que se puede dar. No podemos hacer una solidaridad que sirva de punta de lanza para las políticas imperialistas.
Lo que pasa es que, como clase trabajadora, estamos dispersos y desorganizados en cuanto a la solidaridad. Nosotros vemos que a nivel latinoamericano los gobiernos no están respondiendo de forma uniforme antes la agresión imperialista, sobre todo con el tema migratorio. Por un lado está Gustavo Petro en Colombia, por el otro lado está Lula, por otro lado está Maduro. Pero no existe una unidad de acción para responder a esas agresiones imperialistas, incluyendo las más recientes declaraciones de Trump contra Venezuela.
Todo esto ratifica la necesidad de consolidar espacios en los cuales se enfrentan esa política injerencista por parte del imperialismo desde la óptica de la clase trabajadora. Por eso nosotros, como CAIT, estamos impulsando una conferencia continental en México en septiembre que busca organizar esa solidaridad a nivel de Latinoamérica.
Estamos impulsando esta campaña para poder organizar, canalizar y elevar propuestas y sentar nuestra postura no solamente frente a las políticas de migración que aplica Trump sino las políticas cada vez más agresivas en contra de los estados-naciones: lo vemos en Venezuela con el dictamen de calificar Venezuela como un estado terrorista y lo vemos con una subida de aranceles de 50% a los productos brasileños. Toma vigencia entonces poder encontrarse y discutir cómo afectan esas políticas imperialistas a la clase trabajadora en los diferentes países de Latinoamérica y organizar nuestra respuesta.