El presidente de la Federación de Asociaciones de Jubilados y Pensionados del estado Bolívar (Fedajupebol), Hugo Medina, enfatizó en que desde hace 1051 días el país permanece estancado en un sueldo mínimo de 130 bolívares, lo que se traduce en un estancamiento en el monto de las pensiones, actualmente fijadas en menos de 3 dólares.
“Tenemos 1051 días sin recibir aumento salarial los trabajadores y aumento salarial en las pensiones de jubilados y pensionados. Si el trabajador activo no recibe aumento, el jubilado y pensionado tampoco recibe ajuste en su pensión. Transcurre este tiempo y esto es parte de una retaliación política y social que vienen cometiendo contra los jubilados y pensionados. Nosotros estamos en la calle reclamando. Estamos en pobreza extrema, recibiendo 2.20 centavos de dólares”, puntualizó el dirigente de los jubilados de Guayana.
Durante marzo del año 2022, el gobierno de Nicolás Maduro aumentó el salario mínimo a “medio petro” o 130 bolívares. Para esa fecha, el monto equivalía a 30 dólares; sin embargo, actualmente este sueldo ha perdido más del 90% de su poder adquisitivo, debido a la devaluación y al alza constante del dólar.
A pesar de que en décadas anteriores cada 1 de Mayo se aumentaba el salario, la realidad es que desde entonces el sueldo mínimo permanece estancado. Para paliar la situación, el oficialismo se limita a incrementar el “ingreso mínimo” basado en bonos que no tienen incidencia en la seguridad social para el pago de beneficios como prestaciones, liquidaciones y vacaciones.
“La Constitución obliga al presidente de la República a que todos los años haga aumento de salario mínimo. Han transcurrido ya casi cuatro años y no han demostrado que quieran corregir. Desde el 2018 estamos acéfalos de la protección de nuestros derechos contractuales. Los contratos colectivos fueron expropiados del trabajador. ¿Qué es lo que pasa? ¿No se trata de un gobierno obrero? ¿Hacia dónde nos llevan?”, cuestionó Medina.
Detrimento en el servicio de salud: la realidad de los jubilados de Guayana
La masa protestante que compone estas manifestaciones es la nómina inactiva de las empresas básicas. Guayana otrora región pujante y alternativa no petrolera del país, llamó a una gran cantidad de trabajadores de todos los estados para laborar en estas fábricas que otorgaban grandes beneficios, pero también dejaban graves enfermedades.
Los jubilados de Guayana son hoy día personas de edad avanzada, que tienen padecimientos importantes como problemas musculoesqueléticos, daños pulmonares y cardiopatías, debido a la exposición constante a entornos poco saludables, altas temperaturas y sustancias tóxicas.
Para esto, existía el servicio de Hospitalización, Cirugía y Maternidad que garantizaba protección de por vida al trabajador, especialmente, en su jubilación. Sin embargo, este beneficio desapareció desde aproximadamente el año 2018. Tres años más tarde, se fundó el Hospital de Trabajadores de Guayana para dar respuesta a las necesidades médicas de una población de más de 200.000 trabajadores activos, jubilados y sus familias.
No obstante, desde el 2022 ya existían denuncias sobre el mal funcionamiento del hospital y la escasez de especialistas médicos.
“Los jubilados de Guayana tenemos un problema social de salud. Hoy día pretenden que con ese mamotreto de hospital que no cumple con los requisitos exigidos por la ley para ser un hospital, atender a más de 50.000 trabajadores y sus familiares. Eso no es lo que nosotros queremos. Necesitamos tener seguridad social como lo contemplan las leyes”, vociferó Medina.
Denuncian persecución ante reclamo constante
Para el trabajador Luis Felipe Medina, dirigente sindical de CVG Alcasa, la realidad para los jubilados de Guayana es de persecución, puesto que el contante reclamo ha provocado las retaliaciones políticas contra trabajadores de las empresas básicas.
Por ejemplo, el caso de Daniel Romero, quien fue detenido en junio de 2023 por encabezar una huelga laboral.
“Ministro Diosdado Cabello, dígame usted, de qué manera los trabajadores, que hemos luchado y exigido el cumplimiento de la ley, podemos hacer. Si protestamos, somos acosados, asediados y detenidos como el caso de Daniel Romero, Juan Valor y otros compañeros en el resto del país que con esa Ley del Odio no se respetan los derechos laborales. Queremos que nos digan de qué manera podemos hacer”, alegó Medina.
