21/09/11.- Un grupo de familias que compraron terrenos en la urbanización Campestre La Lagunita, ubicada en el sector de Corralito, municipio El Hatillo, manifestaron sentirse preocupadas ante la decisión del Gobierno de rescatar 185 hectáreas en esta zona rural.

En una visita realizada a Ciudad CCS, señalaron que la medida del Instituto Nacional de Tierras (INTI) incluye pequeños lotes de terreno que adquirieron a la empresa Inversiones Tusmare C.A., para la construcción de sus viviendas.

Elinor Cone, una de las vecinas, consideró que la medida podría perjudicar a más de 200 familias consolidadas en este sector. “Mi papá me compró el terreno. No somos personas adineradas. Hemos comprado con mucho esfuerzo. Dimos unas cuotas y todavía estamos cancelando nuestro terreno”, detalló Cone.

Sostuvo que las hermanas Vianey y María “Toña” León, quienes promovieron el rescate de tierras por parte del INTI, nunca han sido desplazadas de esta zona rural “porque invadieron estas tierras y las sacaron por tribunales”.

Las hermanas León se atribuyen la posesión de un lote de las tierras ahora recuperadas por el gobierno. Ellas mantienen un litigio con la empresa Roca Gas y Héctor Viso, quienes se atribuyen la propiedad de la tierra. El pasado mes de julio, la familia León denunció en esta redacción la quema de sus casas y la muerte de algunos animales que mantenían en estos terrenos que dicen habitar desde hace 50 años.

Las personas que le compraron a Inversiones Tusmare C.A. señalaron que antes de adquirir las parcelas investigaron la antigüedad del mismo y sus legítimos dueños.

“Nosotros no somos ningunos locos. Antes de comprar las tierras buscamos la antigüedad de los terrenos”, expresó Deyamira Muñoz, otra de las propietarias.

Asimismo, expresaron que las familias que decidieron comprar en esta zona rural no son personas adineradas, e incluso hay quienes viven de un salario mensual.

“Somos personas que hemos comprado con mucho esfuerzo. Hemos dado unas cuotas iniciales y todavía estamos cancelando nuestro terreno”, detalló Esperanza Hernández.

Destacaron que el Instituto Nacional de Tierras (INTI) desconoce la situación real del sector. Pues aseguran, que los terrenos en disputa son los de la empresa Roca Gas, sin embargo, los mismos no alcanzan las 185 hectáreas recuperadas por el Gobierno nacional.

“El problema es Roca Gas y las hermanas León. El ministro Loyo no tomó en cuenta que somos 200 pequeños propietarios”.

Denunciaron sentirse acosados por miembros de la familia León y por la Milicia Bolivariana cuyos efectivos custodian los terrenos y controlan el paso de vehículos. “Nos revisan los carros cada vez que pasamos. Y muchos están construyendo y les impiden pasar los materiales. Esta situación viola nuestros derechos”, acotó Ellans Sánchez

“YO SOY UN VENDEDOR DE AGUA”

Miguel Ángel Arjona, uno de los señalados como propietario del urbanismo Bosque de Corralito en la notificación del INTI, desmintió poseer acciones en esta empresa.

Arjona sostuvo que él se dedica a la venta de agua en camión cisterna a los vecinos de la zona. Por ser un sector que no cuenta con los servicios públicos, los habitantes tienen que comprar el líquido a 400 bolívares fuertes.

“PEDIMOS AUDIENCIA CON LOYO”

Las familias solicitaron una au diencia con el ministro para la Agricultura y Tierras, Juan Carlos Loyo porque se sienten afectados por la medida.

En este sentido, enviaron un comunicado al PSUV donde le manifestaron su preocupación y solicitaron su apoyo.

Reconocieron la labor que está desempeñando el Gobierno de respaldar a los venezolanos de poseer una vivienda digna (..) “pero nosotros también nos sentimos desamparados y requerimos un techo”, puntualizaron.

Respaldo a familias

Andrés Antillano, representante del Movimiento de Pobladores, indicó que esta organización está al tanto de lo que aconteció en el municipio El Hatillo, donde más de 15 familias campesinas perdieron sus viviendas el pasado mes de julio.

Antillano recalcó que aplaude la decisión del Gobierno nacional de recuperar estas tierras ubicadas en una zona agrícola.

En cuanto a las familias que expresaron ser afectadas por el rescate de estos terrenos, Antillano informó que desde el Movimiento de Pobladores estarán respaldando el derecho de poseer una vivienda.

“Aquí hay un conjunto de irregularidades que no es culpa de las familias que compraron en el sector. Es decir, eso de vender lotes de terrenos sin servicios es una violación flagrante a la Ley. En todo caso los responsables no son ellos”, alegó Antillano.

Dejó claro que la medida del INTI no es contra de las familias que han adquirido pequeños lotes de terrenos en el sector Corralito.

“Esto es una medida para rescatar unos terrenos que se presumen que son del Estado. En ningún caso los que compraron serán perjudicados”, dijo Antillano.

Señaló que en el lugar había operaciones inmobiliarias que perjudicaban a los campesinos asentados en esta zona rural.



JOSELIN ARTEAGA/CIUDAD CCS