Hay miradas que lo dicen todo, pero también hay silencios bastante esclarecedores. Una de esas bocas cerradas es la del titular de la Contraloría General de la República, quien apenas la ha abierto para manifestar su «apoyo irrestricto» a la lucha anticorrupción (¡del Ejecutivo!). Y nos preguntamos qué hacía Elvis Amoroso mientras la cúpula en la que dice depositar sus esperanzas saqueaba Petróleos de Venezuela (Pdvsa) o la Corporación Venezolana de Guayana (CVG). Otra vez silencio.
Lo último que dijo Amoroso sobre Pdvsa antes de que la frase «caiga quien caiga» se convirtiera en el nuevo mantra gubernamental, es que había recibido la memoria y cuenta de la estatal petrolera correspondiente al año 2022, y que realizaría una «revisión minuciosa» del documento para verificar posibles «hallazgos» y emitir eventuales «recomendaciones».
Un par de días más tarde, el país supo (y no por boca de Amoroso) no de hallazgos, sino de pérdidas en Pdvsa: específicamente de tres mil millones de dólares ¡Una pelusa! Pero a casi un mes de esto, aún el pueblo venezolano espera las recomendaciones prometidas por el contralor general.
También calla Amoroso (y con él todo el Gobierno nacional) sobre la espectacular villa de seis millones de euros confiscada al expresidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, en el marco de una investigación por presunto blanqueo de capitales en Italia.
Calla tanto el contralor que su silencio ya ensordece. Mientras tanto, el locuaz fiscal general brinda largas ruedas de prensa, pero aún no explica por qué engavetó las denuncias hechas oportunamente por los exgerentes petroleros Aryenis Torrealba y Alfredo Chirinos, o por qué la mayoría de los trabajadores injustamente encarcelados en el país han sido juzgados por un único juez: José Mascimino Márquez, uno de los miembros de la lista de detenidos por «supuestos actos de corrupción».
Y en este drama musical en el que la mayoría baila al son que le toquen, otros protagonistas pueden decirle al público «me retiro» (como hizo el exministro Tarek El Aissami) cuando su voz desafina, e incluso recibir unas últimas loas del jefe de Estado por su disposición para cooperar con las investigaciones.
Así las cosas, se entiende por qué desde la Asamblea Nacional dirigida por el autoritario Jorge Rodríguez se le prohíbe el derecho de palabra al diputado del Partido Comunista de Venezuela (PCV), única organización política que ha exigido interpelar al presidente de la República, a los funcionarios que tenían la misión de salvar Pdvsa y, desde luego, a los representantes de las instituciones que debían velar por el patrimonio del pueblo venezolano. Claro, a las cúpulas del Gobierno y su partido no les gusta la nota disonante. Pero el PCV no sabe de arreglos musicales y menos de pactos de silencio. El Gallo Rojo canta claro.