26-08-25.-El gobernador del estado de Florida, Ron DeSantis, promulgó recientemente un conjunto de leyes vinculadas al ámbito educativo, entre las que sobresale una medida altamente controvertida: la autorización del castigo corporal en las escuelas públicas y charter.
Esta legislación, conocida como HB 1255, permite a los docentes y autoridades escolares aplicar fuerza física moderada como método disciplinario, siempre que cuenten con el consentimiento previo de los padres.
La nueva normativa establece que dicho consentimiento puede otorgarse al inicio del año escolar o antes de cada incidente específico. Además, exige que haya al menos dos adultos presentes en el momento de aplicar el castigo, como medida de supervisión. Aunque algunos distritos escolares ya prohibían esta práctica, la mayoría aún la permite, lo que ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de los derechos infantiles.
Carlos Trapani, abogado y coordinador general de Cecodap, expresó su alarma ante esta decisión, calificándola como un retroceso en materia de protección infantil. “Estamos hablando del uso de la fuerza para corregir conductas, lo cual puede derivar en múltiples formas de violencia”, señaló. Trapani subrayó que el castigo físico no educa, sino que genera en los niños sentimientos de vergüenza, miedo, dolor y desconfianza.
Diversos expertos en derechos humanos y salud mental han advertido sobre los riesgos de esta práctica. La Organización Mundial de la Salud la considera una violación a la integridad física y emocional de los niños, y estudios han demostrado que puede provocar traumas, ansiedad y dificultades en el aprendizaje.
A nivel nacional, el debate continúa. Aunque el castigo corporal ha sido prohibido en la mayoría de los estados desde los años noventa, aún se permite en 17 estados, incluyendo Florida. En el ciclo escolar 2023–2024, se reportaron más de 500 casos de castigo físico en escuelas del estado, especialmente en condados del norte y centro.
Mientras algunos sectores defienden la medida como una herramienta disciplinaria que debe estar bajo control de los padres y comunidades locales, otros insisten en que la violencia nunca debe formar parte del proceso educativo. La ley, que entrará en vigor en el ciclo 2025–2026, obliga a los distritos escolares a revisar sus políticas cada tres años y someterlas a evaluación por sus respectivos consejos escolares.
*Con información de Noticia al Día / El Universal de México
