Durante los días santos, la oficina de prensa de la Fiscalía General de la República Bolivariana de Venezuela hizo circular un boletín de prensa en el cual la Fiscal, Luisa Ortega Díaz, anunciaba la sustitución de Pedro Carvallo, detenido por el supuesto delito de chantaje a un prestamista que opera en las propias entrañas de la Fiscalía. El señor Carvallo, según el boletín de la institución, fue reemplazado en la Dirección de Asesoría Técnico-Científica por la funcionaria Rocío Gasperi, del CICPC (por cierto, un apellido muy enraizado en la antigua PTJ). Pero lo cumbre y realmente inquietante es que la Fiscal apenas manifiesta una tímida preocupación por la operación de usura que realizan los prestamistas dentro de su institución, que de paso hasta donde hemos podido conocer, no se trata de un prestamista sino de tres, plenamente identificados y que manejan carteras de crédito que muchos bancos del Estado quisieran tener.
En la mencionada nota de prensa, la Fiscal, con relación al ejercicio de usura dentro en su institución, apenas logra esbozar como medida inmediata: "la flexibilización de los procedimientos para el otorgamiento de préstamos por parte de la Caja de Ahorros del Ministerio Público a los trabajadores de esa institución". En otras palabras, la Caja de Ahorro debe competir con tasas de interés más bajas para derrotar la usura. Digamos, entonces, que el delito se combate con libre mercado.
¿Qué pretende la Fiscal con esta medida? Quizás que los prestamista también se vean obligados a bajar sus intereses y de esa manera sus funcionarios tendrán mayor posibilidades de pedir prestado y darse la dulce vita sin exprimir los expedientes que manejan. Ignora la Fiscal que una banca paralela, como la que funciona en su institución a través de prestamistas, es un delito tipificado en la ley.
En este caso fue preso la víctima por pretender librarse de una deuda a punta de extorsión, pero quedó libre y ejerciendo el prestamista, quien es en definitiva el provocador de esta historia. Dejemos claro que no apoyamos ni a uno ni a otro. Ambos deben ser sancionados o al menos investigados por la Fiscalía.
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