El servicio secreto ucraniano ejecutó este lunes varios arrestos entre altos cargos de la NABU, a los que acusó de espiar para el Servicio Federal de Seguridad ruso (FSB, heredero del antiguo KGB). «Un empleado de la oficina central de NABU ha sido detenido», informaron a través de un comunicado el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) y la Fiscalía General (OGP).
«Trabajaba en la unidad más elitista, la D-2, y espiaba para los servicios especiales rusos», explicaron, sin hacer pública la identidad del arrestado. Este martes, el Gobierno de Zelenski fue un paso más allá en su batalla contra la NABU y aprobó en el Parlamento —donde su partido, Servidor del Pueblo, ostenta la mayoría— una ley que limita las actividades y atribuciones tanto de la Oficina Nacional Anticorrupción como de la Fiscalía Especial Anticorrupción (SAPO). Ambas instituciones pasarán ahora a estar bajo la supervisión del fiscal general de Ucrania, un cargo político designado a dedo por el propio Zelenski.
Estas decisiones han provocado un gran malestar en la sociedad y en organizaciones que acusan al presidente ucraniano de restar independencia a las instituciones que luchan contra la corrupción, y lo señalan por tendencias autoritarias, justo en un momento en el que algunos cargos de su Gobierno están siendo investigados. «La infraestructura anticorrupción acaba de ser destruida por nuestros propios legisladores», denunció Semen Kryvonos, director de la NABU. «De hecho, esto no es solo un conflicto de intereses, sino también una amenaza para la integración de Ucrania en la UE», añadió. En este sentido, la Unión Europea, que siempre ha respaldado las aspiraciones de Kiev de formar parte del bloque comunitario, se mostró «preocupada» por estos últimos pasos dados por el Gobierno ucraniano.
«La UE continuará vigilando la situación y apoyando a Ucrania», sostuvo el portavoz comunitario Guillaume Mercier durante una rueda de prensa diaria, según recoge Efe. Así, aseguró que estas instituciones «son cruciales para la agenda de reformas de Ucrania y deben operar de manera independiente para combatir la corrupción y mantener la confianza pública». A modo de toque de atención a Zelenski, Bruselas le recordó que la lucha contra la corrupción es uno de los grandes desafíos de Ucrania y que, por tanto, «requerirá una fuerte capacidad para combatirla y asegurar una resiliencia institucional».
Zelenski, sin experiencia previa en política y cómico de profesión, fue elegido presidente de Ucrania en 2019 precisamente por su duro discurso contra la corrupción, endémica en el país. Ahora, el presidente ucraniano afronta un aluvión de críticas por, precisamente, desmantelar y socavar la independencia de las principales agencias que combaten este mal, en un momento en que el país también enfrenta la invasión rusa. «Estos cambios son un intento sistemático de eliminar la independencia de la NABU y la SAPO, colocar las investigaciones de corrupción de alto nivel bajo control político y crear una estructura de gestión vertical no transparente para los casos de anticorrupción que pueda controlarse manualmente», denuncian desde el Centro de Acción contra la Corrupción (Antac).
Asimismo, antes de aprobarse esta polémica ley en el Parlamento ucraniano, los embajadores en Kiev de los países del G7 —Estados Unidos, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Canadá y Japón— expresaron su preocupación por las redadas masivas contra estas instituciones. «Todos tenemos un compromiso común para apoyar la transparencia, las instituciones independientes y el buen gobierno, y apreciamos nuestras alianzas en Ucrania para combatir la corrupción juntos», insistieron en un comunicado conjunto.
