El hecho relevante de la semana pasada fue la develación, por parte del Comandante en Jefe de la FA, del presunto abuso de poder y uso indebido de las armas de la República por parte de una patrulla militar en Los Picachos, Municipio “Raúl Leoni”, Estado Bolívar, con un saldo de 6 ciudadanos muertos el 25/9/06. Un hecho que se tradujo en el inicio de un proceso penal, a cargo de la justicia ordinaria, con las consecuentes medidas de privación de libertad a los 14 efectivos militares involucrados en la acción, que incluían un mayor y un subteniente. Se le ponía fin de esa manera a unos días de confusión informativa que recordaban las tácticas para el encubrimiento de crímenes de lesa humanidad cometidos por fuerzas militares en funciones de represión e intimidación de los sectores populares, bajo la mascarada ideada por el Imperio de las “guerras al narcotráfico y al terrorismo”.
Con esta acción el Jefe del Estado daba por terminada la nefasta práctica desarrollada por el régimen consensual de elites, que en el reparto del poder entre las cúpulas de las corporaciones asociadas en el Pacto de Punto Fijo, le concedía a los mandos militares el manejo discrecional de las cuestiones fronterizas. Una praxis que tuvo su cenit durante el gobierno de Rafael Caldera (1994-99), con la inconstitucional firma del acuerdo de cooperación militar en las áreas fronterizas con el gobierno colombiano en esas guerras espectáculo impulsadas por Washington.
Ha sido esta decisión Presidencial, la forma como el Comandante Chávez ha validado, en el propio ámbito nacional, su discurso ante la Asamblea General de la ONU. Al establecer el imperio de la ley, donde antes reinaba él de la fuerza, rechaza la militarización de las relaciones sociales impuesta a escala global por los neoconservadores en control de las instituciones de gobierno usamericanas. Se trata de una determinación que obliga a los decisores operacionales de la FA a una revisión de sus estrategias a la luz de lo dispuesto en la novel Ley Orgánica de la FA (LOFA), en consonancia con la Constitución, que haga eficaz el carácter de zona de paz que tiene el territorio nacional. Venezuela en este momento no esta en guerra con ninguna potencia extranjera. Por ello el uso extrajudicial de su capacidad militar no está justificado. De allí que, en las actuales circunstancias, el empleo de la capacidad militar venezolana, aparte de su preparación frente a las amenazas concretas de agresión externa que tiene el Estado, se realice para los fines vinculados “con el desarrollo nacional, la cooperación en el mantenimiento del orden interno y, la defensa del ejercicio democrático de la voluntad popular” (Art. 2, LOFA). Esto representa un cambio fundamental en la mentalidad del soldado venezolano, alienada por el adoctrinamiento continuo durante 50 años, dentro de los intereses estratégicos yanquis. Ese es un desafío para los responsables de la defensa nacional.
