Brasilia- Brasil procederá desde hoy a derribar aviones ilegales, al entrar en vigor una ley reglamentada hace 90 días para combatir operaciones de tráfico de drogas mediante el empleo de la vía aérea.
Esa ley fue aprobada en 1998, pero estaba pendiente de reglamentación para poder ser aplicada, debido a amenazas y presiones en contra por parte del gobierno estadounidense. Ese paso lo dio el presidente Luiz Inacio Lula da Silva a mediados de julio pasado.
El brigadier Ricardo Machado Vieira, del Ministerio de Defensa, reiteró que antes de una aeronave ser abatida se cumplirán todos los pasos previos previstos para darle oportunidad de aterrizar en una pista indicada por la Fuerza Aérea, pues el objetivo no es derribarlas, sino que quienes trafican con drogas sean sancionados.
Respecto a la posible presencia de niños en aviones ilegales, afirmó que "ninguna aeronave, en hipótesis alguna, estará libre de aplicación de la ley (...), inclusive transportando cualquier tipo de persona".
El comandante de la Defensa Aeroespacial Brasileña, mayor brigadier del aire Atheneu de Azambuja, dijo al diario Folha de Sao Paulo que los vuelos desconocidos no han disminuido, pues hasta la publicación del decreto se registró una media de 12 por día, y en los últimos tres meses el promedio fue de 13.
Aclaró que los vuelos desconocidos, sin plan de vuelo, no son necesariamente irregulares, pues muchos son de hacendados u otras personas que incumplen ese requisito para eludir los impuestos, pero alertó del peligro que enfrentan ahora.
Los oficiales reiteraron lo expresado en julio por el ministro de defensa, José Viegas, acerca de que antes de ordenar el derribo de aviones sospechosos de transportar drogas se aplicarán ocho procedimientos de identificación y advertencia, incluidos disparos que no alcanzarán a la aeronave.
Sólo si son agredidos desde una aeronave pirata los pilotos de la Fuerza Aérea procederán a realizar disparos efectivos sin cumplir las normas de identificación y advertencia, pues en ese caso actuarían en legítima defensa y no necesitarían de la orden, que debe ser emitida por el Presidente de la República o la persona en que este delegue.
A fines de mayo, cuando comenzó a hablarse de la reglamentación de esa ley, Washington aumentó sus presiones y amenazas sobre Brasil para que satisficiera "requisitos legales" de aquel país, según el portavoz del Departamento de Estado, Richard Boucher.
"Ya informamos a las autoridades brasileñas - dijo- que, por motivo de responsabilidad, el gobierno norteamericano precisaría suspender la asistencia relevante al Brasil (para combatir el narcotráfico) si el país implementase el programa de derribo de aviones sin satisfacer requisitos legales de los Estados Unidos".
La amenaza de suprimir la colaboración para combatir el narcotráfico se suma a la suspensión el pasado ano de una ayuda militar de Washington por 275 millones de dólares debido a la negativa brasileña a aprobar la exención de los soldados norteamericanos de sanciones por el Tribunal Penal Internacional.
La alegación es que, en caso de un avión derribado por error, el proceso judicial podría alcanzar a autoridades de aquel país que hubieran suministrado informaciones respecto a esa aeronave, o a fabricantes de componentes del aparato que ejecutó la acción.
Según Folha de Sao Paulo, algunos especialistas afirman que la ley no interesa a los gobernantes norteños porque les dificultaría un monitoreo aéreo de la región amazónica, sobre la cual son conocidas sus aspiraciones y en la que ya hubo más de un caso de vuelos militares no autorizados de esa procedencia.
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