Jorge Roig, Fedecámaras y la Ley de Precios Justos

Fedecámaras, o lo que queda de ella, disminuida en grado superlativo desde su “jugarreta” de abril y diciembre de 2002, informó, través de su vocero Jorge Roig (JR), su actual Presidente, que el alicaído organismo empresarial aprobó introducir un petitorio de nulidad ante el Consejo Supremo Electoral, de la recién aprobada Ley de Precios Justos. JR, electo para el período 2013-2015, es un ingeniero industrial egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. Ha venido haciendo declaraciones contundentes ante las medidas del gobierno, aunque, de manera supina, evadió hacer declaraciones en condena a la arremetida de sus colegas en la “guerra económica” desatada el año pasado contra los bolsillos del pueblo venezolano.

JR, de 58 años, preside en Valencia la empresa de suministros integrales de tuberías y accesorios para la industria petrolera y petroquímica, Metalmeg. No es, relativamente, un recién llegado a las lides empresariales, aunque sí es un veterano del pugilismo político. Viene de la Causa R, cuando esa organización política, fundada por el filósofo marxista de muy grata recordación, Alfredo Maneiro, proyectábase como la gran alternativa de la izquierda venezolana. Muy entrada la década de 1990, las apetencias personales de varios de sus líderes, entre ellos JR, provocó divisiones y, con ellas, desviaciones en los principios políticos enarbolados por su fundador.

Su experiencia frente a instituciones gremiales es importante. Ambicioso desmedido, ha luchado en el gremio empresarial de manera sostenida y sin pausa desde que se incorporó a Fedecámaras. Estuvo vinculado a Fedecámaras como director sectorial y secretario en los períodos 1992-1994 y 2009-2011; desde este último año, hasta 2013 se desempeñó como primer vicepresidente del organismo y conjurado de postín en las acciones desestabilizadoras promovidas por ese organismo.

Volviendo a la política, es visto entre.1994 hasta 1999 como diputado al Congreso de la República, durante la II presidencia del Dr. Rafael Caldera, fungiendo como presidente de la Comisión de Cultura del extinto parlamento. Recientemente declaró que: “En Fedecámaras no nos preocupamos para que el diálogo sea un objetivo”; claro, de hecho, promueven tras bambalinas, de manera secular, la desestabilización, animando entre sus pares el contrabando, la evasión de impuestos, el acaparamiento, la especulación y el desabastecimiento. Con el “caradurismo” que le caracteriza, aplaude la iniciativa de ministro de Finanzas, Nelson Merentes, de reunirse con algunos empresarios que, aun cuando no lo hace con Fedecámaras, lo realiza con los empresarios privados porque, “ellos salen de esas mesas técnicas y comparten con nosotros lo que se habla allí”.

Hasta allí lo meramente descriptivo. Según sus declaraciones, cualquier empresa puede ser sancionada, hasta expropiada, y hasta confiscada, en caso de no presentar un certificado de precios justos, por lo que no podrían acceder a las divisas, lo que implica una “solvencia de precios justos”. “...cualquier empresa que no tenga ese certificado no puede puede adquirir dólares ni en Cadivi ni en Sicad...”. Declaraciones tremendistas, si se quiere “terroristas” además de falsas. ¿Qué busca con las mismas sino el desconocimiento de la ley, y por ende jugar a la desestabilización? Llega al absurdo de declarar la inconstitucionalidad de la Ley de Precios Justos, porque ésta, en lugar de jugar a favor de los “restos” de Fedecámaras, no hace sino proteger los bolsillos de los trabajadores garantizándoles ganancias decentes, no “rateriles”, a los seudo empresarios parásitos entre los cuales el es, al lado de Cocciola, el más abominable de sus representantes. ¿Dónde esta la inconstitucionalidad? ¿En el Artículo 83, que garantiza la salud como un derecho social fundamental, como obligación del Estado, que lo garantizará como parte del derecho a la vida y que además el Estado promoverá y desarrollará políticas orientadas a elevar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a los servicios? Así reza ese artículo constitucional. Más adelante, nuestra Carta Magna establece: “Artículo 91. Todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales. Se garantizará el pago de igual salario por igual trabajo y se fijará la participación que debe corresponder a los trabajadores y trabajadoras en el beneficio de la empresa. El salario es inembargable y se pagará periódica y oportunamente en moneda de curso legal, salvo la excepción de la obligación alimentaria, de conformidad con la ley. El Estado garantizará a los trabajadores y trabajadoras del sector público y del sector privado un salario mínimo vital que será ajustado cada año, tomando como una de las referencias el costo de la canasta básica. La Ley establecerá la forma y el procedimiento”.

Obedecer ese mandato es el espíritu y propósito de la Ley de Costos, Precios y Ganancias y el Presidente Títere de los restos de Fedecámaras llama a su desobediencia.

Se están dando, paralelamente, reuniones del alto gobierno que vienen a complementar de manera decidida las que, desde hace años, se desarrolla desde Fedeindustria bajo la presidencia de Miguel Pérez Abad. Para estos sectores existe todo el apoyo político, económico, logístico y financiero porque son los que verdaderamente solucionan los problemas de acaparamiento, especulación y desabastecimiento provocado por los sectores importadores y contrabandistas. Sin embargo, las declaraciones del vocero principal de Fedecámaras no hace énfasis en la necesidad de compartir con el gobierno esfuerzos serios en esta orientación, en dinamizar los sectores manufactureros en el país. Se muestra, decididamente, partidario de proseguir en la escalada de las importaciones depredadoras del erario nacional. JR es, definitivamente, enemigo declarado de los trabajadores productivos venezolanos.

Tal es la desfachatez de JR, que no vaciló en ser el abanderado del regreso desde EE.UU del empresario Cocciola, hoy Alcalde de Valencia, quien debe ser juzgado, sentenciado y preso por especulador, corrupto, estafador y ladrón, según se mostró a través de las cámaras de televisión el pasado mes de diciembre.

Si JR cree de verdad en lo justo y sensato de su propuesta de nulidad, debería propulsar un Referéndum Revocatorio de la Ley en comento y, de ganar, proponer otra a la conveniencia de Fedecámaras, introducirla a través de la bancada de oposición a la Asamblea Nacional y proponer otro Referéndum Nacional para que el pueblo decida.



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César Eulogio Prieto Oberto

Profesor. Economista. Miembro de Número de la Academia de Ciencias Económicas del Estado Zulia. Candidato a Dr. en Ciencia Política.

 cepo39@gmail.com

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