Este 26 de mayo habrá elecciones de autoridades en la Universidad Central de Venezuela, luego de quince años sin elecciones y en medio de una crisis sin precedentes de las universidades públicas. ¡Reproducimos el pronunciamiento de los estudiantes ucevistas de la agrupación juvenil Barricada!
El próximo viernes 26 de mayo, después de década y media sin elecciones de autoridades, por fin habrá elecciones, así como también de representantes profesorales a los distintos consejos (universitario, de facultades y escuelas). En total, son 620 cargos los que se renuevan. Estas elecciones continúan realizándose bajo un esquema antidemocrático, como exponemos más abajo, aunque con la novedad de que por primera vez votan los trabajadores. Es un hecho muy importante ante las constantes apetencias injerencistas del gobierno nacional, así como ante el eternizamiento en el poder de las autoridades actuales: ambas opciones significaban despojar a la comunidad universitaria del derecho a elegir el gobierno universitario. Estas elecciones, de alguna manera, dejan atrás ese inmovilismo antidemocrático que prevaleció durante 15 años.
Ese "juego trancado" entre el gobierno y las autoridades internas, sumado al colapso y desmantelamiento de la universidad, a la no presencialidad por la pandemia,y a la ausencia de algún movimiento universitario de lucha, llevaron a tal punto crítico en que el gobierno de Maduro, en medio de su profunda descomposición autoritaria, se atrevió a nombrar una "protectora" de la UCV (Jacqueline Farías); el intento más agresivo de imponer a dedo, desde el gobierno, autoridades en la universidad. Como se sabe, esa es una práctica brutalmente antidemocrática, mediante la cual el gobierno central prácticamente desconoce a gobernantes regionales y municipales electos por voto popular que no le sean afines o no se le subordinen, y nombra a dedo como "protectores", a dirigentes del chavismo gobernante, otorgándoles a estos los recursos económicos y demás atribuciones que le corresponderían al gobernante electo. Si bien las autoridades universitarias no habían sido electas por voto universal, es evidente el carácter autoritario y de atropello contra la comunidad universitaria que implica que sea el gobierno quien pretenda imponer sus autoridades.
Por eso estas elecciones son importantes, porque el gobierno profundizó su intervencionismo tomando como excusa la no renovación interna de sus autoridades y el colapso universitario (¡del que el propio gobierno es responsable, dicho sea de paso!). Estas elecciones, aunque aún muy lejos de una "democracia universitaria", reafirman sin embargo que sea desde la comunidad universitaria desde donde se elijan sus autoridades. Pueden así contribuir a alejar el espectro de la intervención.
Por supuesto, la garantía contra el intervencionismo del gobierno no son unas elecciones como estas, sino el reanimamiento de la vida interna de la universidad, de sus debates, de que surjan en ésta corrientes y movimientos de lucha por las reivindicaciones económicas y democráticas de las y los estudiantes, empleados y obreros, profesores, por la defensa de la universidad pública, gratuita y de calidad, por una universidad de cara a las luchas y necesidades de la mayorías trabajadoras y populares, etc.
Es en esa perspectiva que, como estudiantes universitarios, acudiremos a votar en estas elecciones, reivindicando la importancia de romper el impasse en el que la posibilidad de elegir las autoridades universitarias quedaba atenazada entre la injerencia gubernamental (antes con Chávez, luego con Maduro) y el mando antidemocrático y eterno de las autoridades internas (García Arocha y Cía, alineada políticamente con la oposición de derecha, Guaidó, etc.).
Sin embargo, como estudiantes que nos reivindicamos anticapitalistas, de una izquierda que se mantuvo opuesta al chavismo y –obviamente– a la derecha, y que luchamos por una transformación democrática radical de la universidad, consideramos que entre las fórmulas que se presentan no hay alguna que exprese la perspectiva de lucha por una transformación democrática radical de la universidad, por hacer de esta una universidad al servicio de las luchas y necesidades del pueblo trabajador, así como de lucha firme tanto frente al gobierno hambreador y represivo, como ante las opciones y planes de una oposición que solo ofrece "otra manera" de gestionar el decante capitalismo venezolano.
Las diferentes tendencias políticas del país compiten también en estas elecciones universitarias
En esta pugna confluyen las diferentes tendencias políticas que hacen vida en el país. Los diferentes partidos y corrientes políticas tienen entre sus militantes y simpatizantes a profesores universitarios, empleados, obreros, estudiantes y egresados, y se lanzan a competir por quién dirige la universidad y sus facultades. Esto es algo fundamental que hay que tener en cuenta, no se trata de una pugna "académica", el hecho educativo está en el centro, por supuesto, pero la dirección de una universidad es un asunto político. Y quién dirija la UCV es de importancia en la constelación de la correlación de fuerzas en el país.
Por eso el PSUV tiene su plancha y sus candidatos, también los tienen AD (sus dos fracciones), Primero Justicia, Voluntad Popular, Un Nuevo Tiempo, Fuerza Vecinal, aunque se presenten con el velo de lo académico. Hay también algunas fórmulas y candidatos que no responden directamente a algunas de estos partidos, que no tienen adscripción partidaria específica, lo que no quiere decir, claro está, que no tengan posiciones políticas y un programa sobre cómo gobernar la universidad y cómo relacionarla con los otros actores y poderes políticos de la sociedad y del mundo.
¿Es esto un problema? Decimos que no. El que la dirección de una universidad esté cruzada por la lucha política es de lo más lógico, las universidades no existen por fuera de la sociedad en la que están, una sociedad dividida en clases, cruzada por múltiples problemas e injusticias, por la pugna entre intereses sociales antagónicos, etcétera. Todo eso se expresa en la "búsqueda del conocimiento", en la investigación, la extensión y, en general, en todo lo que implica el rol de las universidades. El problema no está en que haya posiciones políticas en juego, sería absurdo e irreal querer que así no fuera, el problema está, desde nuestro punto de vista, en cuáles son los intereses y posiciones que se expresan hoy.
Enfrentar al gobierno hambreador, represivo y "ocupante", pero también a las otras fuerzas del consenso capitalista
La universidad tiene en el gobierno de Maduro un claro enemigo, fue este quien la terminó de estrangular presupuestariamente, quien profundizó las políticas represivas contra el derecho a protestar, y quien elevó las políticas intervencionistas: si en época de Chávez, período de bonanza petrolera y de relativa estabilidad política post 2002-2005, el intervencionismo llegó hasta el intento de imponer mediante leyes un mayor control estatal/gubernamental, y el impedimento de las elecciones internas vía resoluciones judiciales, con Maduro, en medio de la catastrófica crisis económica y política que se desató, se repitieron las acciones judiciales pero, además, llevó a cabo lo que es prácticamente una ocupación de la universidad, vía la "Comisión Presidencial".
Las opciones del chavismo gobernante, las que representan los intereses del PSUV/Gobierno, deben ser claramente rechazadas, la universidad necesita ponerse en pie de lucha contra el principal responsable del histórico desmantelamiento de las universidades públicas, contra el que, aprovechando el colapso causado por él mismo, y aprovechando el desastre de la gestión de las autoridades internas así como su alineamiento con la fracasada política trumpista de Guaidó, ha ocupado groseramente la universidad, a fuerza de plata -¡la plata que le niega a la universidad por los canales regulares!-, prepotencia gubernamental y sus cuerpos de seguridad.
Sin embargo, si en un lado están los alineados con este gobierno, las planchas y candidatos que expresan sectores confrontados al mismo, lo hacen desde la acera de la derecha que se sumó a toda la agenda injerencista estadounidense, que, para perseguir sus propios fines, llevó adelante un nivel de agresión de corte imperialista como no se veía en décadas en la región, incluyendo la confiscación de bienes y recursos del país, así como la imposición de "sanciones" que profundizaron las penurias del pueblo venezolano. Estos sectores no pueden ser en modo alguno una alternativa, ni democrática ni de cara a los intereses de las mayorías del país.
Distanciándose de esas opciones, están quienes se mantienen independientes del gobierno, pero que, huyendo de lo que significó todos estos años, por parte de las autoridades salientes, el haber puesto la universidad al servicio de la política de los partidos de la oposición, plantean un "diálogo" con el gobierno en "nuevos términos", sin asumir una posición clara de movilizar y enfrentar a quien tanto daño ha hecho a la universidad pública, a sus trabajadores, sus estudiantes y al país.
No hay una plancha que se asuma claramente combativa ante el gobierno y al mismo tiempo independiente de la oposición por derecha al mismo.
¿Es "democrática" la UCV? ¿Qué pasa con el régimen interno de la universidad?
Una de las principales novedades de estas elecciones es que por primera vez tendrán derecho al voto las empleadas, empleados, obreras y obreros, un sector de los trabajadores universitarios a quien siempre se le negó ese derecho político. Es una de las luchas históricas de quienes cuestionamos la antidemocracia del régimen universitario. Sin embargo, el avance es parcial, veamos por qué.
El valor de los votos será así: profesores (50%), estudiantes (25%), egresados (5%), empleados (10%) y obreros (10%). La universidad tiene aproximadamente 8 mil profesores, que valdrán la mitad de los votos, 24 mil y tantos estudiantes, cuyos votos valdrán una cuarta parte del total, decenas de miles de egresados con derecho a voto, que valdrán 5%, y 8 mil empleados administrativos y obreros, cuyos votos valdrán una quinta parte, sumando ambos.
Un sector, en este caso los profesores, conservan un poder de voto que les permite definir la elección de las autoridades, que además, siguen siendo sacadas solo de su seno: es decir, estudiantes y trabajadores no docentes pueden votar pero no postularse, solo pueden votar por las opciones que postulen los sectores profesorales. Solo los profesores pueden acceder a posiciones de mando en el gobierno universitario.
Eso se complementa con el co-gobierno (consejos universitario, de facultades y escuelas), donde, además de las autoridades, están los representantes de algunos de los sectores universitarios. ¿Pero cómo es el asunto allí? Los profesores están allí no solo en cuanto autoridades, sino que también tienen miembros como representantes profesorales al co-gobierno, es decir, están por partida doble. Las y los estudiantes tenemos una pequeña representación, bastante minoritaria, y los trabajadores no docentes siguen sin tener ningún tipo de representación.
Esto hace que, aún con las novedades de esta elección, la estructura aristocrática del mando universitario se mantenga, y en el caso de los empleados y obreros, que su "ciudadanía" sea parcial, solo pueden votar por profesores, pero no tener representación propia en ninguna de las instancias.
¿Y no es normal que así sea? Pues no. Se trata de dirigir los asuntos académicos –que revisten un carácter social y político también–, administrativos, laborales, reivindicativos, jurídicos, culturales, deportivos, de seguridad, de todas y todos los sectores que hacemos vida en la UCV, y de una institución educativa clave para el país. De una comunidad donde coexisten diferentes necesidades e intereses, el sector profesoral no solo tiene la potestad de producir e impartir conocimientos sino también de administrar los recursos económicos que pertenecen a todos, y ejercer un sistema de gobierno bastante autoritario, sin "separación de poderes" alguna, siendo ellos mismos quienes crean y eliminan las normas de convivencia (legislan), administran los procesos disciplinarios (imparten justicia) y ejecutan todas la decisiones (poder ejecutivo).
Así, en lo que refiere a las relaciones entre los distintos sectores de la comunidad universitaria, el profesorado es una casta privilegiada, y esa antidemocracia está en la raíz de muchos problemas de desigualdades e injusticas a lo interno de la universidad, tanto en la gestión de los recursos como en materia de impunidad, abusos de poder, sanciones disciplinarias, etc.
Ninguno de los candidatos a rector o a decanos y decanas, cuestiona a fondo esta realidad, todos asumen como normal y natural que así sea. La única excepción es la plancha que responde al gobierno ("Juntos por patrimonio"), pero eso debe ser considerado como demagogia al servicio del control gubernamental. ¿Por qué? Tan sencillo como que ¡en ninguna de las universidades controladas por el gobierno hay un sistema de gobierno democrático como el que de boca dicen querer para las universidades autónomas! Más bien al contrario, es un sistema más autoritario que el de las autónomas, con menos derechos para las y los estudiantes. Eso es así desde siempre (es decir, desde tiempos de Chávez).
Todo el discurso gubernamental al respecto siempre ha sido para instrumentalizar estas justas demandas históricas de sectores universitarios, en función de la intervención del gobierno para hacerse con el control de universidades que no podía controlar. En función de eso han estado las sucesivas intervenciones judiciales para evitar las elecciones restrictivas. Por eso es una incoherencia total y una impostura, pretender que de la mano del gobierno intervencionista, de asfixia económica y represivo, se podrá alcanzar la democracia universitaria.
Es por eso que, en este aspecto central, no hay ninguna fórmula que exprese la lucha por una radical democratización del régimen universitario.
Financiamiento, defensa de la educación pública y "consenso burgués"
Un punto neurálgico del colapso de la universidad es su terrible precariedad presupuestaria (en el último ejercicio la UCV recibió apenas un 2% de lo que solicitó), eso está en la base del colapso del bienestar estudiantil (comedor, transporte, servicio médico, becas, pasantías, etc.), la miseria salarial de sus trabajadores (tanto profesores como empleados y obreros), el inédito deterioro de su infraestructura, la deserción forzada y masiva de estudiantes, docentes y demás trabajadores, la clausura o funcionamiento casi simbólico de muchos centros de investigación, etc. No hay recuperación alguna de la universidad si no se resuelve ese asunto, ¿pero cómo resolverlo sin chocar con el "consenso burgués" que reina en el país?
La universidad pública tiene, naturalmente, su fundamental fuente de financiamiento en los recursos públicos, eso es así y debe seguir siendo así, porque depender del financiamiento del capital privado es subordinar directamente su quehacer (investigaciones, pensum, etc.) a las necesidades de ganancia de esta clase social, y porque cobrar la educación para financiarla (cosa que de hecho ya está pasando en varios niveles en la universidad), implicaría que ya va dejando ser pública y gratuita, lo que marcaría otro retroceso en clave de exclusión social.
Sin embargo, a pesar de que este aspecto ha sido históricamente un sentido común a lo interno de la universidad, el desastre económico del país -¡desastre para el pueblo y para el país, pero no para los ricos tradicionales y los nuevos!- ha venido a modificar esta cuestión. Entre quienes aspiran dirigir la universidad están, grosso modo: quienes, sin resignar formalmente la demanda del presupuesto público, plantean toda una orientación de esta hacia volverse más funcional al capital privado, de manera de recibir de este financiamiento; quienes (como el gobierno) "no ven" el problema de la asfixia presupuestaria por parte del Estado, porque "toda la vida hemos estado en crisis", y convenientemente también proponen que la universidad busque otras fuentes de financiamiento o "autogestión"; y quienes, planteando también la necesidad de que esta ofrezca bienes y servicios como mecanismo de autogestión, insisten con más claridad en que sí debe ser el financiamiento público lo fundamental y en que debe cuidarse de no avanzar en medidas de privatización, pero no plantean ninguna perspectiva sobre cómo hacer que la exigencia del presupuesto universitario no sea una solicitud impotente, incapaz de modificar la realidad de todos estos años.
El problema aquí es que ninguno ataca lo que es una realidad hoy: el relativo consenso entre las principales fuerzas políticas y los representantes del capital privado nacional, no declarado, pero que funciona en los hechos, de que la "recuperación" de la economía nacional ha de pasar priorizar al máximo las condiciones de las ganancias y rentas privadas, sin importar qué otros derechos eso se lleve por delante (derechos laborales, ambientales, comunitarios, etc.), sin importar que eso está profundizado brutalmente la desigualdad social en el país, reconcentrando cada vez más las riquezas y recursos en un minoría social: el 10% más rico del país tiene 70 veces más ingresos que el 10% más pobre; casi el 80% de los hogares tiene algún nivel de inseguridad alimentaria; solo 16% de los jóvenes entre 18 y 24 años de los hogares pobres está estudiando (ENCOVI 2022); son tan desiguales las cargas impositivas que, en promedio, la mitad de los impuestos los capta el gobierno del IVA, el impuesto que paga el pueblo común, mientras el Impuesto sobre la Renta aporta solo un cuarta parte y a veces mucho menos que eso.
Al mismo tiempo que eso pasa a lo interno, afuera hay una cantidad enorme de recursos provenientes de dineros públicos (bien sea renta petrolera o endeudamiento público), producto de la conversión de esos recursos en capital privado de unos cuantos aprovechadores, por las diversas vías que siempre ha tenido para eso el capitalismo rentístico y dependiente: fuga de capitales, fraude importador, corrupción. Se calculan entre 350 y 500 mil millones de dólares, ¡eso es equivalente a varios años de ingresos petroleros en época de boom! Esa plata que hace falta con urgencia para múltiples necesidades en el país, está en manos de unos cuantos afuera. Junto a eso, otro aspecto el consenso en las alturas, es "honrar" la deuda externa, una deuda odiosa, conferida en contra del interés nacional, que sirvió para apalancar esa enorme fuga de plata y cuyos pagos le quitan al país cuantiosos recursos que necesidad para cosas vitales.
¿Qué tiene que ver esto con el presupuesto universitario? Mucho. Porque sin modificar drásticamente esa distribución de ingresos, sin cambiar radicalmente las prioridades, sin romper esas lógicas, no habrá mejoría sustancial del presupuesto universitario. Pero ninguno de los candidatos habla de estos temas, ninguno plantea nada respecto a la necesidad de garantizar los recursos para la universidad pública en base a invertir las prioridades y, por ejemplo, aplicar fuertes impuestos a las ganancias y fortunas, conminar la repatriación obligada de los recursos que hay afuera, cesar el pago de la deuda externa y dedicar parte de ese dinero a la educación, etc. Si no hay ninguna lucha en ese sentido, no dejará de ser una formalidad "exigir el presupuesto".
Luchamos por una universidad pública y gratuita, por su democratización radical y al servicio de las luchas y necesidades del pueblo trabajador
Son estas las razones fundamentales por las que votaremos en blanco, sin respaldar alguna de las planchas en disputa, ejerciendo sin embargo el voto, por todo lo expuesto en la primera parte de este texto. Afirmamos la importancia de que la comunidad universitaria no se deje cercenar –ni desde afuera ni desde adentro– el derecho a elegir sus autoridades, al tiempo que planteamos la necesidad de una perspectiva que se proponga transformar radicalmente el régimen interno universitario, que luche consecuentemente por la universidad pública, gratuita y de calidad, tanto frente al gobierno como ante el conjunto de los intereses de las clases propietarias que obstaculizan la viabilidad de la misma.
Así mismo, consideramos que la universidad pública debe ligar su suerte a las luchas de las mayorías del país contra todas las injusticias sociales y por la resolución de sus problemas más profundas. No solo para hacer asistencialismo, no para "servir al pueblo" en el sentido que dice el gobierno, que es apenas poner a las universidades a cumplir con planes gubernamentales, sino a vincular su destino a las luchas contra un sistema social basado en la explotación y las desigualdades, ponerse al servicio de transformaciones sociales de fondo que deben darse para poder hablar realmente de "desarrollo" y "superación del atraso", promesas tan repetidas e incumplidas a lo largo de más de un siglo.