La oposición venezolana sustituyó a Juan Guaidó por un triunvirato de mujeres que busca continuar con un gobierno paralelo, ya sin siquiera residir en Venezuela. Las tres exdiputadas se reparten entre España y EEUU y buscan seguir controlando ilegalmente activos venezolanos en el exterior.
Con Juan Guaidó fuera del escenario, el sector de la oposición venezolana que pretende seguir manteniendo un gobierno paralelo quedó en manos de tres mujeres que ni siquiera residen en Venezuela y serán buscadas por Interpol por sus delitos contra el Estado venezolano.
Se trata de Dinorah Figuera, Marianela Fernández y Auristela Vázquez, quienes tras el retiro de la confianza contra Juan Guaidó fueron designadas por los opositores al Gobierno de Venezuela para encabezar la Asamblea Nacional de 2015, que continúa funcionando de forma paralela al legislativo legítimo, electo en las elecciones de 2021.
Si bien se espera que las opositoras sigan con su línea de confrontación contra el Gobierno de Nicolás Maduro, la particularidad es que, a diferencia de Guaidó, ninguna de ellas reside en territorio venezolano.
Dinorah Figuera, de 61 años, vive en España desde 2018. Se mudó a la ciudad de Valencia, donde según ella misma se dedica a cuidar a adultos mayores. Si bien tiene un título de médica cirujana en Venezuela, este no fue reconocido por España por lo que no ejerce su profesión.
En declaraciones divulgadas por la propia asamblea paralela, Figuera aseguró que salió de Venezuela sin recursos económicos y que se ha mantenido en España gracias a "ayudas" de su partido político, Primero Justicia, y de organizaciones no gubernamentales.
También en España, aunque en Madrid, reside Auristela Vázquez, quien ejercería la segunda vicepresidencia de la asamblea paralela. Pertenece al partido Acción Democrática y desde Madrid ejerce como secretaria de organización de una filial del partido en España.
El triunvirato se completa con Marianela Fernández, que pertenece al partido Un Tiempo Nuevo, del que es fundadora. Abogada de profesión, es oriunda del estado de Zulia, del que integró el Consejo Legislativo entre 2011 y 2012.
Fernández fue designada como vicepresidenta de la asamblea paralela, a pesar de que vive en Estados Unidos. Precisamente, en ese país realizó estudios de gerencia pública, más precisamente en el Gulf Coast College de Florida.
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, dijo el 9 de enero que las tres mujeres están acusadas de delitos de usurpación de funciones, traición a la patria y legitimación de capitales y asociación. Dado que las tres viven fuera de Venezuela, la Fiscalía venezolana pidió que Interpol emita alerta roja internacional para detenerlas en los lugares en los que se encuentren. Venezuela también pide la incautación de sus bienes y el bloqueo de sus cuentas.
Las medidas también recaen sobre otros dos hombres que ejercen como secretario y subsecretario de la asamblea ilegítima, José Figueredo Márquez y Luis Alberto Bustos.
Saab confirmó que Venezuela tiene abiertas 22 investigaciones derivadas de la acción del denominado "Gobierno interino", que desde 2019 incurrió en los delitos de usurpación de funciones, legitimación de capitales, terrorismo, tráfico de armas, traición a la patria y asociación, entre otros. Otras cinco causas investigan iguales irregularidades en la empresa Monómeros.
El fiscal general venezolano remarcó que el gobierno paralelo que ahora encabeza Figuera ha recibido, desde 2019, la friolera de 2.700 millones de dólares por parte EEUU.
El jerarca remarcó que "no se trata de dinero donado" sino "dinero de todos los venezolanos que ha sido robado por este grupo de delincuentes".
En efecto, EEUU ha permitido a Guaidó el uso de los fondos venezolanos en el país norteamericano de forma ilegal, desconociendo la soberanía sobre los activos de parte del legítimo gobierno de Nicolás Maduro.
Washington prevé continuar esta situación a pesar de ya no reconocer a Guaidó, ya que el 9 de enero comunicó que el Departamento del Tesoro modificó una licencia para reconocer ahora al triunvirato de Figuera, Fernández y Vázquez como las autoridades en representación de Venezuela y a un Consejo de Administración y Protección de activos que designen los opositores en el exilio.