I. Diagnóstico y análisis de la situación

En Venezuela se aplica la modalidad del control de cambio desde 1983 cuando, durante el gobierno del presidente Luis Herrera, el Estado reconoció un déficit enorme y se obligó a implementar controles en las transacciones financieras que involucraban a las divisas extranjeras; surge así el Régimen de Cambio Diferencial, mejor conocido como RECADI, cuya aplicación dio mucho de qué hablar y se convirtió en el caso de corrupción más grande en la historia económica de nuestro país.

Veinte años después, en 2003, durante la presidencia del Comandante Hugo Chávez F., se conformó la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), a pocos días de abortado el sabotaje petrolero provocado por la gerencia petrolera de Pdvsa, Fedecámaras, un grupo de militares sediciosos y la dirigencia más radical de la oposición, representada por la alta burguesía venezolana con el apoyo del gobierno de EE.UU, en medio de una fuerte crisis económica y política, y cuyas reglamentaciones y manejo han dejado mucho que desear.

La elección de Hugo Chávez como Presidente de la República, la sanción de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), la transformación de algunas de las instituciones fundamentales del Estado, el abatimiento progresivo de la deuda social acumulada durante la vigencia de la Nación como República, evidencian estamos ante otro país. Sin embargo, nos hemos quedado cortos. Siguen vulnerando la prosperidad de los venezolanos prácticas infecciosas condenadas por nuestra Carta Magna. Uno de los casos más notorios de la negligencia del Estado es la existencia y consolidación de monopolios. El Capítulo VII, De los Derechos Económicos, consagra lo siguiente:

"Artículo 113. No se permitirán monopolios. Se declaran contrarios a los principios fundamentales de esta Constitución cualesquier acto, actividad, conducta o acuerdo de los y las particulares que tengan por objeto el establecimiento de un monopolio o que conduzcan, por sus efectos reales e independientemente de la voluntad de aquellos o aquellas, a su existencia, cualquiera que fuere la forma que adoptare en la realidad. También es contrario a dichos principios el abuso de la posición de dominio que un o una particular, un conjunto de ellos o de ellas, o una empresa o conjunto de empresas, adquiera o haya adquirido en un determinado mercado de bienes o de servicios, con independencia de la causa determinante de tal posición de dominio, así como cuando se trate de una demanda concentrada. En todos los casos antes indicados, el Estado adoptará las medidas que fueren necesarias para evitar los efectos nocivos y restrictivos del monopolio, del abuso de la posición de dominio y de las demandas concentradas, teniendo como finalidad la protección del público consumidor, de los productores y productoras y el aseguramiento de condiciones efectivas de competencia en la economía. Cuando se trate de explotación de recursos naturales propiedad de la Nación o de la prestación de servicios de naturaleza pública con exclusividad o sin ella, el Estado podrá otorgar concesiones por tiempo determinado, asegurando siempre la existencia de contraprestaciones o contrapartidas adecuadas al interés público".

El siguiente artículo, en tanto, establece:

"Artículo 114. El ilícito económico, la especulación, el acaparamiento, la usura, la cartelización y otros delitos conexos, serán penados severamente de acuerdo con la ley".

El Estado tiene a su disposición la Ley Fundamental de la República para profundizar los cambios que los venezolanos reclaman y se merecen, de tal manera que se cumpla el mandato del artículo 3° de la Carta Magna, que a la letra ordena:

Artículo 3. El Estado tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución. La educación y el trabajo son los procesos fundamentales para alcanzar dichos fines. "

Todo el entramado legislativo de la CRBV está consagrado a la defensa de los venezolanos, de las familias, de las trabajadoras y trabajadores, es un documento de protección social de alcance inmarcesible. Así, en el Capítulo V, de los Derechos Sociales y de las familias, establece:

Artículo 91. Todo trabajador o trabajadora tiene dereho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales. Se garantizará el pago de igual salario por igual trabajo y se fijará la participación que debe corresponder a los trabajadores y trabajadoras en el beneficio de la empresa. El salario es inembargable y se pagará periódica y oportunamente en moneda de curso legal, salvo la excepción de la obligación alimentaría, de conformidad con la ley. El Estado garantizará a los trabajadores y trabajadoras del sector público y del sector privado un salario mínimo vital que será ajustado cada año, tomando como una de las referencias el costo de la canasta básica. La Ley establecerá la forma y el procedimiento. Artículo 92. Todos los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a prestaciones sociales que les recompensen la antigüedad en el servicio y los amparen en caso de cesantía. El salario y las prestaciones sociales son créditos laborales de exigibilidad inmediata. Toda mora en su pago genera intereses, los cuales constituyen deudas de valor y gozarán de los mismos privilegios y garantías de la deuda principal.

II. El control de cambios

Durante los primeros años de su aplicación (2003-2010), aunque se presentaron discusiones y pronunciamientos en contra de esta modalidad, la situación no pasó a mayores. La abundancia de dólares debido a los altos ingresos petroleros, llevó al Estado a cometer excesos en el suministro de divisas para la importación de toda clase de alimentos, medicamentos, y productos manufacturados, así como gastos para artículos de lujo, turismo, placeres, y un largo etcétera. Este manejo dispendioso de las divisas, tanto de la alta gerencia de los órganos de asignación de las mismas, como de empresarios dependientes del erario y de la corrupción, alimentado por la falta de control y seguimiento por parte de las autoridades, empezó a hacer crisis inmediatamente después de la elección de Nicolás Maduro en abril de 2013 como Presidente de la República, el inicio de una ola de movilizaciones violentas de la oposición que llevó, simultáneamente, a:1) la aparición de un fenómeno social de compras masivas de artículos regulados de la cesta básica conocido como "bachaqueo", que progresivamente se multiplicó, devino en:

2) acaparamiento;

3) desabastecimiento;

4) vertiginosa del alza de los precios;

5) aparición simultánea en el mercado fronterizo de un dólar especulativo con valores 6, 8, y 10 veces mayores que el dólar protegido;

6) desviación de los canales de distribución de los productos esenciales de la cesta básica desde los centros de producción y distribución, e incluso desde los puertos de importación;

7) ocultamiento de toneladas de alimentos, medicamentos y otros productos de primera necesidad en gandolas, almacenes, galpones;

8) contrabando masivo hacia los países fronterizos, especialmente Colombia por decenas de pasos clandestinos que contó con la complicidad de funcionarios públicos, proceso que hizo crisis a partir de 2014 con la caída de los precios del petróleo en el mercado internacional, y

9) alza desenfrenada de la inflación, que la llevó desde 20,1% en 2012, a 56,6%; 68,5% y 180,9% en los años 2013, 2014 y 2015, respectivamente.

10) El desplome de los precios del petróleo desde finales de junio de 2014 terminó por hacer metástasis en la economía venezolana; las reservas internacionales cayeron a su mínimo histórico en los últimos diez años.

11) Todo lo anterior en medio de un ambiente político interno y externo, alimentado por una campaña nacional e internacional a través de los medios de comunicación social, que ha puesto en una posición por demás incómoda la situación del país ante los organismos financieros internaciones.

Ese dantesco cuadro de la economía del país ha tenido violentas repercusiones en los valores expresados en los indicadores sociales, logros que habían mostrado a la Revolución Bolivariana como ejemplo a seguir en el Tercer Mundo. Los resultados de prácticamente todos los indicadores macroeconómicos que se habían mostrado positivos, además del desarrollo social como consecuencia de la política de inversiones en este importante sector de la vida nacional: erradicación del analfabetismo, abatimiento de las enfermedades crónicas gracias a la Misión Barrio Adentro, la disminución de la deserción escolar con la eliminación del pago de matrícula, incremento sin precedentes de las pensiones para los ciudadanos de la tercera edad, creación de más de treinta universidades, aumento de más de 300% de la matrícula universitaria, construcción de millares de viviendas dignas para los venezolanos sin techo, creación de la Misión Alimentación y regulación de los precios de los artículos de primera necesidad, entre muchos otros logros, se han deteriorado visiblemente, pese a los esfuerzos del gobierno nacional por mantener la política de inversiones sociales como bandera de este proceso.