2 de noviembre de 2022.-
Jorge Roig, expresidente de Fedecámaras y miembro del Consejo de Administración de la OIT, sigue su intensa campaña mediática proponiendo una "ley de emergencia laboral", la cual tendría como principal objetivo legalizar la bonificación del salario. Desde el PSL y su corriente sindical C-cura planteamos que a esto debemos responder con la movilización. En ese sentido proponemos al Espacio Sindical Unitario, del que participamos, a la Coalición Sindical y a los compañeros y compañeras que están convocando a un pleno metropolitano este próximo 19 de noviembre, a realizar una gran movilización o concentración unitaria contra esta propuesta de Roig y Fedecámaras.
Como ya muchos trabajadores y trabajadoras saben, desde hace ya tiempo los salarios se han bonificado. En muchas empresas privadas las contrataciones colectivas prácticamente desaparecieron o no se discuten, y los patronos además del salario mínimo de ley, pagan un bono en dólares que no tiene ninguna incidencia salarial, es decir, que no se computa para el pago de prestaciones, vacaciones, aguinaldos etc.
El representante de los empresarios venezolanos en la OIT, ya habría presentado esta idea al gobierno, quien estaría estudiando su aprobación en la Asamblea Nacional, y su posterior implementación. Previamente fue presentada y discutida en las recientes reuniones de la OIT con la burocracia sindical de la CTV, ASI y la Cbst, y los representantes empresariales, en el marco del llamado "dialogo social tripartito".
Roig presenta su propuesta como una fórmula para incrementar el salario de las trabajadoras y trabajadores. Lo hace asumiendo una supuesta posición de defensa del salario.
Sobre esto último debemos aclarar a las trabajadoras y trabajadores algunos aspectos. Vivimos en una sociedad de clases, una sociedad capitalista. Los intereses de los empresarios nacionales y las empresas transnacionales son completamente antagónicos a los intereses y necesidades de la clase trabajadora. Mal puede un empresario, expresidente de Fedecámaras, presentarse como defensor de los salarios de las trabajadoras y trabajadores.
La propuesta que hace Roig tiene como objetivo, por el contrario, proteger los intereses empresariales. Busca reducir el pago de prestaciones, aguinaldos, vacaciones y otros emolumentos, sin embargo, hábilmente lo presenta como una defensa del salario.
Lo que está planteando Jorge Roig con el aval de Fedecámaras es una reforma laboral transitoria de la Lottt para legalizar y extender la bonificación de los salarios, cuestión que, como ya decíamos antes, viene sucediendo en importantes sectores de la empresa privada.
A partir de octubre del 2018, con la aprobación del memorando 2792, el gobierno restringió el derecho a huelga y acabó con la figura de la contratación colectiva, lo que permitió que los empresarios comenzaran a bonificar los salarios en las empresas. Con el argumento de la crisis y amparados en ese leonino instrumento aprobado por el gobierno, desaparecieron las cláusulas socioeconómicas de los contratos, y todo se integró en un bono en dólares, mientras siguen pagando el salario mínimo de ley, que es la base para el cálculo de todas las incidencias.
Dicho instrumento hizo que el derecho histórico de las trabajadoras y trabajadores a negociar sus condiciones de trabajo, obtenido con luchas en todo el mundo, desapareciera, y con ello también la inamovilidad laboral que se establecía al iniciarse la discusión contractual. Todo esto facilitó los despidos arbitrarios y la aparición de las llamadas "suspensiones", una figura completamente ilegal. Estos atropellos han sido convalidados por el gobierno, por la burocracia sindical arrodillada de la Cbst, y la ligada a los partidos de la derecha opositora.
La propuesta de Roig es un vulgar robo a las trabajadoras y trabajadores, presentado como un loable interés en aumentar los salarios. No es casual que en una reciente entrevista que le hicieran a Roig en el medio digital Contrapunto, afirmara que le parecía positivo que el bono de fin de año de los trabajadores del sector público se pague fraccionado, supuestamente para evitar la inflación, cuando en realidad los formadores de precio, los que aumentan el costo de los productos, son los empresarios y comerciantes.
Roig reconoce que estamos en una situación de emergencia, por ello propone una ley que beneficiará a los empresarios en detrimento de los intereses de las trabajadoras y trabajadores. Nosotros también creemos que hay una situación de emergencia, por ello planteamos que es necesario levantar otro programa económico, uno diametralmente distinto al que aplica el gobierno con el respaldo de su burocracia sindical roja rojita, así como también distinto a la propuesta de Roig. Para ello hay que invertir la ecuación. Hasta ahora hemos sido los trabajadores y trabajadoras y todo el pueblo pobre, los que hemos pagado las consecuencias de la crisis y del ajuste con salarios de hambre, escasez, hiperinflación, falta de agua, gas y gasolina, pésimo transporte, desempleo o empleos precarios. Eso debe cambiar. Los que deben pagar los costos de la crisis son los que más recursos tienen.
De allí que debamos seguir la lucha que durante estos meses hemos emprendido por nuestras reivindicaciones más urgentes: Salarios y pensiones iguales a la canasta básica indexados mensualmente a la inflación; respeto y renovación de las contrataciones colectivas; derogación del memorando 2792 y el instructivo de la Onapre; reenganche de trabajadoras y trabajadores despedidos, ¡Basta de despidos y suspensiones ilegales!; libertad para las y los trabajadores presos.
Pero simultáneamente, pelear por un Plan Obrero y Popular, que tenga como objetivo enfrentar la profunda crisis económica y social que padecemos desde hace años, pero que lo haga con medidas a favor del nivel de vida del pueblo trabajador. No quitándonos las prestaciones sociales, las vacaciones, aguinaldos y demás beneficios, a través de una ley que solo beneficia a los empresarios.
Ese plan debe partir de igualar el salario mínimo y las pensiones a la canasta básica e incrementar el salario mensualmente de acuerdo a la inflación. Debe terminarse la bonificación de los salarios impuesta en las empresas privadas. Hay que aumentar los presupuestos de salud y de educación, y poner en práctica un plan de recuperación de la industria eléctrica, de Pdvsa y de las empresas básicas.
Habría que establecer un Fondo Social y Económico de emergencia, pero los recursos no pueden venir de mayores impuestos o bajos salarios para el pueblo trabajador. Por ello, hay que eliminar el IVA para los productos de la canasta básica.
El dinero para este Fondo debe salir de los bolsillos de los que más tienen: grandes empresarios, banqueros y transnacionales. En ese sentido planteamos que se debe establecer un impuesto progresivo a los grandes capitales nacionales y transnacionales. Además, eliminar los contratos de empresas mixtas. ¡Que el petróleo sea 100% estatal sin transnacionales y gestionado por sus trabajadores, profesionales y técnicos! ¡No pago de la deuda externa! ¡Que cesen los gastos policiales y militares! ¡Repatriación de recursos del exterior! ¡Confiscación de bienes de corruptos! El Fondo se nutriría de todos esos recursos, para garantizar salarios y pensiones iguales a la canasta básica; el incremento de los presupuestos de salud y educación, y llevar adelante un plan de infraestructura para recuperar universidades, escuelas, hospitales y ambulatorios, que proporcione empleos dignos y productivos. Dichos recursos servirían para instrumentar un plan de inversión en la industria petrolera, en el sistema eléctrico y empresas básicas para que haya gasolina, gas, electricidad. Todo ello en la perspectiva de luchar por un gobierno de las trabajadoras, trabajadores, y por el verdadero socialismo.
Por PSL y C-cura