Alerta Fiscalía: Esperamos que “el debido proceso” minimice su protocolo y optimice sus recursos

La coparticipación ni el protagonismo ciudadanos no pueden limitarse a las peligrosas denuncias que, para colmo, suelen ser engavetadas en el procusto lecho del “debido proceso”, ante una realidad delictual venezolana que viene transmutando a las víctimas en victimarias y muy poco pasa o no pasa nada. No se concreta eficiente ni eficazmente el debido proceso más allá de esa mediática televisiva que ya huele a distracción popular; más allá de su frío respeto a la muerta letra protocolar tan susceptible, como lo ha sido, de implicar todo tipo de violaciones o variopintos matraquerismos, eufemismo de corrupción. Para nadie debe ser un secreto que en Venezuela decir protocolo es decir sitio donde hay luz verde, tenue o intensa, para conseguir algo de billullo.

Estimada y honorable Dra. Fiscala General: La felicitamos por su reciente incorporación a esta nueva Comisión por la verdad y la Justicia, palabrita, esta última, que en Venezuela, la de ayer y la de hoy, está siendo aceleradamente prostituida, ya que innegable y relativamente ha estado brillando por su ausencia en términos de celeridad, oportunidad, alcance y correspondencia penal entre los delitos incoados, los realmente cometidos y los castigos timoratamente aplicados.

La flaqueza de la Justicia venezolana a todas luces está resultando proverbial. En justicia, también resulta verdad que la comisión de delitos ha sobrepujado la capacidad fiscal de esa Institución, pero una optimización de los recursos disponibles no estaría ni malo.

Por ejemplo, tan pronto se incoe algún proceso, aunque el involucrado resulte inocente, la prohibición subrepticia de salida del país debe proceder por defecto al simple anuncio del proceso como anteproyecto, aunque siempre se corra el riesgo del soplón en casa.

El pueblo ha visto cómo la mayoría de los fiscales a su cargo no han demostrado aun el sobresfuerzo que la actualidad bolivariana ha requerido, so pena de que la Justicia sufra las dudas acerca de que ella de ciega no tiene un pelo, y se han ido albergando cuando vemos más pendejos que obesos perros tras las rejas; estos lo saben, lo intuyen y muy comprensiblemente lo hacen valer cuando son sorprendidos en la comisión de actos delictivos. No en balde su poder se remonta a los tiempos mismos de los compatriotas del mozo Bolívar y desde más atrás.

Hay un inevitable sentimiento de impunidad, de blindaje dinerario de hecho, que el pueblo-no tan pendejo, intuye, observa y se angustia por su impotencia, y, sobre todo, porque los ciudadanos no pueden coparticipar en estos casos a pesar de que nos hemos dado una Constitución que da relevancia suprema al protagonismo popular directo, en todo, al parecer, menos para coadyuvar directamente en el ejercicio de la Justicia.

Nos gustaría que la figura del juez ciudadano ad honórem-no burocrático pero con inmunidad-al fin asuma sus funciones como lo manda la Constitución en cuestión.

La Constitución vigente es clara en cuanto al carácter protagónico, participativo y democrático que ella nos garantiza. Triste y angustiosamente, se observa como se le exige al ciudadano de a pie que ejerza esos derechos y obligaciones, pero queda excluido en esta delicada materia donde por razones dizque obvias, ni siquiera la víctima hace parte en el juicio en todas sus instancias y fases procesales ni sus dolientes pueden asumir cargos fiscales. Es la ¡imparcialidad” clasista que nos sigue caracterizando para que todo el poder Judicial sea arrogado sólo por una parte de la población.

La intermediación judicial responde también a los vicios que caracterizan modularmente los intermediarios mercantiles. Agradecería las aclaratorias y correcciones de los especialistas correspondientes.

Sabemos que el Presidente Chávez, en su infinita bondad y calidad de buena gente, demostró una tolerancia antidelictual sin precedentes porque, como era de esperarse, la forma y manera de ejercer Justicia en condiciones bolivarianas y el tipo de democracia de esta república son de hecho diametralmente opuestas a la practicada por la Republica IV, pero ni tan calvo ni con peluca y media.

Por ejemplo, no se puede seguir esperando denuncias puntuales sobre el escritorio de su honorable cargo ante notica criminis. No podemos seguir viendo por TV el arresto, o usando el eufemismo del caso, privado de libertad, una figura por demás muy elástica para la mayoría de los delitos que desde hace 3 lustros se viene cometiendo en nuestro país, mientras el televidente no vea el seguimiento correspondiente.


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Manuel C. Martínez


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