Con 29 personas armadas de ola etnia Wayúu, el presunto propietario de la hacienda Ceilán, Noé Machado, buscó desalojar tierras ocupadas desde hace más de 5 años por más de 240 personas de las etnias indígenas Yukpa y Wayúu del piedemonte de la Sierra de Perijá, sector Tukuko, parroquia Libertad del municipio Machiques de Perijá del estado Zulia.

Dos motos, una de ellas conducida por un ex vigilante privado de Machiques y un camión 350 blanco y marrón, placa 402 VBM proveniente de Maracaibo, posiblemente del barrio el Mamón, llegaron a la comunidad indígenas Guacaipuro a las 7:15 am transportando 22 personas del genero masculino, uno de ellos menor de edad, y 7 mujeres, portadoras bajo las mantas de armas cortas y varios cartuchos de escopetas.

El camión fue visto pasar por la hacienda la Nueva Esperanza del abogado Alfonso Chacín proveniente de la Cachamana, carretera Machiques Colón, para poder así evadir el puesto de vigilancia de la Guardia Nacional asentado en la zona. Este abogado es señalado por los indígenas Yukpa como traficante de sicarios durante el desalojo de la Comunidad Koropo y Yushubrire de la hacienda Puerto Libre de Adelso Sánchez en junio de este año, pues varios de sus pones de la hacienda la Nueva Esperanza fueron detenidos por los operativos realizados por la Guardia Nacional.

Mientras las mujeres esperaban alrededor del camión, los hombres disparaban a unos jóvenes Wayúu de la comunidad que escaparon desde el primer momento, destruyeron la comida, envenenaron el agua, rompieron algunas casas, golpeaban a hombres y mujeres y empujaba a los niños para ser encerrados en unas de las casas, presuntamente para prenderles fuego. Buscaban la mínima resistencia por parte de los moradores para generar y justificar la masacre encomendaba, dijeron casi todos los moradores, hora después de los hechos.

Ante de las 8 de la mañana llegaron a poner la denuncia las primeras personas aterrorizadas, posteriormente uno de los representantes Yukpa y luego un grupo de mujeres Wayúu. Pero como siempre llegaron después de las 12 del mediodía a la comunidad y pudieron detener gran parte de los presuntos sicarios, escaparon tres que permanecía en las motos afuera del portón de la hacienda Ceilán.

El Sub. Tte. GN José Gregorio Vidal Montilla, se negaba a acompañarlos a su comunidad por que decía no contar con vehículos. Las mujeres Wayúu buscaron una camioneta que hacen viajes por la zona, pero el Subteniente se negaba de nuevo a acompañarlos, argumentaba que no podían abordar carros de particulares; cuando los indígenas se dispusieron a regresar a su comunidad Vidal Montilla obstaculizó su salida ordenando a otros efectivos de menos rango tomarles los datos y número de cédula, y a viva voz gritó que no podían regresar, los dirigentes indígenas siempre salieron porque respondieron que iban a la ciudad Machiques. Como a las 12 del mediodía llegó la Guardia Nacional a la comunidad Guacaipuro transportado en una camioneta del dueño de la hacienda Majumba.

Los efectivos de la Guardia Nacional detuvieron, con la ayuda de los indígenas de la comunidad, 25 personas adultas y un menor de edad, contaron en la comunidad por todas 17 armas de fuego decomisadas también con la ayuda activa de la comunidad indígena. Este operativo fue recogido y publicado por el diario La Verdad el domingo 9 de octubre de 2005.

Desde hace varios meses el señor Machado venía formulando amenazas de desalojo a la comunidad indígena y se negaba a llegar a algún tipo de acuerdos con la comunidad, en los últimos meses llegaba con actitud amenazante acompañado de varios efectivos de la Guardia Nacional asentad en el Tukuko, entre ellos con el S/2 Amaya Burgos, los C/2 Miguel González, Nelson Andrades, José Peñaloza, y los Distinguidos José Díaz Flores, Douglas Paña, José Aponte Gutiérrez y Darwingn Méndez; tal como se denunció ante la misma Guardia Nacional el día 16 de octubre de 2005, y otras veces con el Sub. Tte. GN José Gregorio Vidal Montilla, y los C/2 José Silva, Jovany Oliveros y Cueros Toro, los Distinguidos Freddy Albarrán, Mapori Silva, Leonardo Urdaneta, Elvi Ferrer y Mauro Cardenal, tal como se denunció el 20 de septiembre en el mismo ente.

Esta actitud personal del señor Machado toma fuerza, por una parte, a raíz de la reunión de los ganaderos el lunes 3 de octubre en Colón. Desde esta fecha viene informando que tiene orientaciones de encarar la desocupación de finca ocupadas por los Yukpa, y por otra parte ante la posición de la Comisión Guacaipuro en la Comisión Regional de Demarcación de Tierras y Hábitat Indígenas que no adquirir las bienhechurías de las hacienda autodemarcadas por las comunidades Barí y Yukpa, así mismo por el compromiso no cumplido de esta Misión de resolver la situación de Koropo y Yushubrire, y de adquisición de las cinco primeros haciendas, contraído en la reunión del 30 de junio de este año en la Sala Situacional de la Presidencia de la República. Pero principalmente por el silencio cómplice que al respecto guarda la burocracia parlamentaria indígena politizada.

Reina la preocupación por parte de los agraviados por saber por parte de la Guardia Nacional que este caso también sería pasado la Fiscal 20 del Ministerio Público de Machiques, abogada Reina Trujillo, pues todos los casos anteriores no tuvieron mayores efectos jurídicos a favor de los indígenas, tal como se denunció con los casos de vicariatos meses atrás en los desalojos de las haciendas Tizinas y Campo Libre. En esta última los sicarios detenidos por la Guardia Nacional en los dos últimos operativos andan sueltos por tribunales, por la razón de estar mal planteado el caso. Por esta razón los Wayúu acusado afirman que para el miércoles 13 de octubre ya estarán suelto, este fue el compromiso a que llegaron con los ricos contratantes.