La mentira de la desnazificación

En la Alemania supuestamente "desnazificada", un ex miembro del Partido Nazi llegó a ser canciller en 1966.

No en 1933 ni bajo Hitler, no en el colapso del Reich.

En 1966, en plena República Federal Alemana fue presentada al mundo como vitrina de la democracia occidental.

Su nombre era Kurt Georg Kiesinger.

Este hecho, incómodo y deliberadamente ocultado por la historiografía oficial, no es una anomalía ni un "error del pasado", sino una radiografía brutal del Estado capitalista alemán de posguerra. La llegada de Kiesinger a la Cancillería no fue una traición al proceso de desnazificación: fue su resultado lógico. Porque la desnazificación nunca fue una depuración revolucionaria del aparato estatal, sino una operación controlada de maquillaje político, diseñada para salvar lo esencial: la continuidad del poder de clase burgués.

El relato dominante afirma que Alemania rompió con su pasado fascista, que el nazismo fue extirpado como una enfermedad ajena al "verdadero espíritu democrático" de la nación. Pero la historia material muestra lo contrario: el fascismo no fue derrotado desde abajo, por la clase trabajadora organizada, sino administrado desde arriba por las potencias vencedoras, que pronto reemplazaron un problema por otro. El enemigo dejó de ser el nazismo y pasó a ser el comunismo. Y en ese giro estratégico, los viejos cuadros del Reich se volvieron útiles otra vez.

Kiesinger no llegó al poder pese a haber sido nazi. Llegó al poder porque el nuevo Estado alemán necesitaba hombres como él: disciplinados, formados en el aparato estatal, profundamente anticomunistas y garantes del orden burgués. La República Federal Alemana no nació de una ruptura histórica, sino de un reciclaje del mismo aparato estatal, adaptado a las necesidades del capital en la Guerra Fría. Cambiaron los símbolos, no la estructura. Cambió la bandera, no la clase dominante.

Que un antiguo miembro del partido nazi pudiera convertirse en canciller sin que el sistema colapsara en escándalo permanente demuestra una verdad que la ideología liberal se esfuerza por ocultar: el capitalismo no se desnazificó porque no podía hacerlo sin cuestionarse a sí mismo. El nazismo fue una forma extrema de dominación burguesa en crisis; su derrota militar no implicó la derrota social de las clases que lo sostuvieron. Por eso, veinte años después, un ex miembro voluntario nazi gobernaba Alemania occidental con plena legitimidad parlamentaria.

Este no es un análisis sobre un individuo aislado. Es sobre el fraude histórico de la desnazificación, sobre la continuidad del Estado burgués alemán y sobre la mentira estructural de la democracia capitalista cuando se presenta como antítesis del fascismo. La figura de Kurt Georg Kiesinger no es una excepción vergonzosa: es la prueba.

El mito fundacional: "Alemania se desnazificó"

La República Federal Alemana se edificó sobre un relato fundacional, sobre una supuesta desnazificación ejemplar de la sociedad alemana tras 1945.

Según esta versión, el nazismo habría sido extirpado del cuerpo social y sustituido por una democracia nueva, limpia y moralmente regenerada. Pero los datos históricos muestran otra cosa. La desnazificación fue selectiva, superficial y subordinada a la reconstrucción del capitalismo alemán y a las necesidades estratégicas de la Guerra Fría.

Al final de la Segunda Guerra Mundial, el Partido Nazi contaba con más de 8 millones de afiliados, alrededor del 10 % de la población alemana adulta. Si se incluyen organizaciones satélite (Juventudes Hitlerianas, Liga de Mujeres Alemanas, asociaciones profesionales nazificadas), decenas de millones habían estado integradas de algún modo en el aparato del régimen. La pregunta central no es si todos eran criminales, sino otra mucho más incómoda:

¿Cómo pudo "desnazificarse" un Estado sin desmontar la clase y el aparato que lo habían sostenido?

La respuesta está en la forma concreta y contradictoria que asumió el proceso tras el colapso del Estado nazi. Porque, contra el relato oficial, sí existió una desnazificación desde abajo. Ya en mayo de 1945, con el derrumbe del aparato hitleriano, surgieron por toda Alemania comités antifascistas (Antifa-Ausschüsse), nacidos fundamentalmente de la clase trabajadora, de militantes comunistas, socialistas, sindicalistas y obreros sin partido que habían sobrevivido a la represión.

Estos comités no se limitaron a declaraciones simbólicas. Arrestaron a nazis y colaboradores, confiscaron archivos, reorganizaron la administración local, garantizaron el abastecimiento, impulsaron formas embrionarias de control obrero en fábricas abandonadas por la patronal y comenzaron una depuración real del aparato estatal. Durante semanas —y en algunos lugares, meses— existió un poder antifascista de facto, basado en la autoorganización popular, que apuntaba objetivamente a una ruptura con el viejo orden.

Pero precisamente por eso fue intolerable para las potencias aliadas.

Lejos de apoyarse en estos organismos surgidos desde abajo, los Aliados —especialmente en las zonas occidentales— impusieron la ley marcial, disolvieron o vaciaron de contenido a los comités antifascistas, anularon sus decisiones, liberaron a nazis y colaboradores encarcelados por estos órganos populares, y arrestaron o deportaron a dirigentes obreros y militantes antifascistas. Este proceso represivo no fue episódico: se desarrolló de manera sistemática, incluso paralelamente a los Juicios de Núremberg, revelando el doble carácter de la política aliada.

Citando parte de la introducción de mi cuaderno de formación marxista (Tras la caída del nazismo: los Aliados contra los Comités Antifascistas):

"El capital no teme tanto a los discursos revolucionarios como a los hechos revolucionarios. Un comité de obreros que organiza el pan, el orden público y la producción sin patrones ni burócratas, aunque no levante aún un programa marxista explícito, es más peligroso para la burguesía que mil proclamas sin estructura detrás"

Mientras se juzgaba a una cúpula reducida del régimen nazi para dar una imagen de justicia histórica, se aplastaba en el terreno toda posibilidad de una depuración revolucionaria real. Núremberg no fue el inicio de la desnazificación, sino su coartada. El verdadero peligro para el orden capitalista no eran los jerarcas derrotados, sino la clase trabajadora alemana organizada, que comenzaba a sacar conclusiones prácticas de la catástrofe fascista.

Este hecho es decisivo, la desnazificación fue una farsa no porque no hubiera alternativa, sino porque esa alternativa fue conscientemente reprimida. No fracasó por debilidad de la clase obrera, sino porque el imperialismo no podía permitir que el derrumbe del nazismo desembocara en una transformación socialista de Alemania. Por eso se desmantelaron los comités antifascistas y se reconstruyó el Estado desde arriba, reciclando cuadros del viejo régimen bajo nuevas formas jurídicas.

Este proceso —deliberadamente silenciado en la historiografía dominante y casi inexistente en lengua española— demuestra que la continuidad del aparato estatal no fue un accidente ni una improvisación, sino una decisión estratégica del capital internacional. La República Federal Alemana nació, así, no contra el pasado nazi, sino sobre sus restos cuidadosamente seleccionados.

Sobre este proceso en particular —los comités antifascistas, su papel real y su represión por parte de los Aliados— he desarrollado un análisis detallado en un cuaderno de formación marxista, con citas de la época, fragmentos de correspondencia de la oficialidad aliada y documentación poco conocida, disponible en formato libro electrónico en Amazon. El enlace se encuentra en la descripción del video.

Ese cierre acelerado no fue casual. Con el inicio de la Guerra Fría, el enemigo estratégico dejó de ser el nazismo derrotado y pasó a ser el comunismo. En ese nuevo escenario, los antiguos cuadros del Reich se volvieron indispensables. Los números lo confirman de manera contundente:

A comienzos de los años 50, más del 70 % de los altos jueces y fiscales de la RFA habían sido miembros del partido nazi.

En el Ministerio de Asuntos Exteriores, una investigación posterior reveló que hacia 1951 alrededor de dos tercios de los diplomáticos de alto rango tenían pasado nazi.

En la administración pública federal, la mayoría de los funcionarios reincorporados habían servido previamente al Estado hitleriano.

Lejos de ser una "falla" del sistema, esta reintegración masiva fue política de Estado. Entre 1951 y 1954, el gobierno de Adenauer aprobó una serie de leyes de amnistía y rehabilitación que permitieron el regreso de cientos de miles de ex funcionarios nazis a sus cargos, con pensiones, antigüedad reconocida y plena legitimidad institucional. El criterio no era la responsabilidad histórica, sino la utilidad política: anticomunismo, experiencia administrativa y lealtad al nuevo orden capitalista.

El fascismo no fue una aberración externa al capitalismo alemán, sino una de sus formas de dominación en condiciones de crisis extrema. Mientras la burguesía industrial y financiera conservó la propiedad de los medios de producción, su poder económico y su influencia política, cualquier intento de "desnazificación" solo podía ser cosmético.

La República Federal Alemana heredó del Tercer Reich no solo edificios y archivos, sino algo mucho más decisivo: el personal, la mentalidad y la función social del aparato estatal. La democracia parlamentaria no representó una ruptura de clase, sino una reconfiguración política del mismo poder, ahora envuelto en el discurso de la libertad occidental y la lucha contra el "totalitarismo comunista".

En ese contexto, que un antiguo miembro del Partido Nazi pudiera llegar a la Cancillería no fue un escándalo sistémico, sino una consecuencia lógica. El sistema no colapsó porque no había nada que colapsar: la desnazificación había cumplido su verdadera función, que no era erradicar el pasado, sino hacerlo compatible con el presente del capital.

Kiesinger bajo el Tercer Reich: ni "apolítico" ni inocente

La defensa habitual de Kurt Georg Kiesinger se apoya en una fórmula gastada y profundamente reaccionaria: la del "simple afiliado", el funcionario gris que habría atravesado el Tercer Reich sin convicciones, sin responsabilidad y sin culpa. Esta narrativa no es un error historiográfico, sino una coartada política de clase, diseñada para absolver no solo a un individuo, sino a todo un estrato del aparato estatal nazi que luego sería reciclado por la República Federal Alemana.

Kiesinger ingresó al Partido Nazi en 1933, el mismo año en que Hitler consolidó el poder, ilegalizó a los partidos obreros, destruyó los sindicatos y estableció el terror como forma de gobierno. No se afilió en los últimos años, por oportunismo tardío o presión directa, sino en el momento de ascenso y consolidación del régimen, cuando ya estaba claro su carácter contrarrevolucionario, anticomunista y antisemita. Afiliarse entonces no era un gesto neutro sino fijar una posición política.

Durante el Tercer Reich, Kiesinger trabajó en el Ministerio de Asuntos Exteriores, uno de los pilares del Estado nazi, encargado no solo de la diplomacia, sino de la proyección internacional del régimen, su legitimación y su propaganda exterior. En ese marco, Kiesinger estuvo vinculado al aparato de radiodifusión, un instrumento clave de la maquinaria ideológica del nazismo. La radio no fue un medio secundario: fue arma política central para cohesionar a la sociedad alemana, hacer propaganda antisemita, justificar la guerra, normalizar la persecución y presentar al Reich como bastión de la "civilización" frente a la conspiración bolchevique judía.

Aquí conviene romper de una vez con la caricatura liberal del criminal nazi como monstruo aislado. El fascismo no se sostiene solo con fanáticos histéricos, sino con funcionarios disciplinados, abogados, técnicos, burócratas, diplomáticos y administradores que hacen funcionar cotidianamente el Estado. Kiesinger fue uno de ellos. No hacía falta ser Goebbels para ser útil al régimen: bastaba con cumplir eficazmente su función dentro del engranaje estatal.

Tras la derrota del Reich, esta trayectoria fue blanqueada mediante la figura jurídica del "seguidor", categoría diseñada precisamente para desresponsabilizar a millones de miembros del aparato nazi. Bajo esta etiqueta, Kiesinger fue presentado como alguien arrastrado por las circunstancias, un profesional sin ideología, casi una víctima pasiva del contexto histórico. Pero esta clasificación no describe la realidad sino que la oculta. No es una categoría histórica neutral, sino un instrumento político de rehabilitación masiva, imprescindible para reconstruir rápidamente el Estado burgués.

El Estado capitalista no puede prescindir de sus cuadros. Por eso no se juzgó a la burocracia como clase, ni se depuró estructuralmente el aparato estatal. Se sacrificó a una minoría visible para salvar a la mayoría indispensable. Kiesinger no fue absuelto porque fuera inocente, sino porque era necesario.

La mentira del "apoliticismo" cumple aquí su función ideológica más profunda: separar artificialmente la política del Estado de su funcionamiento cotidiano. Pero en realidad, todo funcionario que sirve a un régimen criminal es parte activa de su reproducción. No existe neutralidad posible cuando se trabaja para un Estado fascista en guerra total. Cada formulario, cada emisión radiofónica, cada decisión administrativa contribuye a sostener la dominación, la represión, la violencia y en este caso incluso el exterminio.

Kiesinger no fue un accidente ni una excepción. Fue el prototipo del nazi reciclable, del funcionario útil, del cuadro adaptable que podía pasar sin ruptura del Reich a la República Federal. Su posterior ascenso político no contradice su pasado, al contrario, lo confirma. El mismo Estado que lo había formado bajo el nazismo lo reconoció luego como plenamente apto para gobernar la "democracia" capitalista alemana.

Y es precisamente ahí donde se revela la verdad más incómoda: la continuidad de hombres como Kiesinger demuestra que el problema nunca fue solo el nazismo, sino el Estado de clase que lo engendró y que, bajo nuevas formas, siguió gobernando después de 1945.

Conviene subrayar un punto que la historiografía liberal suele diluir deliberadamente: la afiliación al Partido Nazi no fue universal ni inevitable. Aunque el partido de Hitler llegó a contar con alrededor de 8,5 millones de miembros en 1945, esto representaba una minoría de la población alemana adulta. Incluso en los años de máxima consolidación del régimen, decenas de millones de alemanes no ingresaron al partido, pese a vivir bajo un Estado totalitario, represivo y profundamente anticomunista. Esta simple constatación empírica desmonta la coartada según la cual la afiliación habría sido un mero trámite administrativo impuesto a todos por igual.

La realidad social fue mucho más contradictoria y reveladora de las divisiones de clase. Sectores enteros de la clase trabajadora, especialmente aquellos con tradición sindical, socialdemócrata o comunista, no se afiliaron al partido nazi, aun cuando ello implicara vigilancia, persecución, pérdida de empleo, encarcelamiento o deportación a campos de concentración. La ilegalización del KPD y del SPD, la destrucción de los sindicatos y la brutal represión posterior no fueron prueba de adhesión pasiva, sino respuesta estatal a una resistencia real, que el régimen nunca logró eliminar por completo.

También existieron capas de la población —funcionarios menores, técnicos, profesionales— que, sin integrarse en la oposición organizada, se mantuvieron fuera del partido, aceptando un margen reducido de adaptación sin dar el paso decisivo de la afiliación. Esto demuestra que no todos los empleos exigían carné del partido nazi, y que la pertenencia al partido funcionaba, en muchos casos, como palanca de ascenso, protección y carrera, no como simple requisito de supervivencia.

Precisamente por ello, la afiliación temprana de Kurt Georg Kiesinger en 1933 adquiere un significado político inequívoco. No se trató de un gesto forzado en los últimos años del régimen, cuando la presión era mayor, sino de una opción consciente en el momento de consolidación del poder nazi. Afiliarse entonces implicaba alinearse con un proyecto estatal que ya había demostrado su carácter contrarrevolucionario, su odio visceral al movimiento obrero y su vocación totalitaria. No fue una elección neutral, sino una apuesta por la integración plena en el nuevo orden.

El fascismo no se sostiene únicamente mediante el terror, sino también mediante adhesiones activas de sectores sociales que ven en él una oportunidad de estabilidad, promoción o defensa del orden existente. El partido nazi no fue solo un aparato represivo: fue un partido de masas, compuesto por millones de individuos que, en distintos grados, eligieron integrarse en el Estado fascista y hacerlo funcionar.

Reducir a Kiesinger a la figura del "arrastrado por las circunstancias" equivale a absolver a toda una capa social que hizo posible la reproducción cotidiana del régimen. No todos fueron Goebbels, ni lo necesitaban ser. El fascismo se mantuvo gracias a miles de funcionarios leales, burócratas eficientes y profesionales disciplinados que tradujeron la ideología en administración concreta. Kiesinger fue parte de ese estrato, y su posterior rehabilitación política demuestra que el problema no era su pasado nazi, sino su utilidad presente para el Estado capitalista de posguerra.

De nazi a canciller: la continuidad del aparato estatal

La trayectoria de Kurt Georg Kiesinger no puede entenderse como una anomalía individual ni como un fallo moral del sistema. Es por el contrario, la culminación simbólica de la reconstrucción del Estado capitalista alemán sobre la base del reciclaje masivo de cuadros del Tercer Reich. La República Federal Alemana no rompió con el aparato estatal nazi; lo reorganizó, lo depuró superficialmente de cara mas desprestigiada y lo puso al servicio de un nuevo marco geopolítico, manteniendo intacta su función de clase.

En ningún ámbito esta continuidad fue tan evidente como en la justicia. Durante los años cincuenta y sesenta, la inmensa mayoría de jueces, fiscales y altos funcionarios judiciales de la RFA habían servido previamente al régimen nazi. Muchos habían aplicado sin objeciones las leyes raciales, firmado condenas políticas o colaborado con tribunales especiales. Lejos de ser depurados, fueron reincorporados, protegidos por amnistías y ascendidos dentro del nuevo orden democrático. El resultado fue una justicia formalmente liberal, pero socialmente reaccionaria y no dispuesta a juzgar los crímenes del fascismo.

La diplomacia siguió el mismo patrón. El Ministerio de Asuntos Exteriores de la RFA se construyó en gran medida con personal formado bajo el nazismo, hombres que habían representado al Reich en el extranjero y que ahora representaban a la "nueva Alemania". Lo que hubo fue una continuidad del mismo saber burocrático, la misma cultura de Estado, la misma lealtad a los intereses del capital alemán, ahora alineados con el bloque occidental. Que Kiesinger proviniera precisamente de este ministerio no es casualidad, era producto puro de ese reciclaje.

En la policía y los aparatos de seguridad, la situación fue aún más clara. La lucha contra el comunismo sustituyó sin transición a la persecución de "enemigos del Reich". Antiguos oficiales y cuadros policiales nazis fueron integrados en los nuevos cuerpos, aportando su experiencia represiva al servicio del orden democrático-burgués. La continuidad no fue solo de personal, sino de mentalidad y método: vigilancia, criminalización de la izquierda, defensa del orden social existente como prioridad absoluta.

Este proceso no fue una desviación del proyecto democrático, sino su condición de posibilidad. El capitalismo alemán, devastado tras la guerra, necesitaba estabilidad, reconstrucción rápida y control social. Para ello requería un Estado eficaz, disciplinado y confiable. La memoria histórica era secundaria frente a la necesidad de garantizar la reproducción del capital y la integración de la RFA en el bloque imperialista occidental.

Es en este contexto donde la figura de Kiesinger adquiere su pleno significado histórico. Su llegada a la Cancillería en 1966, lejos de generar una crisis de legitimidad, fue aceptada como algo normal. Un antiguo miembro del partido nazi no solo podía gobernar: podía hacerlo con el respaldo de una Gran Coalición entre la CDU y la socialdemocracia del SPD. Aquí se revela una de las verdades más incómodas del período.

La socialdemocracia alemana, lejos de representar una ruptura con el pasado, actuó como fuerza de legitimación del nuevo Estado. Al entrar en la Gran Coalición y sostener a Kiesinger como canciller, el SPD selló políticamente el reciclaje de los cuadros nazis y consagró la continuidad del aparato estatal. En nombre de la estabilidad, la gobernabilidad y la "responsabilidad democrática", la socialdemocracia subordinó la memoria histórica y las reivindicaciones antifascistas a las necesidades del capital.

El SPD no cuestionó la estructura heredada porque formaba parte de ella. Su función fue garantizar que la transición del fascismo a la democracia parlamentaria no pusiera en peligro la propiedad, el poder ni la dominación de clase.

Así, la democracia burguesa alemana no fue una ruptura con el pasado nazi, sino una reconversión política del mismo aparato estatal, adaptado a nuevas formas, nuevos discursos y nuevas alianzas internacionales. El fascismo fue derrotado militarmente, pero su personal, su lógica y su función social sobrevivieron bajo la cobertura del parlamentarismo.

Beate Klarsfeld y la bofetada que el Estado no quiso dar

Si el Estado alemán de posguerra se construyó sobre el silencio, la amnesia y la reconciliación desde arriba, Beate Klarsfeld encarnó la irrupción violenta de la memoria desde abajo. Su gesto no fue un arrebato individual ni una provocación moralista, sino un acto político consciente, dirigido contra la hipocresía estructural de una democracia que había hecho la paz con su pasado nazi sin rendirle cuentas.

El 7 de noviembre de 1968, durante un congreso de la CDU, Beate Klarsfeld se acercó a Kurt Georg Kiesinger y le propinó una bofetada mientras gritaba: "¡Nazi!". Ese grito condensó en una sola palabra lo que el Estado alemán se negaba a pronunciar. No fue un insulto, fue una acusación histórica. En un sistema que había normalizado que un ex miembro del partido de Hitler gobernara el país, la bofetada funcionó como un acto de denuncia pública allí donde las instituciones habían fallado deliberadamente.

La reacción del establishment fue inmediata y reveladora. No se abrió un debate serio sobre el pasado nazi del canciller ni sobre la continuidad del aparato estatal. Se persiguió a quien denunció, no a quien había colaborado. Klarsfeld fue detenida, juzgada y condenada. El mensaje del Estado fue inequívoco, el problema no era el pasado nazi integrado al poder, sino su cuestionamiento. La legalidad democrática se activó con rapidez, no para hacer justicia histórica, sino para defender la estabilidad del orden existente.

Este episodio ilumina con crudeza la función real del Estado burgués. La democracia parlamentaria no actúa como árbitro neutral de la verdad histórica, sino como mecanismo de protección del aparato estatal y de las relaciones de poder heredadas. Cuando la memoria amenaza con desestabilizar esa continuidad, el Estado responde no con autocrítica, sino con represión selectiva. La bofetada de Klarsfeld fue intolerable no por violenta, sino porque rompía el consenso silencioso que permitía gobernar sin rendir cuentas.

Este acto se inscribe plenamente en el clima político de 1968, cuando una nueva generación comenzó a cuestionar frontalmente los mitos fundacionales de la posguerra. La juventud alemana —estudiantes, aprendices, jóvenes trabajadores— empezó a preguntar en voz alta quiénes habían sido jueces, profesores, ministros y policías bajo el nazismo. Y descubrió que seguían siendo los mismos. El cuestionamiento no era sólo moral, sino político. Si los responsables seguían en el poder, entonces la democracia era una ficción.

La bofetada de Klarsfeld simbolizó esa ruptura generacional y de clase. Frente a un Estado que había optado por la reconciliación con los verdugos, ella eligió nombrar lo innombrable. No pidió reformas ni comisiones: señaló directamente al responsable político máximo y dijo lo que el sistema se negaba a decir. En ese sentido, su gesto fue profundamente subversivo, porque reveló que la legitimidad democrática descansaba sobre una mentira histórica.

El contraste es brutal. Mientras por un lado los antiguos nazis reciclados eran protegidos por el aparato estatal, y por el otro lado quienes exigían memoria, justicia y depuración eran perseguidos. Así, el episodio de 1968 no solo expone la biografía de Kiesinger, sino la lógica profunda de la República Federal Alemana como una democracia capaz de integrar al fascismo derrotado, pero hostil a cualquier intento de desenmascarar esa integración.

La bofetada que Beate Klarsfeld le dio a Kiesinger fue, en realidad, la bofetada que el Estado alemán nunca quiso darse a sí mismo. Y por eso reaccionó con furia: porque en ese gesto se concentraba la verdad que el mito de la desnazificación había tratado de enterrar.

Por qué el capitalismo no podía desnazificarse

La pregunta decisiva no es por qué la desnazificación fue incompleta, sino por qué no podía ser otra cosa. El error de la historiografía liberal consiste en tratar al fascismo como un "accidente histórico", una desviación irracional causada por líderes monstruosos o masas manipuladas. Esta lectura absuelve al sistema que lo engendró. La realidad es otra, el fascismo es una forma específica de dominación del capital en condiciones de crisis extrema.

El nazismo no cayó del cielo ni se impuso contra la voluntad de la burguesía alemana. Fue la respuesta contrarrevolucionaria del capital frente a una situación en la que el orden existente estaba amenazado por la lucha de clases, la crisis económica y el ascenso del movimiento obrero organizado. Cuando la democracia parlamentaria dejó de ser suficiente para garantizar la reproducción del capital, la burguesía recurrió a una forma más brutal de Estado. El fascismo no fue la negación del capitalismo, sino una de sus soluciones históricas.

Por eso tras 1945, lo que se produjo en Alemania fue un cambio de forma política. El Estado nazi fue derrotado militarmente, pero la clase dominante sobrevivió intacta. Los grandes industriales, los bancos, los propietarios de los medios de producción conservaron su poder económico y su posición social. Y mientras esa base material no fuera tocada, ninguna desnazificación real era posible.

El Estado no es un árbitro neutral que pueda depurarse por voluntad moral. Es un instrumento de dominación de clase, y su personal, su estructura y su lógica responden a esa función. Desnazificar de verdad habría implicado destruir el aparato estatal heredado, expropiar a las clases que se beneficiaron del fascismo y abrir paso a una reorganización socialista de la sociedad. Eso no estaba —ni podía estar— en los planes de las potencias capitalistas vencedoras.

Aquí aparece el cemento ideológico que selló la continuidad: el anticomunismo. Tras la guerra, viejos nazis y nuevas democracias encontraron un enemigo común. La lucha contra el comunismo permitió reintegrar a los cuadros del Reich, presentar su pasado como un error secundario y convertir su experiencia represiva en un activo político. Lo que antes se había dirigido contra judíos, comunistas y opositores, ahora se orientaba contra la Unión Soviética, la izquierda y el movimiento obrero.

En ese marco, la República Federal Alemana no fue una "Alemania nueva", sino una Alemania reconvertida. La democracia parlamentaria funcionó como forma política más flexible y legítima para los mismos intereses de clase, ahora integrados en el bloque imperialista occidental. La legalidad sustituyó al terror abierto, pero la función del Estado permaneció: garantizar el orden social capitalista y neutralizar cualquier amenaza desde abajo.

La trayectoria de Kurt Georg Kiesinger resume esta lógica con precisión implacable. Un antiguo miembro nazi no solo pudo reintegrarse, sino ascender hasta la cúspide del poder estatal, porque su pasado no era incompatible con el nuevo orden. Al contrario: su formación, su disciplina y su anticomunismo lo hacían plenamente apto para gobernar la "democracia" capitalista alemana. El sistema no tuvo que traicionarse para aceptarlo; se limitó a ser coherente consigo mismo.

Por eso la desnazificación fue un mito necesario. No para engañar a historiadores, sino para legitimar un Estado que nunca rompió con su pasado de clase. El mito permitió presentar la continuidad como superación, el reciclaje como justicia y la amnesia como reconciliación nacional. Bajo su cobertura, el capitalismo alemán pudo reconstruirse sin rendir cuentas por su responsabilidad histórica en el fascismo.

La lección es clara y profundamente actual: mientras la clase dominante permanezca en el poder, sus crímenes pueden cambiar de forma, pero no de raíz. El fascismo no fue enterrado por la democracia burguesa; fue archivado, reciclado y puesto en reserva. Y cada vez que el sistema entra en crisis, esa herencia reaparece, no como pasado, sino como posibilidad latente.

Ese es el verdadero balance histórico del caso Kiesinger. No una anomalía del pasado, sino una advertencia política para el presente.

Una advertencia histórica

La historia de Kiesinger no pertenece al pasado. Pertenece al mecanismo recurrente del capitalismo en crisis. Lo que Alemania mostró tras 1945 no fue una excepción, sino un patrón: cuando el sistema necesita estabilidad, normaliza el autoritarismo, blanquea su pasado y recicla sus instrumentos de dominación bajo nuevas formas legales.

Hoy asistimos a un proceso inquietantemente familiar. En nombre del "orden", la "seguridad" y la "defensa de la democracia", los Estados capitalistas refuerzan aparatos represivos, restringen derechos y rehabilitan discursos que hace décadas se consideraban inaceptables. La memoria histórica se diluye, el fascismo se relativiza y el autoritarismo se presenta como una respuesta "pragmática" a problemas sociales creados por el propio sistema.

El blanqueamiento del pasado no es un error cultural, es una necesidad política. Reconocer que el fascismo fue una herramienta del capital obligaría a cuestionar el presente. Por eso se lo reduce a "excesos", a "errores", a "personas equivocadas en el poder". Exactamente el mismo relato que permitió a un nazi llegar a canciller sirve hoy para legitimar políticas reaccionarias en democracias formales.

El ascenso de la ultraderecha en numerosos países no surge del vacío. Es la expresión política de una crisis estructural del capitalismo global, incapaz de ofrecer condiciones de vida dignas y estabilidad social. Cuando el consenso se rompe, el capital no duda en apoyarse en fuerzas que prometen disciplina, exclusión y represión. La forma puede variar, pero el objetivo es el mismo.

Estados Unidos es hoy un ejemplo brutalmente claro. Bajo la presidencia de Donald Trump, el autoritarismo ya no es una amenaza latente, sino una práctica de gobierno en desarrollo. Trump no es una anomalía folclórica ni un paréntesis excéntrico del sistema, sino la expresión política concentrada de una crisis orgánica del capitalismo estadounidense. Su discurso racista, nacionalista y abiertamente represivo no ha sido rechazado por el aparato del Estado: está siendo aplicado, ampliado y normalizado.

Lo que ocurre en Minnesota es ilustrativo de esta dinámica. La respuesta del Estado frente al conflicto social no es la mediación ni la concesión, sino la represión directa, la militarización del espacio público y la criminalización de sectores enteros de la población. El conflicto no se aborda como una expresión de contradicciones sociales profundas, sino como un problema de "orden". Y cuando el orden se convierte en prioridad absoluta, el autoritarismo deja de ser excepción y pasa a ser norma.

La militarización de las fronteras, la persecución sistemática de migrantes, las redadas, los centros de detención y el reforzamiento del ICE muestran con claridad hasta qué punto el Estado capitalista estadounidense opera hoy con formas estables de violencia institucional. No se trata de excesos individuales ni de errores de gestión. Se trata de aparatos diseñados para disciplinar, para infundir miedo y para canalizar la frustración social hacia abajo. En este sentido, el ICE cumple una función social comparable a la de las SA históricas, no por su simbología, sino por su papel material en la defensa del orden de clase, y como fuerza de choque contra la clase trabajadora.

El ICE no es una desviación corregible del sistema estadounidense: es su producto lógico en un contexto de crisis, polarización social y declive hegemónico. Como en otras fases de la historia del capitalismo, el Estado construye un enemigo interno —el migrante, el pobre, el disidente, el trabajador organizado— para justificar el endurecimiento represivo y desviar la lucha de clases, fragmentando a los explotados y protegiendo intactos los intereses del capital.

La lección histórica se confirma en tiempo real: sin revolución socialista, solo hay reciclaje. El capitalismo puede cambiar de lenguaje, de líderes y de relatos legitimadores, pero mantiene inalterada su estructura de dominación. Puede hablar de democracia mientras vacía sus contenidos materiales. Puede invocar derechos humanos mientras perfecciona la vigilancia, el encarcelamiento y la deportación como políticas permanentes.

Kiesinger no fue un accidente del pasado; fue una advertencia. Trump no es una excepción del presente; es una señal de hacia dónde se desplaza el sistema cuando su legitimidad se erosiona. Hoy esa deriva ya no es abstracta, está ocurriendo. Creer que la democracia burguesa se autolimitará frente a esta tendencia es una ilusión peligrosa. Cuando las contradicciones se agudizan, el capital elige siempre el orden antes que la memoria, la represión antes que la justicia, la continuidad antes que la verdad.

La alternativa no está en la defensa ritual del antifascismo vacío ni en la confianza en instituciones que actúan como instrumentos de clase. Está en una conclusión revolucionaria: sólo destruyendo el poder de la clase dominante puede cerrarse definitivamente el paso a sus formas autoritarias. Todo lo demás —ayer en Alemania, hoy en Estados Unidos— no es más que la preparación consciente del siguiente reciclaje.