16 de diciembre de 2019.- El hallazgo de una fosa común con más de 50 presuntas víctimas de ejecuciones extrajudiciales del Ejército ha sacudido a Colombia y ha revivido el fantasma de los falsos positivos. La Jurisdicción Especial para la Paz, el tribunal encargado de juzgar los crímenes del conflicto armado, ha informado este sábado de una exhumación colectiva que realiza desde el pasado lunes en el cementerio de Las Mercedes en la localidad de Dabeiba, en el departamento de Antioquia (noroeste del país). "Se presume que en el cementerio de Dabeiba se encontrarían los restos de más de 50 personas presentadas ilegítimamente como bajas en combate", ha escrito este sábado la sala, que lleva meses contrastando información referente a ejecuciones extrajudiciales seguidas de desaparición forzada en ese territorio.
Ese tribunal, que nació del acuerdo de paz firmado entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC, ha detallado que las víctimas vivían en Medellín, capital de Antioquia, tenían edades comprendidas entre los 15 y los 56 años, y que es posible que algunas de ellas estuvieran "en condición de discapacidad". Como falsos positivos se conoce en Colombia la práctica extendida en el Ejército de asesinar civiles que eran presentados luego como guerrilleros muertos en combate con el objetivo de obtener de sus superiores beneficios en forma de ascensos, condecoraciones o permisos.
Las autoridades han exhumado "siete cadáveres completos de presuntas víctimas de estos hechos". "Adicionalmente", explica el tribunal, "hasta la fecha se han recuperado numerosas estructuras y fragmentos óseos de otras posibles víctimas. El tribunal ha señalado que estos hechos nunca habían sido investigados por la justicia ordinaria y que las pesquisas se iniciaron después de que un antiguo miembro del Ejército "indicó tener conocimiento de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por parte de agentes del Estado": "Dicha información fue contrastada con un conjunto de pruebas".
Según un informe de la Fiscalía publicado en mayo pasado hubo al menos 2.248 ejecuciones extrajudiciales entre 1998 y 2014, aunque el 97% de los casos se dieron de 2002 a 2008, entre el primer y el segundo mandato del expresidente Álvaro Uribe. Según los cálculos de distintas asociaciones de defensa de los derechos humanos, las cifras de ejecuciones son mayores y ascenderían al menos a 4.000 personas.
La JEP estudia desde finales de junio documentación de más de 150 casos de ejecuciones extrajudiciales con casi 300 víctimas presuntamente perpetradas por la Primera División del Ejército entre 2003 y 2008 en la región Caribe. El trabajo del tribunal consiste, según explicó magistrado Óscar Parra Vera cuando se abrió la investigación, en reconocer patrones. "Analizar contextos y analizar cierto de tipo de violencia y victimización. Por eso son tan importantes los informes que nos presentan, porque reúnen una serie de hechos y eso permite a la JEP tener un punto de referencia, que, es importante aclarar, será contrastado", explicó en referencia a las denuncias sobre falsos positivos. "Estamos investigando macroprocesos, patrones. Estamos trabajando en la Costa Caribe, [en los departamentos de] La Guajira y Cesar y particularmente hemos avanzado en el batallón la Popa. También estamos analizando unidades miliares en el Catatumbo, Casanare, Huila y Antioquia".