17 de septiembre de 2025.- Varios puntos de tránsito en el norte de Ecuador permanecieron interrumpidos este miércoles 17 de septiembre por protestas lideradas por trabajadores del transporte, en respuesta a la eliminación de subsidios al diésel decretada por el Ejecutivo. Las manifestaciones se concentraron en rutas estratégicas que conectan regiones urbanas y rurales, afectando la movilidad y el abastecimiento local.
La medida gubernamental, firmada por el presidente Daniel Noboa, establece un aumento progresivo del precio del diésel, que pasará de 1,80 a 2,80 dólares por galón antes de diciembre. El Gobierno argumenta que los fondos destinados anteriormente al subsidio (cerca de 1.100 millones de dólares anuales) serán redirigidos a sectores sociales considerados prioritarios.
Aunque las autoridades lograron acuerdos con un sector del gremio en ciertas provincias, otras agrupaciones se mantienen movilizadas. Parte de los compromisos firmados incluyen mejorar la seguridad vial mediante áreas de descanso para conductores profesionales y liberar a personas detenidas durante las protestas.
Asimismo, representantes del sector han exigido mecanismos de compensación para las familias de transportistas que hayan sido víctimas de violencia durante el ejercicio de sus funciones. También se han conformado mesas técnicas con agencias estatales para supervisar la implementación de los compromisos alcanzados.
El decreto prevé un sistema de compensaciones económicas dirigido al sector del transporte, válido por un período de ocho meses y renovable por cuatro más. No obstante, los manifestantes han cuestionado la duración y alcance de estas medidas transitorias, alegando que no compensan adecuadamente el impacto del alza en el precio del combustible.
El Ejecutivo ecuatoriano ha descartado por el momento la posibilidad de revertir la decisión, enmarcándola dentro de un plan más amplio de reformas fiscales para supuestamente reducir el gasto público y estabilizar las finanzas del Estado. Sectores sociales denunciaron que se trata de imposiciones hechas al Gobierno de Daniel Noboa por el Fondo Monetario Internacional (FMI).
