Revise esta noticia en el sitio web de RNV, donde podrá escuchar el audio de la rueda de prensa completa.

El pasado miércoles 26 de noviembre de 2003, el ministro del Interior y Justicia, Lucas Rincón, en compañía del director del Cuerpo de Investigaciones Científicas , Penales y Criminalísticas (Cicpc) Marcos Chávez y del comisario Miguel Rodríguez Torres, quien dirige la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip), dieron una rueda de prensa en la cual expusieron las distintas evidencias según las cuales llegaron a la conclusión de que varios militares que se rebelaron en la Plaza Altamira en noviembre del año pasado estarían involucrados en muchos de los casos de ataques de carácter terrorista realizados en 2002 y 2003, como las explosiones en las embajadas de Colombia y España, la granada que explotó en la Av. México en una marcha chavista, el asesinato de tres soldados y una joven de la plaza Altamira y el intento de derribar una torre de electricidad en Anaco durante el paro.

El caso de Joao de Gouveia

La rueda de prensa comenzó recordando el caso de la denominada “masacre de Altamira” ocurrida el 6 de diciembre de 2002, cuando Joao de Gouveia accionó sus armas contra un grupo de personas en la plaza Francia, asesinando a 3 y dejando a 21 heridas. Recordemos que dicho caso está cerrado porque Gouveia confesó su participación, pero según Rodríguez, este no fue ningún hecho aislado.

“Hubo alguien que indujo y financió el hecho”, indicó Rodríguez, y dio una serie de argumentos que lo llevaron a pensar así:

• El día que ocurre el hecho en la Plaza Altamira, casualmente el mismo día que llaman a paro indefinido, los venezolanos que estaban allí los tenían practicando una especie de plan de defensa: cómo defenderse en caso de que le dispararan a la plaza. En vídeos tomados horas antes se veía como mandaban al suelo a la gente, luego a levantarse, como en un entrenamiento allí. Es un primer indicio de que alguien presuntamente sabría que algo pasaría en dicha plaza.
  
• Un testigo de los hechos nos manifestó que el Teniente Varela, quien está solicitado por el caso de las bombas en las embajadas, le dijo a dicho testigo que se fuera de la plaza porque ese día (el seis de diciembre) ocurriría algo en la plaza (nota: el personal de Aporrea había leído el seis de diciembre en la lista L-Politica de ForoNacional un mensaje de alguien que había sido advertido telefónicamente de no ir a la plaza ese día).
  
• En la plaza Altamira se organizó un grupo de seguridad de la plaza con 150 hombres armados, divididos en tres grupos de cincuenta. Cuesta entender como un grupo de 50 hombres armados, más la policía de Chacao, más la policía de Miranda, más la policía Metropolitana (en total 150 hombres armados en la plaza), permiten que un hombre haga por lo menos veinte disparos contra la plaza y nadie repela el ataque. “Esto me causa suspicacia, me hace pensar que había una garantía de que no lo iban a matar, porque sino él no se tiraría una aventura así.”
  
• A varios periodistas se les convocó ese día a la plaza porque supuestamente “varios militares se van a pronunciar.”
  
• Se ve en los vídeos a los militares a los generales González González, al coronel Rodríguez Salas y a otros militares, quienes caminaban en medio de la gente muy tranquilos, mientras todos los demás estaban en el piso protegiéndose. “En los vídeos se les ve portando armas, se ven una gran cantidad de armas”, cuando ellos habían dicho que no había ni un arma en la plaza Altamira.
  
• Cuando el Cicpc hace un análisis de las trayectorias de los disparos, se nota que hay trayectorias descendientes, que coinciden con los disparos hechos por Joao, pero hay disparos ascendentes, hechos por personas que disparaban desde el suelo. Hay heridos que no fueron víctimas de Joao, y los responsables todavía están en libertad.” Allí había cartuchos que no eran .40, que fueron los usados por Joao, sino que había cartuchos 380.
  
• La Disip sostuvo una entrevista con la familia de Gouveia en Portugal: su madre, su padre y una hermana. Son sumamente humildes y viven en una granja. El papá de él manifestó que Joao le pedía recursos a diario pero su papá no podía suministrárselos. Joao trató de vender un DVD y otros recursos para venir a Venezuela, pero no pudo. Después de estar encerrado en su casa por tres días, Joao compra un pasaje a Venezuela en efectivo que cuesta mil euros, y se viene a Venezuela. Cuando es capturado, se le incautan 800 euros en el koala a pesar de haber adquirido una pistola Glock, un hotel, un taxi y haber realizado otros gastos. “Indudablemente alguien fue y le pagó el viaje a Gouveia, alguien lo financió”, indicó Rodríguez.
  
• Seis de las personas a las que se les practicó la prueba de sangre en la plaza Altamira tenían rastros de cocaína en la sangre. Se puede ver en las pruebas los metabolitos de cocaína, pero cuando observamos a los heridos y muertos en la plaza, uno se da cuenta de que esas personas no tienen la tipología de un consumidor de drogas; había entre ellas varias amas de casa, niños y ancianos. Esto nos hace sospechar que alguien estaba poniendo en el refresco y en el agua cocaína, para causar algún tipo de eufioria colectiva cuando ocurriera el hecho y entonces causar una “desbandada” al Palacio de Miraflores.

Explosión de la granada en la Av. México el 23 de Enero durante una marcha de partidarios de Chávez

El 23 de enero de 2003, una granada de mano del tipo M-26 explotó en un basurero matando a una persona e hiriendo a varias más. Se culpa del mismo a dos delincuentes, “Michael” y “Koyac”, relacionados con un coronel del grupo de la Plaza Altamira, de apellido Piliery, y con el general Felipe Rodríguez, apodado “El Cuervo”. Rafael Villanueva Machado era un contacto entre ellos y Rubén Gámez, quien habría suministrado las mismas.

Villanueva Machado habría declarado ante el Tribunal 11 de Control todo lo que él conocía sobre las granadas, lo cual permitió que el Cicpc llegara hasta los presuntos autores. “Koyac” habría fallecido en un atraco en un blindado en la cota mil, y Michael estaría siendo solicitado. El coronel Piliery fue apresado por haber violado las medidas cautelares, luego fue liberado y hoy se encuentra solicitado por homicidio calificado.

La granada fue preparada con un dispositivo llamado “lapicero químico”, que haría que la granada explote en un momento determinado. Iba a ser colocada en la ruta donde pasara el Presidente, pero los individuos finalmente tuvieron miedo de meterse entre la multitud en la Av. Bolívar para colocarla y prefirieron dejarla en un pote de basura, causando el daño antes señalado.

Según Villanueva Machado, estas mismas personas arrojaron las granadas en algunas emisoras de televisión, en las embajadas, en la CTV y en Fedecámaras para causar desestabilización y desórdenes públicos que llamaran a la Fuerza Armada a participar y resolver el problema político.

En una reunión previa en el Hotel Four Seasons, realizada antes de la firma del pacto entre los militares de Altamira y la Coordinadora Democrática, sectores de la esta organización se reunieron con el general Felipe Rodríguez, con el coronel Piliery Carmona y el general González González, y llegaron a la conclusión de que era necesario general acciones de tipo violente, desestabilización y caos porque por la vía democrática era imposible sacar al presidente Chávez. En dicha reunión estuvieron algunos miembros de la Coordinadora Democrática que estuvieron en la mesa de diálogo de la OEA, el PNUD y el Centro Carter, quienes aprobaron la acción.

Asesinato de tres soldados y una joven de la Plaza Altamira

El 18 de febrero de 2003 fueron encontrados en Parque Caiza (autopista Caracas-Guarenas) y en Cupo, Estado Miranda, los cuerpos sin vida de tres soldados y una joven, que habían sido torturados y golpeados antes de ser ultimados. Otra muchacha de catorce años estaba apenas viva, pero terriblemente golpeada y herida de forma tal que los criminales la habían dado por fallecida. Los militares (soldado del Ejército Darwin Enrique Arguello Iztúriz, infante de Marina Ángel José Salas Lozano y el soldado de la Fuerza Aérea Félix Antonio Pinto Heras) formaban parte de los disidentes de la Plaza Altamira, y tanto Zaida Gabriela Pereira (la joven fallecida) como Katherine Roxana Rivera eran novias de dos de estos soldados.

El testimonio de Rivera fue vital para la resolución del caso; ella reconoció al ex policía metropolitano Tairo Aristigueta como uno de los participantes. El horrendo crimen fue descrito por uno de los participantes, el cabo de la Armada Pedro Sifontes Núñez, y se acusa al coronel Piliery de ser el autor intelectual del crimen. Un escolta de Piliery también relató algunos de los hechos.

Zayda Perozo, Roxana y los tres muchachos se encontraban en una especie de salón o apartamento en Bello Campo donde ellos convivían. El mismo teniente Varela les pide abandonar la plaza Altamira pues escuchó que iban a matarlos, pues Felipe Rodríguez presumía que ellos eran informantes de grupos de seguridad y de grupos bolivarianos.

Rodríguez, según los testigos e implicados, le da la orden a Piliery de eliminar a los tres soldados; Piliery agrega que hay que eliminar a las dos muchachas también pues ellas sabían todo lo que ellos sabían. “Hay que eliminarlos a los cinco”.

El grupo de asesinos está formado por Tairo Aristigueta, el teniente Colina y el teniente Varela, el cabo Pedro Sifontes (detenido), Luis Gregorio Chacín Sanguines alias “el Armadillo”, Raúl Antonio “Fao”, Hugo Johny Ordóñez Dorado alias“HJ” y Gregory Rafael Umanés Castillo, “El Zorro”, quien se encuentra detenido en El Rodeo.

Rodríguez se pregunta por qué el Sr. Tairo Aristigueta está en libertad, si él –conocido en los años noventa como “el hombre de la Etiqueta”- tiene expedientes por homicidios y violaciones, fue señalado de ayudar al “monstruo de Mamera” Ledezma en el homicidio de tres jóvenes, y se encontraba en libertad posiblemente por influencias de su hermano “Nené” Aristigueta, Jefe de Seguridad de Acción Democrática. “No quisiera pensar que, por razones políticas, el hombre siempre logró evadir la justicia. Actualmente está preso en El Rodeo.”

Respecto a “HJ”, fue la persona que saca a los muchachos de Bello Campo y se los lleva a Parque Caiza, en Guarenas. Rodríguez señala que una persona escuchó a su abogado, Dr. Medina Roa, decir que “a HJ no lo van a conseguir nunca, ni al Gral. Felipe Rodríguez ni al teniente Colina, lo cual nos hace pensar que, más que abogado, pareciera cómplice de los hechos. Se apersonó el martes en el tribunal 11 de Control vociferando insultos contra el director del cuerpo de investigaciones, contra mi persona, me imagino que porque se siente relacionado con los hechos.”

En estos momentos hay cuatro personas capturadas, y varias otras siendo solicitadas.

Empresario y militares disidentes implicados en terrorismo contra España y Colombia

En cuanto al caso de las bombas en las sedes diplomáticas de España y de Colombia, que se produjo en febrero pasado, el director de la DISIP declaró que "este es el caso más difícil de investigar." La manera en que pudieron avanzar las investigaciones inicialmente fue a través de análisis de las conexiones telefónicas hechas cerca del momento en que se produjeron las detonaciones.

Según análisis, las llamadas realizadas en esos momentos comprometen al Coronel golpista Giuseppe Piglieri y un Luis Chacín a quien llaman "El Armadillo", quienes llamaron momentos antes, durante y después de las detonaciones, lo que los convirtió en sospechosos. Igualmente, la celda celular desde donde "El Armadillo" hizo la conexión telefónica es la misma que presta servicio a la zona donde se produjeron las explosiones.

Con la captura de Pedro Sifontes, implicado en la masacre de militares de Plaza Francia, ocurrida en el Parque Caixa, se producen testimonios que implican a otras personas. En base a eso se pudo determinar que Chacín estuvo también involucrado. Sifontes obtuvo algunos beneficios por parte del juez por su testimonio. Luego se produjo la captura de Mérida Ortiz, quien según Rodríguez puede que haya sido utilizado por los autores intelectuales.

Los explosivos llegan a la Plaza Altamira en una motocicleta azul, modelo XT, similar a las usadas por la Policía Metropolitana, conducida por Ernesto Lovera, quien es el escolta personal de Gianni Giannelli, presidente de la empresa fabricante de baterías Duncan. Lovera lleva las bombas a la Plaza y el dinero para pagar la operación. La bomba es recogida por "El Armadillo", quien está ahora preso en la cárcel de El Rodeo, a quien le dan la motocicleta para transportarla. Según en testimonio de Mérida Ortiz, quien en ese momento manejaba el equipo de sonido de la Plaza Altamira, el General disidente Felipe Rodríguez le dice que se suba a la motocicleta y acompañe a "El Armadillo". Mérida Ortiz, luego describe como se colocó la bomba, como se detonó la bomba vía telefónica por parte de los tenientes José Antonio Colina y Germán Varela.

Según el director de la DISIP, las investigaciones determinaron cuando y donde se compraron los teléfonos celulares que fueron usados exclusivamente en los atentados. Las tarjetas telefónicas usadas en los teléfonos celulares fueron compradas en el mismo sitio, pocos días antes de los atentados terroristas.

Ante todas las evidencias, el pasado 18 de Noviembre, la jueza 11° de Control, Deyanira Nieves, dictó medida privativa de libertad contra el general Felipe Rodríguez (El Cuervo), el coronel Giuseppe Pilieri, los tenientes Germán Varela y José Antonio Colina y el empresario dueño de la fábrica de baterías Duncan, Gianni Giannelli.

Según el director de la DISIP, existen muchos detalles en las declaraciones que no pueden ser presentadas al público. La investigación ha concluido y sólo esperan capturar a los indiciados quienes continúan prófugos desde hace dos semanas.

Trataron de derribar torres de electricidad en Anaco

Rodríguez Torres también informó de la explosión de unas torres eléctricas que transportan electricidad hacia la ciudad de Anaco. “A las torres se le colocaron dos carlas de explosivo C4. Una sola estalló pero no logró derribarla.

¿Cuál era la intención? Pues había que parar de alguna forma la CVG durante el paro. Elementos de Bandera Roja se reunieron con el general González González y con dos capitanes asilados en estos momentos en República Dominicana. Determinaron que había que derrumbar dos torres eléctricas para detener las plantas de gas en Anaco, lo cual paraba automáticamente ala CVG y causaba una crisis de gas a nivel nacional.

“Estamos finalizando las investigaciones para inculpar a González González por estos hechos.”

Ataques a Guardia de Honor

“Según una fuente en la Plaza Altamira, fue el teniente Colina quien lanzó la bomba contra Conatel”, informó Rodríguez. “En el caso de Miraflores, el Cicpc tiene muy adelantada la información, y esperamos que en las próximas horas se dé una información muy completa, que va a sorprender a muchos.”

Marcos Chávez confirma declaraciones

Por su parte, el director del Cicpc, Marcos Chávez, ratificó que los argumentos publicados por Rodríguez están basados en pruebas y experticias realizadas en los lugares de los hechos.

“Hasta la actualidad tenemos 37 casos de naturaleza terrorista; el primero ocurrió el 9 de julio de 2002, y fue un artefacto explosivo colocado en un canal de televisión.” Habló del caso del carro bomba que explotó cerca de la gobernación del Estado Miranda en Los Teques, el caso de la explosión en el edificio Isabella en Chacao, las explosiones en las embajadas de Colombia y España, hemos determinado que se trata de un mismo grupo de personas. Ratificó que “los panfletos hallados en las embajadas, en el edificio y en Los Teques fueron elaborados por un mismo equipo informático y se utilizaron los mismos elementos químicos, como la tinta y los caracteres.”

Posible deportación de Carmona

El ministro Lucas Rincón dijo que no descartan que desde el exterior se estuviesen financiando estos grupos terroristas. Anunció que se tomarán medidas contundentes para erradicarlos, “ya existen varios detenidos y otros solicitados que andan por ahí libres con orden de captura por parte de los tribunales”, y que son responsables de los actos terroristas perpetrados a finales de 2002 y principios de 2003 contra las embajadas de Argelia y España y el consulado de Colombia y otras instalaciones.

“Unos señores por ahí que están desquiciados, que están llegando al borde de la demencia, ahora pues están jugando con este tipo de acciones”. Afortunadamente son pocos, muy pocos y cada vez quedan menos'', agregó.

Dentro de estas medidas, podría solicitarse la revisión de la situación de asilo y la posterior deportación del empresario Pedro Carmona Estanga, “uno de los cabecillas de la revuelta”, quien se encuentra en Colombia. Dijo que de obtenerse el soporte legal correspondiente, no dudarían en solicitar su traslado del vecino país, para que sea juzgado por los tribunales venezolanos.

Con relación al caso de Rhona Ottolina y su presunta participación en el atentado registrado en el regimiento de la Guardia de Honor en el Palacio de Miraflores, explicó que la averiguación ya está bastante adelantada. La Disip determinó que los panfletos usados en algunos de las detonaciones fueron elaborados en la tipografía “Chacao”, allanada recientemente, según los análisis hechos a tinta, papel y equipos de impresión.

Por otro lado Rincón aseguró que el gobierno hará todo cuanto esté a su alcance para que se haga justicia en torno al fallido golpe del pasado 11 de abril de 2002 y demás actos terroristas que le han ocasionado un grave daño al patrimonio nacional.

A la rueda de prensa asistieron en calidad de invitados, los embajadores de España y Argelia y el Consejero General de Colombia.