31.05.21 - Mientras sigue la represión de la fuerza pública en varias ciudades de Colombia contra las manifestaciones que rechazan las políticas neoliberales del Gobierno de Iván Duque y la brutalidad policial, las autoridades reconocieron un número de menor de asesinados en las protestas que cumplieron más de un mes.
Al cumplirse un mes de la huelga nacional iniciada el 28 de abril, el conservador Duque emitió la noche del pasado viernes un decreto (el 575 de 2021) que impone la "asistencia militar" en ocho departamentos y 13 ciudades, incluidas seis capitales departamentales. Informó el portal Público.es.
El senador de izquierda Iván Cepeda indicó que, en la práctica, esto sería ni más ni menos que "un golpe de estado", porque "sustituye la autoridad civil por autoridades militares" en un área habitada por unos 12,7 millones de personas, es decir, la cuarta parte de la población.
En un informe conjunto entre la Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo se indica que 48 personas murieron desde el inicio de las protestas en el país, el pasado 28 de abril, en el marco del Paro Nacional, de las cuales 20 sí tienen una relación directa con estas manifestaciones en las diferentes regiones del territorio nacional.
En el reporte no se menciona la violencia ejercida por grupos paramilitares, amparados por la policía, que han disparado contra los manifestantes en varias ciudades colombianas, en particuar en Cali, epicentro de las protestas, que el pasado viernes registró al menos 14 personas asesinadas.
La cifra queda atrás de los 79 asesinatos que reporta el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) durante las manifestaciones, la mayoría de ellas cometidas por elementos del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) y otros elementos armados, que vestidos de civil, han disparado contra la ciudadanía.
Indepaz junto con la ONG Temblores lleva un reporte independiente sobre una serie de lesiones, heridas, desaparecidos y decesos registrados en las diferentes protestas que se han llevado a cabo el territorio colombiano contra el Gobierno de Duque.
Según la fiscalía, los casos de personas fallecidas por hechos ligados a estas protestas fueron identificados en las siguientes zonas del país: en Cali 10 casos, Valle del Cauca (4), Bogotá (1), Cundinamarca (3), Cauca (1) y Tolima (1).
Asimismo, se determinó que 19 de los casos de personas reportadas como fallecidas, no tienen nexo alguno con las manifestaciones; mientras que los nueve casos restantes están en proceso de verificación para conocer las circunstancias de los hechos.
De otra parte, señaló que en el transcurso de las labores conjuntas con los delegados de la Defensoría del Pueblo ha sido posible encontrar a 308 personas reportadas desaparecidas en el marco de las manifestaciones.
Las cifras del Gobierno difieren con las que reportan organismos independientes, como Indepaz, que tiene un listado de 71 personas asesinadas durante las protestas al corte del 31 de mayo, la mayoría de las víctimas fueron abatidas en el departamento de Valle del Cauca.
Este listado oficial se publica después de las declaraciones del ministro de Justicia, Wilson Ruiz, que han sido motivo de polémica ya que aseguró que “decir que los muertos que ha habido son exactamente como consecuencia del paro nacional es totalmente falso”.
En una entrevista con Vice News, el ministro consideró que “muchos muertos no han sido por consecuencia del paro que ha habido”. Tras las críticas, el propio Ruiz aseguró después que no niega las muertes de colombianos debido a las protestas.
No obstante, agregó que “no se le pueden atribuir todas las muertes a la fuerza pública”, ya que “pueden suceder muchas de ellas por diversos factores”.
Consideró que organizaciones criminales internacionales, que no identificó, bajo el amparo del Paro Nacional, se han aprovechado para tratar de desprestigiar a Colombia ante la comunidad mundial.
Amnistía Internacional: en la OEA se debe condenar la crisis de derechos humanos en Colombia
Amnistía Internacional (AI) señaló que los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) deben condenar las violaciones a los derechos humanos y crímenes del derecho internacional por parte de agentes de la fuerza pública de Colombia.
“La comunidad internacional no puede ser un mero espectador ante la grave crisis de derechos humanos que vive Colombia. A los Estados miembros de la OEA el principio de responsabilidad compartida de garantizar derechos humanos les exige actuar", dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
En una carta enviada a los Estados miembros de la OEA, Amnistía Internacional expresó su preocupación por su silencio en relación con la situación de Colombia.
Con información de Telesur.