05 de julio 2008. - El presidente mexicano, Felipe Calderón, y su homólogo estadunidense, George W. Bush, acordaron el pasado viernes agilizar la aplicación de la Iniciativa Mérida, reseñó este sábado el diario La Jornada en su edición digital.

La nota señala que a cinco días de que Bush promulgara la ley, que libera 400 millones de dólares en ayuda contra el narcotráfico, ambos mandatarios conversaron por teléfono sobre el tema, previendo agilizar la medida en la que el congreso norteamericano otorgará 340 millones a México.

Asimismo, asegura que varias horas después de que la Casa Blanca diera a conocer esta información, en México, la Presidencia de la República difundió un comunicado en el que Felipe Calderón hizo un reconocimiento a su homólogo estadunidense, señalando que “el respaldo y trabajo de aquél, dieron como resultado la aprobación de dicha iniciativa”.

Calderón, de acuerdo al comunicado, considera que este hecho “constituye una señal del compromiso con el que ambos países combaten al crimen organizado, así como de la profundidad existente en la cooperación y la corresponsabilidad bilateral”, señala el diario mexicano.

George Bush, por su parte, “elogió la determinación con que el presidente Calderón ha encabezado la lucha contra la delincuencia, al tiempo que confió que la mencionada iniciativa intensifique el esfuerzo conjunto en ambos lados de la frontera, en favor de la seguridad”, según La Jornada. De esta manera, los mandatarios coincidieron poner en marcha la medida que, a juicio de ambos, “implica muchos beneficios”.

La Jornada, en su portal Web, señala que “durante la conversación telefónica, Felipe Calderón explicó al titular de la Casa Blanca que uno de los principales objetivos de su gobierno es mejorar la capacidad y la tecnología de la Policía Federal Preventiva para seguir desmantelando la red operativa y financiera de los criminales”.

De igual forma, relata que Felipe Calderón advirtió que a pesar de que la lucha contra la delincuencia “será larga y conllevará costos, al final será ganada”, por lo que continuará con la estrategia emprendida al inicio de su gobierno.

Tras la firma de la ley, ambos gobiernos tienen 45 días para acordar un plan de gastos por los 340 millones que la Iniciativa Mérida prevé otorgarán inicialmente, el cual será presentado al Congreso de Estados Unidos por el gobierno de ese país.

Rechazo a la Iniciativa Mérida

La revista Proceso en su edición digital, señala que esta propuesta, a la que han llamado “Iniciativa Mérida” para diferenciarla del Plan México, "remite al ambicioso proyecto que desde hace siete años el gobierno de George W. Bush aplica en Colombia, con el nombre de Plan Colombia, bajo el argumento de disminuir el crimen organizado y el comercio de la droga".

El análisis de Jenaro Villamil para Proceso, indica que "la Iniciativa Mérida obedece a la necesidad de Estados Unidos y, en especial del agonizante gobierno de Bush, de relanzar una iniciativa estratégica de seguridad nacional. Una especie de Plan Marshall para América Latina que corra a la par de su desastrosa y costosa incursión en Afganistán e Irak".

Villamil asegura que "el espejo colombiano revela que estos planes son eficaces para el control militar, la inteligencia, la lucha antisubversiva, ciertos golpes espectaculares contra el comercio de la droga, pero no para disminuir el fenómeno global del narcotráfico".

Asimismo, el articulista refiere que en una entrevista con la BBC, el especialista Ricardo Vargas, de la organización Iniciativa Andina, hizo el siguiente recuento sobre el Plan Colombia:

“Después de siete años se observa que no ha habido una disminución de la oferta de drogas en Estados Unidos, que los precios, a los consumidores, se han mantenido con una tendencia a la baja, que la calidad de las drogas tiende a subir y que, en general, la disponibilidad de las drogas no ha resultado afectada”.

Villamil también cita a Amnistía Internacional, uno de los principales críticos del Plan Colombia, aseverando que desde el 2000 dicha organización advirtió que se trataba “principalmente de una estrategia militar para atacar los cultivos ilícitos y el tráfico de drogas a través de una sustanciosa asistencia militar a las Fuerzas Armadas y a la policía. Los programas de desarrollo social y humanitario que el programa incluye no alcanzan a disfrazar la naturaleza esencialmente militar del plan”.