Seis de las empresas que se ajustaron a las acciones de cierre temporal ordenadas por la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) y Fedecamaras el pasado 2 de diciembre, fueron interpeladas en la Comisión Especial para Asistir a las Víctimas del Paro, instancia donde se han entregado 17 mil denuncias de personas que demandan la validación de sus derechos laborales previstos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley Orgánica del Trabajo.
“No podemos jugar con lo que le corresponde a los trabajadores. En el país los empresarios deben entender que el activo más importante son los obreros”, así lo enfatizó el presidente de esta dependencia legislativa, diputado Carlos Espinoza (MVR/Apure), durante la serie de indagaciones que formuló a los representantes legales y empleados afectados de las empresas: Administradora Sambil, Modelos Bárbara, S.S. Construcciones, Proycca y Tipografía Selecta, a los fines de establecer responsabilidades administrativas y proponer soluciones viables a la problemática.
En este sentido, la diputada Marelis Pérez Marcano (MVR/Monagas), expresó que la Asamblea Nacional, a través del referido ente parlamentario, ha venido jugando un papel efectivo en la resolución de los conflictos inherentes al reenganche de trabajadores, pago de salarios caídos y cobro de prestaciones sociales”, signos visibles que dejó en la masa laboral el prologando “paro cívico”, el cual mermó la actividad económica en el país.
A juicio de la asambleísta, las medidas desestabilizadoras del “golpismo” causaron un gran impacto en las condiciones del vida de miles de venezolanos, por lo que instó a los empresarios y empleados a reactivar los espacios de concertación que propicien un entendimiento jurídico entre las partes, “ya que son ellos quienes generan bienestar y riqueza para vivir”, acotó.
Trabajadores desprevenidos
Como un fraude a la ley, calificó el diputado Carlos Espinoza la venta, sin previo aviso, de la empresa de confecciones Modelos Bárbara, la cual evadió la liquidación que adeuda a 12 de sus empleados en el marco de la “huelga cívica”, la complejidad radica en que dicho comercio se fusionó a una empresa llamada Compumarca, la misma adquirió los pasivos labores de la firma en cuestión, pero, actualmente, opera en un lugar, aún no determinado, en Porlamar, estado Nueva Esparta.
Paralelo a esto, el apoderado legal de la Administradora Centro Sambil, César Barreto, alegó que la posición de diversos actores políticos afectó la actividad comercial de los 1.000 establecimientos que abarca; situación que originó el despido de 33 personas, 12 de las cuales solicitan la cancelación de horas extras, el pago de cestaticket y el reenganche por despido injustificado, en concordancia con lo dispuesto en el decreto presidencial de inamovilidad laboral vigente desde el 16 de enero de 2003.
Por agravantes similares también fue denunciada la empresa S.S. Construcciones, con sede en Valencia, estado Carabobo, cuyo apoderado judicial, Gilberto Do Santos, indicó que según lo estipulado en el contrato, la culminación de la obra el 17 de enero de 2003 determinaba el final de la relación laboral, por lo que, en su opinión, no es procedente el pago de salarios caídos que alega Hernán Sánchez, representante de un grupo de trabajadores, quien, además, subrayó que dicha constructora se sumó al paro el 29 de noviembre de 2002 cesando las actividades previstas.
Ante la disparidad de criterios evidenciada entre los trabajadores y representantes de las empresas convocadas, el diputado Carlos Espinoza constituyó mesas de trabajo para la discusión de cada caso específico, ya que, a su juicio, el propósito de la instancia es alcanzar la armonía laboral por medio de la negociación.
http://www.asambleanacional.gov.ve/ns2/noticia.asp?numn=4298
