19 de junio de 2025.- Los familiares de los migrantes venezolanos que permanecen secuestrados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), en El Salvador, acudieron a la sede de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), ubicada en Ginebra, Suiza para solicitar un pronunciamiento oficial ante la flagrante violación de sus derechos humanos, ya que se mantienen retenidos sin derecho al debido proceso.
En representación del Comité de Defensa de los migrantes venezolanos, la ciudadana Jetsy Arteaga dijo que «el principal objetivo es que se pronuncie esta instancia internacional, ya que han transcurrido 97 días y no hemos tenido respuestas».
Agregó que «si se mantiene este silencio, van a continuar las vulneraciones de derechos fundamentales, no sólo de Venezuela, sino de todo el mundo» al tiempo que manifestó que pese a que no fueron recibidos directamente por la directiva de la OIM, el documento fue entregado de manera formal en la sede, en espera de respuestas concretas que permitan restaurar el camino de la legalidad, a favor de los migrantes secuestrados en El Salvador.
Por otra parte, la ciudadana Yuemily Velazco, abogada del Despacho Jurídico Angostura, destacó que la OIM es el organismo encargado de velar por los derechos de los migrantes en el mundo; por lo tanto, esperan que este organismo condene públicamente la detención injusta de los 252 migrantes venezolanos en El Salvador y exija su liberación inmediata.
Cabe destacar que el pasado 17 de junio familiares de los migrantes venezolanos secuestrados en El Salvador denunciaron ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), en Ginebra, Suiza, las violaciones de los derechos humanos contra los ciudadanos venezolanos que se encuentran en el Cecot, tras ser enviados de manera arbitraria por el Gobierno de Estados Unidos a este centro de reclusión sin que se le compruebe delito alguno.
En aquella ocasión, los parientes de los secuestrados en El Salvador estuvieron acompañados por el embajador Alexander Yánez, representante permanente de Venezuela ante la ONU, quien respaldó el reclamo, reiterando que más del 90% de los detenidos no tienen antecedentes penales.
