Aspectos preliminares:

La crisis sistémica del poder judicial latinoamericano constituye un aspecto de las realidades sociopolíticas, relacionado con el carácter represor que históricamente han tenido los gobiernos de la región, sobre todo contra los movimientos estudiantiles, organizaciones sindicales y partidos políticos de izquierda, bajo e tutela gringo a través de la Operación Condor, la Contra Centro Americana y otros experimentos intervencionistas promovidos por los Halcones de la Casa Blanca.

La República Bolivariana de Venezuela no escapó a esa realidad, que aún esta presente y que constituye uno de los fenómenos más estudiados por expertos y debatidos dentro de la realidad política de la Sociedad contemporánea latinoamericana, debido al carácter hereditario de crisis gubernamentales de turno, en donde la corrupción y el tráfico de influencia favoreció los delitos de Cuello Blanco" en nuestro país, en detrimento de la población vulnerablemente económica que vieron asfixiadas sus oportunidades y sueños ante una sociedad excluyente, carente de oportunidades y con grandes brechas en el poder de acceso adquisitivo sobre en la época del "Pacto de Punto Fijo" encabezado por AD y Copei.

Esta triste realidad decantó en una de las crisis que dieron pasó al nacimiento del fenómeno Chavista, como proyecto emancipador, democrático, incluyendo de orden social a favor de dichas mayorías. fueron amargamando un problema estructural de grandes dimensiones, que demandó una transformación en el enfoque de la política pública que para el momento regía la materia carcelaria ahora denominada "Penitenciaria" en nuestro país. El nacimiento de un nuevo ministerio que ahora por razones de política "criminal" pasa por encima de las decisiones de los Jueces de Ejecución". Todo ello visto, que asume la potestad de trasladar a parte de la población penal, sin conocimiento previo del Juez Natural, lo cual, constituye una situación altamente peligrosa en el ámbito jurídico legal; interpretándose por algunos teóricos, organizaciones de Derechos Humanos y Defensores de Derechos Humanos, como una maquinaria selectiva de represión política opositora; sin duda representa en realidad un cambio en la doctrina penitenciaria altamente plausible a favor del gobierno Venezolano en términos tanto cualitativos como cuantitativos.

Para ello es necesario analizar más allá de las categorías convencionales de la falta de independencia o la debilidad institucional en términos de transparencia, probidad y autonomía del Poder Judicial, por lo que se desarrolla este ensayo, que tiene por objeto fomentar el debate crítico, en arás de auspiciar en tiempos de grandes crisis como la actual intervención Norteamericana en nuestro país, y el secuestro de nuestro Presidente Constitucional Nicolas Maduro, y la Primera Dama Cilia Flores. Situaciones que vulneran el derecho internacional y que con las que particularmente no estamos de acuerdo ni compartimos y todo lo contrario denunciamos internacionalmente por el peligroso precedente que rompe con los principios del Derecho y la Democracia.

El presente ensayo realizado desde un enfoque de propuesta ante coyunturas que a nuestro entender, crean las condiciones aún en tiempos de incertidumbre para asumir grandes cambios estructurales a favor del fortalecimiento de la Democracia Participativa y Protagónica en el ámbito de fortalecimiento del Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia del Estado Venezolano; propone una lectura desde un enfoque crítico y dialéctico, considerando pertinencia de la superestructura jurídica y los focos de la corrupción judicial como fenómenos interconectados, y perjuiciosos para el estado de Derecho. Se examinará cómo el argumento oficial de la "Lucha contra el terrorismo" y la construcción discursiva del "otro" (el Opositor, el Proimperialista o Imperialista, el Traidor o Colaboracionista; asicomo el Entreguista a nuestro entender no menos peligroso ni menos detestable) funcionan como mecanismos superestructurales que enmascaran, desvirtúan y perpetúan una lucha de clases "reconfigurada" en términos excluyentes, donde la corrupción no es un fallo, sino un rasgo funcional del modelo de acumulación y control político de la clase gobernante y de los altos factores políticos de la derecha en Venezuela como clase política al servicio del Imperialismo Norteamericano.

1. Materialismo Histórico: La Base Material del Poder Judicial

Según el materialismo histórico, la superestructura jurídica, política e ideológica de una sociedad está determinada por su base material: las relaciones de producción y la lucha de clases que de ellas emana, donde el Explotador se favorece a partir de la explotación del más Vulnerable, del Obrero perteneciente a la Clase Trabajadora "única generadora de riqueza". En la Venezuela del siglo XXI, la Revolución Bolivariana de Venezuela, prometió trascender el capitalismo rentístico mediante un "Socialismo del Siglo XXI"; generándose una esfera de bienestar social, a través de grandes políticas de inclusión social, mediante programas que favorecieron la inclusión a la Educación, Salud, Vivienda; entre otros. Asimismo, surgieron duras críticas a nivel internaciones por presuntas violaciones de Derechos Humanos, persecución política e inherencia del Ejecutivo en el ámbito de otros Poderes (Secuestro de Poderes).

Sin embargo, en la práctica este discurso inclusivo que inicialmente diseñó tanto en la teoría como el la praxis el Comandante HUGO CHÁVEZ, con el tiempo se consolidó como un modelo que algunos teóricos denominan Capitalismo de Estado con tendencia clientelar o neopatrimonialismo revolucionario. La economía venezolana, lejos de superar la dependencia petrolera, se recentralizó en el Estado, que controla la renta a través de empresas públicas, control de divisas y una vasta red de importaciones mediante grandes alianzas estratégicas con países como China, Rusia, Irán, Turkia; entre otras. Esta concentración sin contrapesos convirtió al Estado en el principal campo de batalla para la acumulación de riqueza y poder que es manejado sin rendición de cuentas, ni acceso a indicadores macroeconómicos fiables por la existencia de instrumentos legales como la Ley Anti-Bloqueo que en su momento sirvió para evadir las sanciones, pero que a la vez dio paso al robo de recursos por parte de funcionarios entre los quienes, resalta el denominado alias "EL TURCO". En este contexto, el sistema de justicia pasó a convertirse en un apaga fuegos del actual sistema de gobierno, adjudicándose una distorsión de su función para beneficiar intereses particulares de la clase dominante, de forma sistémica porque sirve a la lógica material de consolidar una nueva burguesía estatal (la "Boliburguesía") y mantener su hegemonía.

2. La Corrupción Judicial como herramienta en la Lucha de Clases: Este fenómeno presenta una customización adecuada a los intereses de la clase gobernante, de allí que la consideremos como "Reconfigurada", este lucha de clases en la actualidad de la República Bolivariana de Venezuela, no se libra únicamente entre proletariado y burguesía en el sentido clásico de la Teoría Marxista. Es una lucha por el control de la renta petrolera y los mecanismos de distribución, como garantía a beneficios, productos, calidad de vida y propiedades por quienes tienen acceso directo a través de la Política, pero que utilizan el discurso Socialista y Bolivariano para enriquecerse desfavoreciendo a las clases sociales más vulnerables, bajo la excusa de sanciones y la aplicación de bonos económicos que no tienen incidencia en las prestaciones sociales de la Clase Trabajadora. A tal punto es preciso acotar lo planteado por TORT, en su obra el Psicoanálisis en el Materialismo Histórico, según lo cual, señala que:"…El hacer Política por otros medios no se agota en lo absoluto en la Toma de Partido en Filosofía. Es posible ser filosóficamente Marxista y no representar en el ámbito de la teoría a la política revolucionaria del Proletariado, sino, por ejemplo, a la pequeña burguesía revolucionaria…".

Esto precisamente ese carácter contradictorio, basado en una conducta oportunista, antiética e inclusive amoral de la Clase gobernante nacional, que actúa bajo una retórica discursiva de inclusión, y por otro se caracteriza por una pugna silente, entre el Poder Judicial y el Ministerio Público, aún cuando ambos representan un instrumento estratégico COERCIÓN COACTIVA contra el enemigo político. En un sentido amplio coexisten grandes debilidades u omisiones en el ámbito del sector Justicia de la mano de grandes avances que sopesan el equilibrio de la balanza de la administración de Justicia en nuestro país. Esto se resume de la siguiente manera:

· Instrumentalización política: Los tribunales adscrito el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), emiten fallos que favorecen sistemáticamente al ejecutivo y desmontan la autonomía de otros poderes. Esto no es "corrupción" en el sentido de soborno casual, sino una corrupción estructural y programática al servicio de un proyecto de clase que busca eliminar cualquier institución que pueda disputar el control de la base material (la renta).

· Reproducción de privilegios: Las decisiones judiciales (o la falta de ellas) protegen a los actores económicos aliados al sistema de gobierno, permitiendo la consolidación de monopolios, la evasión de controles y la impunidad frente a actos de corrupción administrativa. El sistema judicial, así, sanciona legalmente una nueva relación de producción basada en el acceso privilegiado al Estado.

· Judicialización de la pobreza y desjudicialización del poder: Mientras los conflictos cotidianos de la población (por vivienda, servicios) encuentran una justicia lenta e inaccesible, los grandes intereses económicos y políticos se manejan mediante canales informales y decisiones políticas con fachada judicial. Esto refleja la lucha de clases: el poder judicial actúa como un mecanismo de contención para las demandas populares (superestructura como freno) y como acelerador para los intereses de la élite gobernante.

3. La "Lucha contra el Terrorismo" y la Construcción del "Otro": La Superestructura Ideológica de la Corrupción. Aquí es donde el argumento oficial de la "lucha contra el terrorismo" y la cuestión del "otro" adquieren relevancia crítica no solo para el mantenimiento del orden interno sino para la prevalencia del status quo existente dentro de las relaciones sociales y las relaciones de poder entre factores políticos y económicos. Desde la perspectiva materialista, es preciso considerar nuevamente lo planteado por TORT, en la obra anteriormente mencionada, dentro del contexto de aplicación del método para auspiciar un análisis objetivo de la coyuntura sobre la base de los fenómenos que se desarrollan en el accionar cotidiano de la sociedad de clases. En este sentido plantea que: "...el Materialismo histórico es efectivo por su objeto y su método una ciencia. Pero absolutamente peculiar en un punto axial; su representación y su instrumentación técnica se realizar a partir de representaciones ideológicas que no son puramente teóricas sino políticas, estas representaciones políticas no son deductibles por medios únicamente teóricos sino por medio de una específica combinación de estos métodos, en donde la dominación pertenece a este último…".

Estas narrativas son elementos clave de la superestructura ideológica, diseñados para legitimar la corrupción del sistema judicial y enmascarar su función de clase. De lo anteriormente expuesto evidenciamos, la necesidad la similitud del discurso utilizado por los Halcones de la Casa Blanca, para justificar la agresión contra Venezuela, que solo enmascaraba la necesidad voraz de tomar el control sobre los recursos de nuestra República. En ello encontramos parte de los siguientes elementos:

· Criminalización del disenso (El "Otro" como terrorista): Al etiquetar a opositores políticos, activistas sociales, periodistas o defensores de DDHH como "terroristas" o "cómplices del terrorismo", el régimen desplaza el conflicto del terreno político (la lucha por la distribución de la riqueza) al terreno de la seguridad nacional. Esto proporciona una coartada legal e ideológica para utilizar el sistema judicial de manera corrupta: allanamientos sin garantías, detenciones arbitrarias, procesos sin debido proceso. La corrupción de la justicia (su desviación de la búsqueda de verdad jurídica) se presenta como una necesidad patriótica.

· La Lucha de Clases como Guerra Existencial: El discurso del "terrorismo" y la "intervención extranjera" reconfigura la lucha de clases interna en una guerra civil simbólica contra un "otro" externo e interno demonizado. Este enemigo ("la derecha apátrida", "el imperialismo") justifica la suspensión de las garantías jurídicas universales. La independencia judicial se tacha de "burguesa" o "cómplice del enemigo", y su sustitución por una "justicia revolucionaria" –en la práctica, subordinada– se viste de progresismo.

· Legitimación y Enmascaramiento: Esta narrativa provee legitimidad social a una parte de la base popular, redefiniendo la lealtad de clase. Defender al gobierno, aunque cometa actos de corrupción judicial, se convierte en un acto de defensa de la patria frente al "otro" terrorista. Así, la superestructura ideológica (el discurso antiterrorista) protege a la superestructura jurídica corrompida, que a su vez protege los intereses de la clase en el poder.

Para finalizar, con este primer esbozo de un conjunto de ensayos orientados a establecer la correlación entre materialismo histórico y corrupción judicial en Venezuela no es metafórica, sino causal y funcional. La profunda corrupción del sistema de justicia es el resultado directo de su reconfiguración como un aparato al servicio de una nueva formación social: un capitalismo de Estado rentístico que requiere control absoluto para perpetuar su modelo de acumulación. Considerar que la "lucha contra el terrorismo" y la construcción del "otro" como enemigo absoluto son los ropajes ideológicos de esta transformación. No son la causa, sino la expresión superestructural que justifica y enmascara la verdadera lucha: la lucha por el control de la base material (la renta) y la neutralización, vía judicial corrompida, de cualquier actor o institución que la cuestione.

En la segunda parte continuaremos asomando ciertos elementos, justos, precisos y necesarios en la construcción de una propuesta dialéctica en estos tiempos de incertidumbre, entreguismo y contradicción de clases.

Por tanto, combatir la corrupción judicial en Venezuela excede una reforma procedural o un cambio de personas, que se alinee con el proyecto de país y que considere las nuevas variables que entran en juego en el entorno sociopolítico y geoestratégico de nuestra República. Exige desmontar el vínculo orgánico entre el poder económico concentrado en el Estado y el poder judicial, y develar cómo el discurso del "Terrorismo" y del "Otro (como enemigo)" sirve para blindar ese vínculo, pase a crear puentes de entendimiento en pro del desarrollo nacional y de la vida en colectividad bajo esquemas de respeto, aceptación y sana crítica. Sin un cambio significativo que sirva para una nueva apertura nacional en el diseño y la construcción en las relaciones de producción y el control de la renta, cualquier intento de depurar la justicia chocará contra su función material última: ser el guardián jurídico de un orden económico profundamente desigual, donde la corrupción no es un virus; sino el sistema operativo en esquema de normalidad.

Introducción

La crisis judicial venezolana representa un laboratorio excepcional para analizar la intersección entre estructuras de poder, economía y control social. Este ensayo expande el análisis inicial incorporando cinco perspectivas teóricas: el materialismo histórico marxista, la criminología crítica moderna, el garantismo constitucional, la perspectiva crítica de derechos humanos y el paradigma neoliberal. Desde este marco multidisciplinar, se examina cómo la corrupción judicial sistémica es funcional a un modelo de acumulación, utilizando la narrativa de la "lucha contra el terrorismo" y la construcción del "otro" como mecanismos de legitimación y control.

1. Materialismo Histórico Marxista: La Infraestructura Económica del Poder Judicial Corrupto

Desde la ortodoxia marxista, el sistema judicial venezolano ejemplifica la tesis de la superestructura jurídica como instrumento de la clase dominante. La transición del capitalismo rentístico clientelar (Puntofijismo) al capitalismo de Estado bolivariano no eliminó la lucha de clases, sino que reconfiguró los bandos. La nueva burguesía estatal (boliburguesía) capturó las palancas del rentismo petrolero, requiriendo un aparato judicial que:

· Legalice la acumulación primitiva irregular: Fallos que anulan contratos, adjudican empresas a testaferros o absuelven casos de corrupción monumental (como los de PDVSA) constituyen la "jurisprudencia de la acumulación".

· Desactive la lucha de clases tradicional: La judicialización de líderes sindicales o la disolución de partidos obreros disidentes bajo figuras penales ambiguas neutraliza la resistencia desde la izquierda.

La "lucha contra el terrorismo" opera aquí como ideología en el sentido althusseriano: un aparato ideológico de Estado (AIE) que reproduce las condiciones de dominación a partir de un proyecto de Estado, presentando la represión judicial como mecanismo de defensa del proceso; cuando en realidad defiende los intereses materiales de la nueva clase dominante enquistada en el manejo fraudulento de los recursos públicos. La estigmatización abrupta y permanente de cualquier reclamación de derechos por parte de la colectividad en demanda a la falta de accionar del Estado, ante problemas latentes que sensibilizan a las masas.

2. Criminología Crítica Moderna: La Corrupción Judicial como Crimen de Estado y de Poder

La criminología crítica (Baratta, Zaffaroni) desplaza el foco del "crimen callejero" al crimen de los poderosos. Desde esta óptica, la corrupción judicial venezolana no es una patología, sino una práctica sistémica y funcional del poder.

· Crimen de Estado Organizado: La red que vincula fiscales, jueces, altos funcionarios y actores económicos opera como una empresa criminal que utiliza el monopolio de la violencia legítima (Weber) para fines ilegítimos: extorsión, enriquecimiento ilícito y persecución política.

· Selectividad del Sistema Penal: La criminología crítica denuncia cómo el sistema penal selecciona sus "otros". En Venezuela, el "terrorista" o el "traidor a la patria" es el chivo expiatorio construido discursivamente para desviar la atención de los grandes delitos económicos cometidos por la élite. La hiper-penalización del disenso contrasta con la impunidad de la corrupción oficialista.

· Víctimas Invisibilizadas: Las víctimas de esta corrupción judicial son doblemente victimizadas: primero, por la negación de justicia; segundo, por ser estigmatizadas como "enemigos del pueblo".

3. Garantismo Constitucional (Ferrajoli): La Demolición de las Garantías como Método

El garantismo, como teoría que prioriza los límites y controles al poder para proteger derechos, encuentra en Venezuela su antítesis. El sistema judicial ha sido el instrumento para vaciar la Constitución de 1999 de su potencial garantista.

· Erosión de la Jerarquía de Fuentes: El TSJ ha emitido sentencias que subordinan la Constitución a una supuesta "voluntad del pueblo" o "estado de excepción permanente", legitimado por la "lucha contra el terrorismo". Esto invierte la lógica garantista: la excepción (la emergencia anti-terrorista) deviene la norma.

· Suspensión del Debido Proceso: Figuras como la detención preventiva prolongada, los tribunales sin publicidad y la militarización de la justicia en casos políticos constituyen una sistemática negación de las garantías procesales. El "otro" (el acusado de terrorismo) es despojado de su estatus de sujeto de derecho.

· Instrumentalización de la Ley: La ley no es una garantía, sino un arma. Se aplica retroactivamente o de manera analógica para criminalizar conductas no previstas (como protestar), en lo que Ferrajoli llamaría un "derecho penal del enemigo" institucionalizado.

4. Perspectiva Crítica de los Derechos Humanos: Entre el Discurso y la Praxis de Dominación

La perspectiva crítica de los derechos humanos (de Sousa Santos, Kennedy) alerta sobre su uso retórico para encubrir abusos. Venezuela es un caso paradigmático:

· Derechos Humanos "Selectivos": El gobierno instrumentaliza el lenguaje de los DDHH para denunciar sanciones internacionales (derechos económicos colectivos) mientras viola masivamente los derechos civiles y políticos internos (derechos individuales). La "lucha contra el terrorismo" provee la coartada para esta selectividad.

· El "Otro" como No-Sujeto de Derecho: La construcción del opositor como "terrorista" o "agente extranjero" lo sitúa fuera del universo de la comunidad moral y jurídica. Es la deshumanización necesaria para justificar torturas, ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias sin remordimiento social en parte de la población.

· Resistencia desde los márgenes: Esta perspectiva también rescata la lucha de las víctimas y ONGs que, desde la sociedad civil, utilizan el marco de los DDHH para documentar y resistir la corrupción judicial, desafiando el relato oficial.

5. Interpretación Neoliberal: El Estado Corrupto como Obstáculo al Mercado (y su Cooptación)

El análisis neoliberal ortodoxo vería la corrupción judicial como el resultado de un Estado hipertrofiado y no sujeto a la competencia, que distorsiona los incentivos y genera ineficiencia.

· Fallo Institucional: La falta de independencia judicial genera inseguridad jurídica, desincentiva la inversión privada (nacional y extranjera) y fomenta una economía de búsqueda de rentas (rent-seeking). La solución propuesta sería reducir el tamaño del Estado, privatizar y establecer controles externos mercantiles.

· Crítica a esta lectura: Esta visión es insuficiente y, en parte, cómplice. Es insuficiente porque reduce un fenómeno político e ideológico complejo a un problema de gestión económica. Es cómplice porque, en la práctica, sectores del capital transnacional y nacional han cooptado y se han beneficiado de esta corrupción judicial, estableciendo alianzas con actores estatales para obtener contratos en condiciones preferenciales y monopolísticas. El neoliberalismo realpolitik prefiere a veces un Estado corrupto pero manejable a un Estado democrático con reglas claras pero soberanas.

Conclusión Integral: La Corrupción Judicial como Nudo Gordiano del Poder

La corrupción judicial en Venezuela no es un accidente, sino la encrucijada donde convergen múltiples lógicas de dominación:

1. Económica (Marxista): Es el mecanismo superestructural que asegura la acumulación de la boliburguesía.

2. Penal (Criminología Crítica): Es el ejercicio del crimen de Estado para eliminar disidencia y controlar la población.

3. Jurídica (Garantismo): Es la demolición deliberada del Estado de Derecho para instaurar un régimen de excepción permanente.

4. Discursiva (DDHH Críticos): Es el telón de fondo sobre el cual se proyecta la narrativa maniquea que justifica la violación de derechos en nombre de la seguridad.

5. Mercantil (Neoliberal): Es la causa (y a veces consecuencia) de un entorno donde el clientelismo sustituye al mercado competitivo.

La narrativa de la "lucha contra el terrorismo" es el cemento ideológico que une estas dimensiones. Al construir un "otro" existencial, proporciona una justificación totalizante para la corrupción de la justicia: el fin (salvar la patria) justifica cualquier medio (vaciar las garantías, perseguir jueces honestos, vender fallos). Desentrañar este nudo exige, por tanto, no solo reformas técnicas, sino una lucha política, ideológica y social que dispute el relato, reconstruya el tejido institucional desde abajo y, en última instancia, transforme las relaciones de poder y propiedad que hacen de la justicia un botín. La independencia judicial será imposible mientras el Estado siga siendo el principal botín en una lucha de clases sin mediaciones democráticas.