A propósito de la recientemente aprobada Ley Especial  sobre la Organización y Régimen del Distrito Capital, de la designación de su Jefa, Jackeline Farias y de lo bastante adelantado que se encuentra el proceso de aprobación de la Ley Especial de Transferencia de los Recursos y Bienes administrados por el Distrito Metropolitano de Caracas al Distrito Capital, considero necesario apuntar algunas ideas respecto ya no a la legalidad o a la ilegalidad de los actos legislativos – aprobación de la Ley-  y administrativos – designación de la Jefa de Gobierno -  realizados, sino más bien a los actos que antecedieron a éstos y que fueran realizados por miembros de ese eufemístico concepto de “Colectivos”, que algunos grupos afectos al proceso han venido utilizando, dizque para defender la Revolución e impulsar el Socialismo.  

Digo esto, porque a los días siguientes de habernos derrotado Antonio Ledezma, en las pasadas elecciones a la Alcaldía Metropolitana, el denominado “Colectivo de la Esquina Caliente” junto a otros de distinta denominación pero de igual naturaleza, prácticamente destrozaron las instalaciones del Palacio de Gobierno, con el argumento de que desde allí, no podía despachar el Alcalde Mayor electo, por ser un contra revolucionario. Ese edificio, junto con el Palacio Municipal, la Plaza Bolívar, el Palacio Federal Legislativo (sede de la Asamblea Nacional), la Casa Amarilla (sede de la Cancillería) la Casa Natal del Libertador y el Museo Bolivariano, constituyen los últimos vestigios de lo que es o era el casco histórico de nuestra ciudad, que además es patrimonio de todos los venezolanos.  

Ese patrimonio, no debió ser nunca dañado de una manera tan vil. Menos aún con el argumento de que el daño en cuestión se infringe en nombre de la revolución. Porque de casco histórico, el de Caracas ha pasado a ser el casco histérico de la ciudad, donde la acción de un montón de delincuentes devenidos en “políticos” y “revolucionarios”, cobijados bajo el manto de “los colectivos” opera con la más absoluta impunidad, ya no en contra de la oposición, sino en contra de todos los ciudadanos, independientemente de su filiación política o condición social.  

Ahora que este bien junto a otros, mediante la ley señalada, pasaran irremediablemente a manos del Distrito Capital, se adelantan trabajos de refacción en su fachada e instalaciones, sin que ni el Ministerio Público, ni ninguno de los Poderes del Estado venezolano, haya hecho nada, primero para impedir su destrucción a manos de estos vándalos y segundo, para que a los responsables de esta acción criminal, se les aplicara todo el peso de la ley.  

Quienes apoyan estas acciones desde el PSUV y el Gobierno, parecieran no saber, que estos denominados “colectivos”, salvo honrosas excepciones, en su gran mayoría están constituidos y dirigidos por personas, a quienes les importa un bledo el Socialismo y el proceso. Son los mismos que viven sembrando de odio y desgobierno, mediante un perverso proceso de privatización política, cuanto espacio público pueden, tales como plazas – la esgrimida en honor al Poeta Andrés Eloy Blanco en la esquina de Santa Capilla y la que lleva el nombre de Bolívar en pleno centro de Caracas dan cuenta de ello – esquinas, edificios públicos y privados, urbanizaciones construidas o a medio construir, parques, terrenos, paradas y áreas verdes. Son quienes mediante su comportamiento y acciones delictivas, se colocan al margen de la Constitución y de las leyes, echándole subsidiariamente más vaina al Gobierno, que la misma oposición.  

Todavía hoy y después de la orden del Comandante Presidente en cadena de radio y televisión  de aprehender a Valentín Santana, a la sazón, Coordinador del Colectivo La Piedrita y a quien se le sindican numerosos delitos contra las personas y la propiedad, ningún organismo policial a dado con su paradero, no porque este muy escondido, sino porque de seguro nadie lo anda buscando. Todavía nadie ha dado con los responsables de los destrozos al Palacio de Gobierno del hoy Distrito Capital, a pesar de que es un hecho público, notorio y comunicacional, de que quienes lo hicieron permanecen desafiantes en las inmediaciones de la Plaza Bolívar.  

Ahora, ¿qué diferencia a estos “colectivos” de quienes en contra de Chávez, arremetieron contra PDVSA, durante el paro petrolero y se instalaron en la Plaza Altamira después de los aciagos días de abril de 2002? Creo que solo la proporcionalidad de los daños infringidos y el bando por el que suelen tomar partido, pero todos, óigase bien, todos, unos en contra de Chávez y otros a favor de él, no hacen más que irrespetarnos y dañar con sus acciones el patrimonio que por igual nos pertenece a todos los venezolanos. Son los mismos a quienes les importa un pito el debate, la ideología, la política, la tolerancia, el respeto. Son los mismos para quienes lo importante no es el diálogo, sino la violencia, para quienes lo importante no es convencerte, sino vencerte. Todos están al margen de la ley y deberían a estas alturas del partido, llamar la atención de las autoridades, sino queremos que sucumba la República, ante el progresivo desdibujamiento de la institucionalidad del Estado y el pernicioso avance de la anarquía.      
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