Los alcaldes de la mancomunidad y el caso de la Planta de Tratamiento de Desechos Sólidos de Mérida

Desde que se iniciara la toma obrera de este medio de producción de propiedad pública, a finales de septiembre, ha sido cambiante la posición de los alcaldes de la mancomunidad de cinco municipios que contrató la administración del inmueble a la compañía "Sincreba". Transcurrieron tres semanas desde el inicio de la toma obrera, antes de que finalmente se realizara una primera reunión entre los trabajadores y las autoridades municipales, el 11 de octubre. A esa reunión asistieron cuatro de los cinco alcaldes, con la ausencia de Aaron Varela, alcalde precisamente del municipio en el que se encuentra situada la planta; además del delegado de la Defensoría del Pueblo y el patrono de "Sincreba", Ricardo Vielma. La posición del alcalde Varela de no tomar posición pública frente al conflicto, se mantuvo hasta tiempos recientes, aunque era notorio su involucramiento con los intereses de "Sincreba", al punto en que uno de los asesores jurídicos del Consejo Municipal de Sucre, Richard Uranga, prestaba sus servicios legales y extralegales a esta compañía maula. En un acto partidista poco antes del referéndum constitucional del 2 de diciembre, Varela se quitó la careta y acusó a los trabajadores de ser guarimberos y enemigos del gobierno.
El alcalde que planteó la posición más agresivamente propatronal en aquella reunión del 8 de Octubre fue Jesús Abreu, quien descalificó la toma obrera con argumentos politiqueros y especulaciones acerca del involucramiento de actores partidistas extraños en la lucha de los trabajadores; además de esto, Abreu alabó las condiciones de trabajo en el lugar, llamándolas "un paraíso".
El alcalde de Rangel, Alexander Quintero, se manifestó a favor de que los trabajadores asumieran la gestión directa de la planta, mientras que el alcalde de Libertador mantuvo una posición poco clara, hablando de una "etapa de transición" hacia la gestión obrera, pero que implicaba en lo inmediato el fin de la toma y el retorno del empresario.

Fue el alcalde de Libertador quien, asumiendo la vocería de la mancomunidad, anunció el fin de la concesión otorgada a "Sincreba", en declaraciones efectuadas el 16 de octubre. La decisión se ejecutaría una semana más tarde, el 23 de octubre. Por las características del contrato, suscrito entre el municipio Libertador y la mencionada empresa, mientras que los demás municipios se adhirieron posteriormente, el criterio fijado por el Síndico Procurador de Libertador fue que bastaba con la medida adoptada por ese municipio para dar por terminada la concesión. Pese a esto, y al hecho de que el anuncio efectuado el 16 de octubre se hizo a nombre de la mancomunidad, el alcalde de Campo Elías, Abreu, ha realizado señalamientos en contra de la medida, descalificándola por "unilateral". Se evidencia de esta manera su oposición a la medida contra Sincreba.

Pese a la decisión de romper el vínculo legal con la empresa, los trabajadores  continuaron recibiendo numerosos ataques, en un clima de impunidad total, incluyendo un violento desalojo de la planta por parte de grupos de choque patronales el día 19 de octubre, con la complicidad de la policía regional. La planta fue retomada tres días después por los trabajadores.
A partir del 6 de noviembre, "Sincreba" realizó varios intentos de retirar maquinaria y equipos de propiedad pública. Pese a las advertencias realizadas por los trabajadores a las autoridades, no recibieron el menor apoyo, y el 19 de noviembre fueron desalojados en una acción violenta que permitió a la empresa el saqueo de de la planta. A partir de ese día, la planta quedó bajo supervisión policial y los obreros han sido despojados de su derecho al trabajo.

En el mes que transcurrió entre el anuncio del fin de la concesión otorgada a "Sincreba" y el saqueo, las alcaldías de la mancomunidad se mantuvieron en silencio frente al tema. Además de las posiciones abiertamente proempresariales de las alcaldías de Campo Elías y Sucre, es conocida la posición del Ministerio del Ambiente de desechar las plantas de reciclaje y construir nuevos rellenos sanitarios. Esta posición fue secundada por el alcalde de Libertador públicamente en octubre, aunque posteriormente esta alcaldía ha asumido un discurso más cercano a los intereses de los trabajadores, y ha sido la única instancia con la que los trabajadores han podido mantener una línea de diálogo. El 23 de noviembre se realizó una reunión entre los trabajadores y la alcaldía de Libertador, en la que se acordó reanudar el trabajo en la planta durante la primera semana de diciembre. Entrando en la tercera semana del mes, los obreros permanecen privados de su derecho a trabajar.

Un allanamiento judicial permitió ubicar gran parte de la maquinaria robada en un galpón ubicado en el municipio Campo Elías, bajo la jurisdicción del alcalde Jesús Abreu. Debemos aclarar que una nota publicada en www.aporrea.org  suscrita por el equipo de Reporteros Comunitarios, achaca la responsabilidad de defender los intereses de "Sincreba" al burgomaestre de Santos Marquina, Valmore Otalora; esta información no es correcta. Creemos que se trata de un error, y que el señalamiento debe referirse más bien al alcalde de Campo Elías, sobre quien hay pocas dudas en cuanto a su compromiso con la empresa.

Durante la primera semana de diciembre, los alcaldes de Sucre, Campo Elías, y Libertador, realizaron reuniones con el grupo propatronal que participó en el robo de la maquinaria necesaria para el procesamiento y el reciclaje de la basura, en las que se hizo evidente la intención del alcalde Jesús Abreu de incorporar a este sector en la figura organizativa que asuma la administración de la planta. El alcalde de Libertador se manifestó contrario a este planteamiento de Abreu.

El 10 de diciembre, los trabajadores la más reciente de una serie de propuestas de trabajo a los alcaldes de la mancomunidad, de acuerdo con ella se permitiría la reincoporación al lugar de trabajo incluso de aquellos obreros que han mantenido una posición pro patronal, con la excepción de aquellos que hubieran participado en el robo de la maquinaria, o que hubieran atentado en contra de otros trabajadores. La única respuesta que han recibido ha sido la que han escuchado a través de los medios de comunicación locales, en los cuales el alcalde Abreu anuncia el cierre de la planta hasta enero, sin dar mayores explicaciones. Ninguna autoridad ha planteado directamente a los trabajadores si se ha llegado a esta resolución, y en qué situación quedarán las 130 familias cuyo sustento depende de esa fuente de trabajo. El gobierno tiene la oportunidad de demostrar justicia y responsabilidad en este caso, esperamos que no la mande para la basura.



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Colectivo Libre Aquiles Nazoa


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